Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2002/11/03 00:00

¿Libres?

La bomba de los Rodríguez Orejuela, sumada a la liberación de Carlos Arturo Marulanda, hacen preguntarse a los colombianos qué está pasando con la justicia en el país.

¿Libres?

Cuando el procurador, Edgardo Maya, decidió tomar un breve descanso durante la reunión anual de jueces y fiscales que se realizaba en Barranquilla fue abordado por un grupo de periodistas. En ese momento a ninguno se le pasó por la mente que Maya tuviera una noticia bomba. Por eso se limitaron a preguntarle sobre los pormenores del encuentro y al finalizar apagaron las cámaras y las grabadoras. Cuando ya estaban dando media vuelta oyeron de nuevo la voz del jefe del Ministerio Público: "Se me olvidó contarles que acaban de informarme que un juez de ejecución de penas ordenó la libertad de los hermanos Rodríguez Orejuela".

La noticia los dejó a todos de una sola pieza y corrieron a lanzar la chiva al país. En cuestión de minutos el sorprendente anuncio del Procurador ya le había dado la vuelta al mundo. No era para menos. Maya acababa de revelar que los jefes del cartel Cali, dos de los narcotraficantes más grandes del mundo, iban a quedar en libertad tan sólo siete años después de haber entrado a prisión.

El primero en quedar perplejo con la noticia fue el propio presidente Alvaro Uribe. Cuando ingresaba a un consejo de seguridad de la Alcaldía de Bogotá se limitó a decir: "Prácticamente me están enterando ustedes, un colega de ustedes me enteró al entrar a este acto. Me dirijo al despacho del señor Alcalde, donde tenemos un consejo de seguridad, y voy a llamar inmediatamente al señor Fiscal y al Ministro de Justicia porque es una decisión que nos toma por sorpresa".

Si bien es cierto que el Presidente de la República desconocía semejante noticia no pasaba lo mismo en las altas esferas judiciales. Desde hacía más de un mes el Tribunal Superior de Ejecución de Penas ya había recibido la petición de libertad condicional. Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela le ordenaron a sus abogados tramitar dicha solicitud el 13 de septiembre. El mismo día en que los boyacenses observaron una gigantesca caravana militar que llegaba a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, cerca a Tunja. En ella, llegaron los Rodríguez.

Fue tal la indignación del ministro de Justicia y del Interior, Fernando Londoño, que no dudó en soltar una temeraria frase: "Estoy convencido de que estos señores, con su gigante poder económico, están produciendo un resultado judicial que no está de acuerdo con las evidencias que obran en los procesos". La insinuación del Ministro de Justicia era por sí misma bastante grave. Y más grave aún fue el escenario en que la dijo. Londoño estaba en la conferencia sobre lavado de activos, que reunió en Cartagena a los funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la embajadora en Colombia, Anne Patterson, y a fiscales, banqueros y comisionistas de bolsa de Colombia y del mundo.

Casi al mismo tiempo en que el ministro Londoño hablaba por los medios el abogado de los Rodríguez Orejuela entraba a la cárcel a darles la buena noticia y a reclamar ante el director de la prisión las boletas de libertad. Llevaba en sus manos las dos resoluciones firmadas el día anterior a las 5 de la tarde por Pedro José Suárez Vacca, quien actuaba como suplente del juzgado segundo de ejecución de penas de Tunja, por cuanto el titular, Germán Ulloa, se encuentra de vacaciones.

El principal argumento jurídico que contienen las resoluciones para dejar en libertad a los Rodríguez es que ya cumplieron con las tres quintas partes de sus condenas, lo que les da derecho a ser libres (ver recuadro). En 1996 Gilberto y Miguel fueron condenados a 15 y 16 años respectivamente y hoy, luego de siete años de estar presos, la reducción de penas que contempla la ley les permite salir. Lo que más llama la atención de las dos providencias es que, más allá del tiempo cumplido tras las rejas, el juez valoró el "ejemplar comportamiento de los dos hermanos durante su permanencia en las tres prisiones por las que pasaron".

En las resoluciones el juez Suárez acepta el argumento esgrimido por el abogado de los Rodríguez sobre la difícil situación económica por la que atraviesan. Dice el juez: "En aras de no supeditar la libertad adquirida por el sentenciado a su situación económica, considera razonable este despacho imponer a título de caución la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes?".

No deja de ser insólito que el juez de Tunja considere que los Rodríguez no tienen plata y, por lo tanto, sólo podían pagar como caución 15 millones de pesos. Hace apenas cinco años el Tribunal Nacional consideró que por los delitos de enriquecimiento ilícito proveniente del tráfico de cocaína Gilberto estaba en capacidad de pagar una multa de cerca de 177.000 millones de pesos y Miguel de 145.000 millones de pesos.

