Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1996/11/04 00:00

LIBRES?

La clase política quiere darle una mano a los congresistas presos, pero Estados Unidos se opone.

LIBRES?

La semana pasada, cuando todo el país estaba a la expectativa de la iniciación en forma del debate sobre los proyectos de endurecimiento de penas para los narcotraficantes, una nueva bomba cayó sobre el proceso 8.000. Al iniciar el miércoles en la mañana la discusión en las comisiones primeras de Senado y Cámara sobre los proyectos presentados por el gobierno, los ponentes del aumento de penas lanzaron la propuesta de estudiar dentro de su ponencia lo que ellos llamaron "la gradualidad de la punibilidad en los casos de enriquecimiento ilícito". Aunque al principio pocos entendieron de qué se trataba, poco a poco fue quedando claro el contenido de la propuesta. En pocas palabras, lo que se planteaba era estudiar la posibilidad de disminuir las penas aplicadas actualmente al enriquecimiento ilícito con el fin de diferenciarlas significativamente de las impuestas por narcotráfico. El principal argumento para defender esta tesis era que las penas impuestas a los narcotraficantes no resultaban proporcionales con las que los jueces estaban considerando para los implicados en el proceso 8.000, varios de ellos congresistas, pues mientras en los procesos de los parlamentarios se hablaba de penas de alrededor de siete u ocho años que con agravantes podrían terminar en 10 ó 12, narcotraficantes confesos habían terminado pagando penas de cinco. En síntesis, que no era justo que una María Izquierdo terminara pasando más tiempo en la cárcel que los Ochoa. La controvertida propuesta había surgido realmente varios meses antes. Desde cuando el gobierno presentó el paquete de proyectos para endurecer las penas a los narcotraficantes, los abogados de varios de los detenidos por enriquecimiento ilícito hicieron llegar a algunos congresistas entre ellos la mayoría de los ponentes sus consideraciones sobre la iniciativa del gobierno. Algunos de esos parlamentarios empezaron a reunirse para estudiar el tema y llegaron a la conclusión de que si se iban a aumentar las penas contenidas actualmente en el Código Penal para algunos delitos, también era necesario reducir las establecidas para el enriquecimiento ilícito. Con la asesoría de varios penalistas, poco a poco los parlamentarios fueron afinando los argumentos jurídicos y empezaron a organizar reuniones entre ellos y luego con distintos sectores del gobierno, el Congreso y la Fiscalía para tantear el ambiente que podría tener la iniciativa. En esas reuniones las tesis esgrimidas eran las mismas que la semana pasada expusieron los ponentes del proyecto, Carlos Espinosa Facio-Lince y Héctor Helí Rojas. Es decir, que debe graduarse la responsabilidad en el enriquecimiento ilícito, pues no puede atribuírsele la misma culpabilidad a quienes cultivan, procesan, comercializan y se enriquecen con el tráfico de coca que a quienes recibieron dinero de la mafia con distintos fines, pero que no son narcotraficantes ni hacen parte de organizaciones criminales. Con esta perspectiva en mente, los ponentes del proyecto sugirieron no incluir un artículo específico dentro de su ponencia sino abrir el debate sobre el tema, invitando a los dos ministros y al Fiscal a exponer sus puntos de vista. Sin embargo, en los pasillos del Congreso empezó pronto a circular un proyecto que planteaba la disminución de la pena por enriquecimiento ilícito de entre cinco y 10 años a entre uno y tres, lo cual la haría excarcelable. Reacción inmediata Los congresistas no habían acabado de hacer la propuesta cuando ya varios sectores de la opinión pública, e incluso algunos de los funcionarios con cuyo apoyo creían contar, cayeron sobre ellos. La razón es que aceptar una disminución de las penas para enriquecimiento ilícito puede significar, en pocas palabras, ponerle fin al proceso 8.000. Debido a que en la ley penal prima el concepto de la favorabilidad, es decir que a los delincuentes se les debe aplicar siempre la norma que les sea más favorable, así sea expedida con posterioridad al delito cometido, podrían salir libres no sólo los congresistas sino prácticamente todos los protagonistas del proceso 8.000, y con ellos una buena parte de los capos del cartel de Cali que hoy se encuentran en prisión, a la mayoría de los cuales sólo se les ha podido probar enriquecimiento ilícito. Ante la magnitud de las implicaciones de la propuesta, todos los sectores relacionados de una u otra forma con ella tuvieron que salir a sentar sus posiciones. Los primeros en hacerlo fueron naturalmente los autores de la iniciativa, que la defendieron a capa y espada. Poco después fueron los ministros del Interior, Horacio Serpa, y de Justicia, Carlos Medellín, quienes abordaron el tema. Mientras Serpa salió de frente a defender el debate y la gradualidad de las penas, Medellín consideró que por ser un tema que afecta procesos en curso debe ser el Fiscal quien dé los lineamientos para el debate. De todos modos el Ministro calificó como inaceptable la posibilidad de que la reducción propuesta tenga como consecuencia que quienes se encuentran