Libres los sospechosos de la muerte de religioso anglicano

Luego de todo el despliegue noticioso que se generó en torno a la captura de cinco personas, presuntos integrantes de la banda delincuencial que estaría detrás del homicidio del sacerdote Germán Augusto Giraldo y del abogado Marco Rodríguez, el caso se fue al piso porque la Fiscalía no pudo vincularlos con el hecho. 

El director encargado del CTI, Luis Carlos Gómez, aclaró en el momento de la captura que muy seguramente todos tendrían relación con el crimen ocurrido a mediados de junio en Bogotá, pero que hasta que no se terminara la investigación no se podría imputar el delito de homicidio. 

Ese punto es precisamente el foco de la crítica que cae sobre la Fiscalía puesto que muchos no entienden cómo el ente acusador hace un anuncio de este tipo sin tener un sustento probatorio contundente contra los presuntos implicados en el asesinato del religioso de la iglesia Universal Apostólica Anglicana y del jurista asesor de esa misión pastoral.

Además, el juez no aceptó las responsabilidades imputadas a los cinco sospechosos, por lo que cuatro de ellos terminaron en libertad. 

 

En una audiencia el pasado martes, Gómez aseguró que existían pruebas para imputarles a las cinco personas las conductas de concierto para delinquir, estafa y tráfico de moneda extranjera. 

 

Sin embargo, Jesús Alberto Loaiza, Hermes Garzón Torres, Miguel Maxilino y Yesid Ramos, las cuatro personas que fueron dejadas en libertad, solo recibieron cargos por la conducta de estafa en grado de tentativa por determinación del juez de control de garantías.

 

En cuanto a William Mauricio Ruiz, el único a con medida de aseguramiento, le imputaron tráfico de moneda extranjero más las conductas de los otros investigados.

 

Víctor Hidalgo, abogado defensor de las cinco personas, indicó que sus representados solo deberán afrontar el proceso por una tentativa de estafa y que nada tienen que ver en el caso del sacerdote y del abogado fallecido. 

 

“La gran equivocación está en que conectan el tema de la muerte del sacerdote con el de esas estafa. Desde el punto de vista informativo, se dicen que son ellos pero en la audiencia no se estructuró un solo indicio o prueba que permitiera inferir que participaron en ese homicidio. Están vinculados en una estafa diferente a la de los sacerdotes”, indicó el abogado. 

 

Según Hidalgo, sus defendidos están vinculados únicamente con una estafa que no supera los $500.000, cometida en contra de una mujer. “A ellos se les imputó el delito de estafa  y tráfico de moneda europea. Pero lo que hicieron fue fotocopiar unos euros, por lo que no se puede decir que se tiene plata falsa”, aseguró. 

 

Explicó que los cinco son comerciantes informales y que algunos se desempeñan en el sector agrario.

 

 

El pasado martes, el director encargado del CTI, Luis Carlos Gómez, aseguró que miembros de su equipo capturaron a cinco hombres en Bogotá “por los delitos de concierto para delinquir, estafa y tráfico de moneda extranjera. Presuntamente estas personas pueden estar incursas en el homicidio que ocurrió a medidos de junio”. 

 

Sin embargo, el funcionario explicó que en el momento no se les imputaría el delito de homicidio puesto que las investigaciones deberían terminar para endilgar la conducta punible, en caso tal de establecer una relación directa con el hecho. 

 

En su momento, la Fiscalía dio a conocer que todo se vinculaba a un engaño de una caleta de dólares en Villavicencio, perteneciente a la captadora de dinero DMG. Esta sería entregada a las víctimas a cambio de una suma de dinero.

 

También se dijo que en el interior del vehículo en el que se movilizaban el sacerdote y el abogado, junto con un vigilante y monseñor Rosendo Úsuga, se transportaban 200 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades no confirmaron la existencia del dinero aunque Jorge Eduardo Saavedra, director seccional del CTI Bogotá, indicó que al parecer entregaría el monto a cambio de la caleta. 

 

El acuerdo para el intercambio se habría dado a través del vigilante Miller Arley Silva. En el momento de los hechos, el hombre escapó del lugar pero, tres días después de que se dio a conocer su retrato hablado, se presentó ante la Fiscalía tras y desde entonces es un testigo protegido. 

 

“Podemos señalar que a través de esta persona (Silva) se dice que en Villavicencio se encontró una caleta dólares y tarjetas de DMG. Los que la hallaron estaban interesados en dar dinero a esta iglesia anglicana, pero a cambio requería una recompensa de 200 millones de pesos, que serían los que llevaban el día de los hechos”, señaló Saavedra al día siguiente del homicidio. 

 

Aunque no se descarta que las personas que quedaron en libertad puedan ser capturadas nuevamente por el crimen del doble homicidio, lo cierto es el hecho que la Fiscalía asegurara que la aprehensión se relacionaba con el crimen, aun cuando sabía que no era el momento judicial para procesarlos por el caso.