La hoja de vida de los dos Rodríguez Orejuela, su excelente conducta, así como su dedicación al estudio y al trabajo, son reconocidas por el juez Suárez en nueve hojas de tamaño oficio. Esa providencia, a pesar de estar cargada de argumentos jurídicos, de citar decenas de normas de los códigos y de constancias carcelarias, no fue suficiente argumento para convencer al Fiscal General de la Nación. La noticia lo hizo sudar más que el sopor del ambiente que había esa tarde en Cartagena. Frente al escándalo, Luis Camilo Osorio se vio obligado a salir de la conferencia de lavado de activos para enfrentarse a una jauría de periodistas: "Vamos a impedir que se dé cumplimiento a la providencia. Es imposible que algo así esté pasando porque no han acabado de cumplir su condena", aseguró el Fiscal. Para ese momento ya Osorio había llamado a Barranquilla y le había ordenado a un grupo de fiscales que estaba en el encuentro anual de funcionarios judiciales que se desplazaran de inmediato hacia Tunja. Su misión era escudriñar hasta el fondo el proceso que adelantó el juez para definir la libertad de los narcos.

Mientras en Bogotá, Cartagena y Barranquilla todos los funcionarios del gobierno hablaban con los medios para bajarle la temperatura a semejante noticia, Tunja empezaba a ser el epicentro de un terremoto jurídico-periodístico. Pasadas las 3 de la tarde comenzaron a llegar a la capital boyacense periodistas, funcionarios judiciales y de prisiones, miembros de la Procuraduría e incluso delegados de la Presidencia de la República. Los reporteros iban para conseguir la primera imagen de los Rodríguez libres. Los demás unían esfuerzos para evitarlo.

Los ex jefes del cartel de Cali ya habían alistado sus maletas y cuatro lujosos carros los esperaban a 500 metros de la entrada principal de la cárcel de Cómbita. La salida parecía inminente. El frío del altiplano cundiboyacense ya comenzaba a sentirse cuando se conoció la noticia desde Palacio que el mayor Pedro Aranguren, director de la prisión, había sido declarado insubsistente. Todo el mundo quedó perplejo. ¿Qué había pasado?

Este oficial, retirado de la Policía, tenía una hoja de vida llena de condecoraciones. Una de ellas le había sido otorgada por su buen desempeño al frente de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Un portavoz de la Casa de Nariño sostuvo que existían "serias dudas sobre los conceptos que emitió el mayor del buen comportamiento de los dos capos de la droga, los cuales fueron pieza clave para otorgarles la libertad condicional". Ya eran dos en el ojo del huracán: el juez y el director de la cárcel de Cómbita. De los dos sólo uno salió a defenderse, y ese fue el juez Suárez .

Frente al bombardeo de los funcionarios públicos que lo cuestionaban y de periodistas aguijoneándolo a preguntas, Suárez respondió serenamente y con una sólida artillería de argumentos jurídicos. "Es una decisión que se tomó en derecho y en justicia. La boleta de libertad fue entregada directamente a la dirección de la penitenciaría de El Barne. Es más, si el abogado no hubiera solicitado la medida de libertad de todas formas tenían derecho a salir. Así está en el nuevo Código Penal".

Al caer la noche el ministro de Justicia, Fernando Londoño, seguía hablando del tema. Cada nueva declaración encendía más la hoguera: "De cumplirse esta decisión al país le va muy mal. Estaríamos demostrando una vez más que el Poder Judicial en Colombia no es capaz de manejar el tema del narcotráfico y que no nos queda otra solución que el de la extradición porque nuestro sistema judicial no sería confiable. Y sería un mal mensaje para la comunidad internacional, el peor de todos".

El que Londoño haya mencionado el tema de la extradición no era gratuito. Estaba en Cartagena rodeado de los 'duros' en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico y era más que evidente que frente a la talla de estos invitados tenía que salir con una declaración fuerte. Entre los asistentes se encontraban la embajadora Patterson y funcionarios del Departamento del Tesoro estadounidense. SEMANA se comunicó con la sede diplomática en Bogotá, en donde afirmaron que el gobierno de Estados Unidos no emitirá ningún pronunciamiento por ahora.

La noticia indignó a los colombianos. Y no era para menos. Dos de los narcotraficantes más importantes del mundo, que enviaron a Estados Unidos decenas de toneladas de coca durante dos décadas y fueron buscados por todos los organismos de inteligencia del planeta, estaban a punto de irse para sus casas después de pasar sólo siete años en la cárcel. ¿Por qué?