actualmente detenidos terminen libres. El jueves por la tarde la posición del Fiscal era incierta. Varios de los congresistas que habían asistido a las reuniones aseguraban que Valdivieso estaba abierto a la iniciativa, aunque sus declaraciones a los noticieros daban la impresión de lo contrario. Según algunas interpretaciones, el Fiscal trató de darle un manejo político al asunto y por eso no quería quedar mal ni con los unos ni con los otros. Al día siguiente los periódicos registraron en primera plana las infidencias del desayuno que el Presidente Ernesto Samper había ofrecido a los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara el día anterior. Según las versiones de los diarios, confirmadas por algunos de los parlamentarios presentes, en esta reunión Samper se mostró abiertamente de acuerdo con la discusión del tema de la disminución de penas por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en un acto realizado horas más tarde en la Casa de Nariño, el Presidente rectificó esa información y dio un viraje a su posición, lo cual creó confusión entre los congresistas. Al finalizar la semana se supo que algunos de los autores de la iniciativa estaban visitando a sus colegas detenidos para presentarles una fórmula concreta de gradualización del enriquecimiento ilícito que consistiría en imponer penas de 15 a 30 años para los narcotraficantes, de 10 a 15 años para testaferros, de cinco a 10 años para quienes adquieran bienes con el dinero ilícito y de uno a cuatro años para quienes reciban donaciones políticas y sociales de origen ilícito. Esta última categoría cobijaría a los congresistas, cuyas penas están hoy entre cinco y 10 años. Futuro incierto Cuál va a ser el futuro de la propuesta es todavía incierto. Lo único que está realmente claro es que finalmente las decisiones serán más políticas que jurídicas y que de ellas puede depender en buena parte el del resto de los proyectos de endurecimiento de penas. No son pocos los observadores que han interpretado que detrás de este planteamiento hay mucho más que el deseo de los congresistas de buscar una racionalidad en la política criminal del país y que lo que verdaderamente están buscando es reducir el llamado proceso 8.000 a lo que ellos consideran serían sus justas proporciones. El problema radica en que, a pesar de que haya consideraciones de justicia detrás de la iniciativa, un eventual éxito en esta empresa tendría unas implicaciones que van mucho más allá de un simple ajuste en la gradualidad de las penas. Según el ministro de Justicia, Carlos Medellín, si la idea que hace carrera es la de simplemente reducir el enriquecimiento ilícito a una pena inferior a los cinco años, esto podría significar no sólo la libertad de los congresistas sino también la de muchos narcotraficantes. Pero eso no es todo. El miércoles pasado, durante la reunión sostenida en el Inpec con los ministros de Justicia y del Interior, el embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, le hizo saber claramente a los funcionarios colombianos que su país no entendería de ninguna manera que el gobierno apoyara un proyecto de disminución de penas que diera al traste con los procesos que se están adelantando actualmente por parte de la Fiscalía. Varios de los parlamentarios colombianos han señalado que no están dispuestos a dejarse presionar en sus decisiones por las amenazas de Estados Unidos. Según ellos, las leyes sobre enriquecimiento ilícito fueron concebidas originalmente para perseguir narcotraficantes ante la impotencia que ofrecían otros mecanismos jurídicos. Este espíritu se distorsionó al aplicarse las penas con la misma rigurosidad a personas que no han tenido que ver directamente con la exportación de la coca. El interrogante es si estas normas pueden modificarse en momentos en que están en curso casos tan importantes como los del proceso 8.000, que necesariamente serían afectados por cualquier cambio en las reglas. Es por eso que algunos representantes de los gremios han iniciado una intensa labor de lobbying, ya no frente a los congresistas gringos sino ante los colombianos para concientizarlos del alcance de las decisiones que están en juego. El dilema en la actualidad es que, aunque a algunos les parece justo el reclamo que están haciendo los congresistas, nadie quiere cargar con el muerto de las consecuencias. Es probable que finalmente se llegue a una transacción. Así como no tiene lógica que María Izquierdo pase siete años en la cárcel, tampoco existe consenso político para darle un punto final de facto al proceso 8.000, dejando libres a todos los implicados. Por eso es posible que acabe imponiéndose una fórmula intermedia, que aunque no implique reducción formal de las penas para enriquecimiento ilícito sí disminuya en la práctica la condena efectiva, mediante la utilización de figuras que permitan, por ejemplo, la ejecución condicional de la pena. Una fórmula semejante no sólo despejaría el camino para el estudio y la aprobación del resto de los proyectos, sino que además podría contribuir a alejar, por lo menos por un tiempo, el fantasma de las sanciones económicas estadounidenses.

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