Los argumentos

El 13 de septiembre pasado los Rodríguez Orejuela fueron trasladados de la cárcel de Palmira a la prisión de alta seguridad de Cómbita, siguiendo las directrices de Alvaro Uribe de tratar con mayor severidad los delitos de mayor peligrosidad.

Una vez en Cómbita, los Rodríguez le pidieron al juez segundo de ejecución de penas de Tunja que les diera la libertad condicional por haber cumplido con trabajo y estudio el tiempo mínimo necesario para obtener el beneficio. El juez le solicitó al director de la cárcel su concepto sobre los reclusos. El 3 y el 9 de octubre, respectivamente, el director respondió que Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela habían tenido una conducta "ejemplar" y recomendó favorablemente otorgarles la libertad condicional. La celeridad de su respuesta no deja de ser sorprendente. ¿Cómo sabía que se habían portado bien si llevaban tan sólo tres semanas allí? ¿Por qué Aranguren no consultó esta recomendación con el director regional del Inpec, como era obvio tratándose de estos personajes?

El jueves pasado, 31 de octubre, el juez ordenó la libertad condicional y definió la caución. El viernes primero, al medio día, llegó la boleta de libertad, justo antes del comienzo de un puente en el que era evidente que pocos funcionarios estarían en la ciudad para reaccionar a tiempo. ¿Qué pasó?

La respuesta tiene mucho de jurídico y algo de político. Los Rodríguez Orejuela se ven beneficiados por un principio básico del sistema penal que dice que entre dos normas se le debe aplicar al reo la que le sea más favorable. En este caso los narcotraficantes fueron condenados bajo el Código Penal anterior, que incluía reducciones mayores de penas.

Estas normas fueron diseñadas en desarrollo de la política de sometimiento a la justicia del gobierno de César Gaviria, que buscaba -en medio de la peor oleada terrorista que ha vivido el país- convencer a Pablo Escobar y a sus hombres de que se entregaran a cambio de condenas más leves.

Este código fue modificado el año pasado y varios de estos privilegios fueron eliminados. Por ejemplo, ya no se puede obtener simultáneamente rebaja de penas por confesión y por acogerse a sentencia anticipada, que bajo el régimen anterior se sumaban. No tenía mucho sentido que a un delincuente que sería condenado a 10 años se le restaran, por ejemplo, tres por confesar su delito y otros dos por acogerse a la sentencia que el juez le asignaba automáticamente por confesar, lo cual, de entrada, reducía su pena a la mitad. Ahora los reos tienen que escoger entre uno u otro beneficio.

Bajo el código anterior el estudio y el trabajo en la cárcel eran también evaluados con mayor generosidad por los jueces en un momento en que los niveles de hacinamiento en las cárceles superaban en más del doble los actuales. Entonces, bajo este principio de favorabilidad, los Rodríguez Orejuela obtuvieron rebaja de penas bajo el más laxo código anterior por sentencia anticipada, por confesión, por colaboración, por trabajo y estudio y por buena conducta.

Si los ex jefes del cartel de Cali hubieran sido juzgados por un sistema de acumulación de penas, como el estadounidense, es evidente que por más rebajas envejecerían en la cárcel pues se sumarían el total de las penas de todos los delitos cometidos. Pero en Colombia, cuando una persona comete varios delitos, sólo se le aplica la condena máxima del delito más grave por el que es sentenciado. Así, si una persona ha secuestrado y violado a su víctima, sólo pagará 20 años de cárcel que es la pena máxima por secuestro simple.

Estos beneficios no se ganan automáticamente. Un juez de ejecución de penas verifica que se hayan cumplido las condiciones para obtenerlos y decide discrecionalmente si concede la libertad condicional. Para esto los Rodríguez Orejuela también contaron con suerte. Porque así como se beneficiaron con la suma de las rebajas del código anterior, también aprovecharon que el nuevo exige un tiempo menor de purgamiento efectivo de la pena. Mientras antes se requería que el preso hubiera pagado las dos terceras partes de la condena, bajo el nuevo sólo es necesario que se cumplan las tres quintas.

Además los favorece que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que bajo el nuevo Código el juez sólo puede valorar, para efectos de determinar su libertad condicional, la conducta que ha demostrado el interno durante el tiempo de reclusión. "Mas no la historia personal del individuo, su manera de ser, o su carácter", dice la sentencia del 25 de abril del 2002. La lógica detrás de esta interpretación es que si el fin de la pena es rehabilitar al condenado no tendría sentido seguirlo juzgando por lo que era antes de entrar en la prisión. "Existe el antecedente del caso de Jaime Soto Prieto, a quien no le concedieron el beneficio de la rebaja de penas por trabajo por considerar que ese privilegio lo que persigue es la resocialización y él nunca había estado realmente por fuera de la sociedad. Eso sólo tiene sentido para delincuentes comunes", afirma la viceministra de Justicia, María Margarita Zuleta. Sin embargo este caso sería realmente excepcional pues estos beneficios por trabajo suelen darse automáticamente por días laborados u horas de estudio.

No obstante el juez, en todo caso, tiene la facultad de determinar que el recluso sí representa un peligro para la sociedad y que por lo tanto debe permanecer en la cárcel.

¿Como evitar que queden en libertad?

La única opción que había para impedir la salida de los Rodríguez Orejuela era que el Ministerio Público impugnara ante el Tribunal Superior de Tunja la decisión del juez que ordenó la libertad condicional. Eso fue precisamente lo que hizo el Procurador antes de las 12 de la noche del pasado viernes primero de noviembre, cuando se vencían los términos. Las medidas que tienen que ver con la libertad de las personas son de ejecución inmediata y por eso el plazo entre el momento en que llegó la boleta de libertad y su salida de la cárcel era tan corto.

Hay otras dos formas en que el Estado podría evitar la salida de los Rodríguez Orejuela. La más fácil sería descubrir que tienen otro proceso en su contra, por el cual no hayan sido condenados todavía o cuya pena no se ha purgado, en cuyo caso el Ministerio de Justicia podría abstenerse de dejarlos en libertad. Por eso el Fiscal les dio la orden a todos los fiscales del país de buscar si en sus despachos hay procesos en curso.

La otra, más lenta y un poco absurda, sería impugnar los documentos que certificaron el trabajo, el estudio y la buena conducta. Pero este es un proceso engorroso y además todo documento se presume legal hasta que se pruebe lo contrario. Y cuando se termine de hacer esto ya estarían fuera de la prisión.

El sábado, luego de varias consultas, el presidente Uribe hacía todo lo posible para evitar que salieran libres. "Ordené detener la libertad de los presos porque el gobierno considera que hay dudas jurídicas. Hay debilidad del ordenamiento jurídico y problemas de la justicia. El fallo es inadmisible", dijo el Presidente. Por otro lado, ronda en el ambiente la posibilidad de que si salen puedan ser extraditados. Algunos altos funcionarios del gobierno han sido muy ambiguos en sus respuestas y no descartan la posibilidad de que se les pueda llevar si tienen procesos nuevos en Estados Unidos. Hasta el momento no hay una solicitud oficial de extradición.

¿Cual justicia?

Más allá de los tecnicismos legales este caso revela, una vez más, los problemas estructurales del sistema judicial colombiano. Parece claro que fallaron los controles necesarios en cualquier sistema judicial que se respete. Es imposible hacerles seguimiento a los procesos de los 52.000 reclusos que hay en el país pero sí era de esperarse un monitoreo más estricto por parte del Ministerio Público, del Inpec y del Ministerio de Justicia a, por lo menos, los 50 delincuentes más peligrosos o cuya reclusión tiene un efecto ejemplarizante para los colombianos, como era el caso de los hermanos Rodríguez Orejuela.

No se entiende tampoco que el Procurador, Edgardo Maya, en cuyas manos recaía la mayor posibilidad de mantenerlos en la cárcel, sólo haya disparado las alarmas ante la presión de las cámaras, como si la salida de estas personas fuera una chiva que acababa de oír y no un acontecimiento de máxima gravedad. Tampoco se explica que el director regional del Inpec no haya estado al tanto de la solicitud que le hicieron al juez de ejecución de penas 15 días antes.

Pero, sobre todo, este caso es una prueba más de lo contraproducente que es que las normas penales colombianas obedezcan más a reacciones coyunturales que a políticas criminales de largo alcance, como lo demostró el estudio 'El Caleidoscopio de las Justicias' en Colombia, el más completo que se ha realizado sobre la justicia en el país.

Las normas bajo las cuales fueron juzgados los Rodríguez Orejuela fueron el producto de la presión sobre el gobierno de César Gaviria por los secuestros de Francisco Santos, Maruja Pachón, Diana Turbay, entre otros, por parte de Pablo Escobar, y el hastío de una sociedad acorralada por el narcoterrorismo. Los colombianos pagan hoy con la salida de esos narcotraficantes esa política excepcional de sometimiento. Si el gobierno o la Rama Judicial logran evitar la salida de estos señores seguramente también será el resultado de maromas jurídicas al vaivén de la coyuntura y no de unos principios y de una estrategia coherente y sostenible en el futuro.

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