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| 5/26/2012 12:00:00 AM

Licencia para desertar de los partidos políticos

Ante la división entre santistas y uribistas, la urgencia del PIN de cambiarse el nombre y los agarrones internos del Polo y los verdes, en el Congreso ronda la idea de legalizar, otra vez, el transfuguismo. Esto cambiaría el mapa político.

En estos días, en los pasillos del Capitolio solo se habla de dos cosas. La primera es que quedan solo cuatro semanas de trabajo para evacuar proyectos delicados como la reforma a la Justicia y el marco jurídico para la paz. Y la segunda es la posibilidad de que el Congreso tramite un proyecto para realinear los partidos políticos, permitir una especie de transfuguismo, el cual, rumoran los congresistas, cambiaría por completo el mapa político del país.

En Colombia, estos proyectos no son nuevos ni revolucionarios. En la Reforma Política de 2009 se incluyó un artículo que les permitió a los congresistas desertar de un partido a otro. Como el artículo quedó en un parágrafo de la Constitución, no faltaron las críticas por lo que los observadores llamaron "la constitucionalización del transfuguismo". Esa es la evidencia de que la "política es dinámica" y pertenecer a una colectividad o a otra depende más de la conveniencia electoral que de un compromiso ideológico. Por esto, cada cuatro años un senador o representante, aburrido en su partido y viendo que podría brillar más en otra colectividad, se pone en la tarea de redactar un proyecto de ley para abrir una vía de escape hacia otro partido. Y aunque todos parecían tan contentos en los comienzos de la época de Unidad Nacional, con el renacer del liberalismo y la distancia entre Uribe y Santos, esta legislatura no será la excepción.

Los integrantes del PIN, por ejemplo, están cansados de vivir bajo el estigma de la parapolítica y de ser tratados como la 'amante clandestina' del gobierno y estarían considerando disolver el partido para empezar de cero. Algunos disidentes del Polo más cercanos a la línea política de Gustavo Petro, como Camilo Romero y Luis Carlos Avellaneda, se sienten incómodos y opacados por la dirección actual del partido y también buscan la fórmula jurídica para escindir al Polo, salirse de las toldas amarillas y crear un nuevo movimiento. Y una parte de los verdes, que enfrentan una dura crisis interna entre mockusistas, santistas y uribistas, también están interesados en que se abra la puerta jurídica para el reacomodamiento político.

Otros partidos de la Unidad Nacional todavía no se han pronunciado sobre la conveniencia de un revolcón político, pero en el interior de ellos sí existen posiciones sobre el tema. Por ejemplo, el Partido Liberal estaría interesado en engrosar sus filas y recibir a los liberales que se escaparon del redil hace unos años. En el caso del Partido de la U y el Partido Conservador, cada vez hay más voces que dicen que la cuota uribista de esas colectividades podría hacer rancho aparte. Aunque uribistas de La U, como Juan Carlos Vélez y Manuel Enrique Rosero consideran que quienes deben irse son los santistas. Y Cambio Radical tal vez sería el menos interesado en el tema pues, aunque mucho se habló de la gran reunificación liberal, problemas de tipo jurídico y político (como el espacio en las listas electorales) han frenado el proceso y sus integrantes están convencidos de que es mejor quedarse quietos.

SEMANA conoció el borrador del proyecto de ley estatutaria que permitiría la disolución y escisión de los partidos políticos. Es decir, el proyecto busca crear figuras que se usan por sociedades comerciales para aplicarlas a las organizaciones políticas. Aunque un articulado parecido fue considerado en noviembre del año pasado y al final sucumbió, la iniciativa ha tomado más fuerza en el Capitolio. Lo más seguro es que sea presentado en la próxima legislatura que empieza el 20 de julio. El proyecto, que comenzó como una iniciativa de los 'disidentes' del Polo, entre ellos Camilo Romero y Luis Carlos Avellaneda, ha pasado por varias manos de otras colectividades que lo ven con simpatía. Según Romero, es evidente que "hay una nueva realidad política que tiene en tensión a varios sectores, y eso antes que algo negativo hay que verlo como oportunidad. Lo vital del proyecto no es tanto la división de los partidos sino lo que va a resurgir gracias al mismo."

En el proyecto, al que todavía le falta carpintería, se especifican los pasos por seguir para la disolución y la escisión de los partidos políticos. Según este, un partido se puede escindir en dos cuando el 25 por ciento de sus militantes o de los elegidos a corporaciones públicas lo soliciten. También lo puede hacer el 60 por ciento de la bancada del Congreso del partido en cuestión. Al escindirse, se crea una nueva agrupación política que debe buscar su personería jurídica a través del apoyo ciudadano (firmas o lograr votos para el umbral) en las próximas elecciones. Sin embargo, la redacción del proyecto que conoció SEMANA -por ahora- no contempla el paso de un partido a otro ya existente como sí lo hacía, por un periodo determinado, la Reforma Política de 2009. Por esta razón, en principio, la iniciativa no contribuye a fortalecer el sistema de partidos, sino que abre la posibilidad de ampliar su número, lo cual debilita estas organizaciones y va en contravía del espíritu de las pasadas reformas políticas cuyo propósito era fortalecerlas.

En plata blanca, como está redactado, un integrante del Partido Verde o del Partido de la U no podría pasar al Partido Liberal y un miembro del PIN no podría buscar un nuevo hogar en un partido ya existente. Los únicos que se podrían beneficiar de este proyecto serían el PIN, pues se disolvería para crear un partido nuevo; los disidentes del Polo, que podrían pasar a Progresistas (que no es un partido sino un movimiento ciudadano) y los uribistas. El gobierno podría estar interesado solo en el caso que quisiera 'santificar' La U y permitir que quienes se sienten más cómodos con la línea política de Uribe se vayan del partido de una vez por todas. Los más numerosos, como el Liberal o el Conservador -que podría verse afectado- podrían no jalarle a la iniciativa, a menos de que puedan modificar el texto y permitir que los tránsfugas engorden sus organizaciones. Hasta ahora, el respaldo del gobierno está en veremos. Todo depende de cómo se decanten las fuerzas políticas con miras a las elecciones de 2014.

En caso de que se apruebe la iniciativa, el mayor beneficiado sería el expresidente Uribe. Por eso los uribistas se han subido al bus del proyecto, cuando al comienzo fueron sus principales opositores. El exmandatario nunca ha creído en los partidos como plataforma política. Tanto es así que en sus dos campañas presidenciales no representó a ninguno y se lanzó como independiente. En estos días, se rumora que uno de sus planes para la temporada electoral de 2014 sería presentar una lista independiente al Congreso. Por esto, no sería descabellado pensar que algunos congresistas de La U y del conservatismo, todavía fieles a las doctrinas y el carisma de Uribe, quieran conformar una nueva agrupación política 'uribista purasangre' que busque el respaldo ciudadano en las próximas elecciones para lograr el umbral y tener su propia personería jurídica.

El problema que tiene el proyecto propuesto por los disidentes del Polo es que el 'transfuguismo' fue autorizado por la Constitución "una sola vez" en 2010. Para los políticos incómodos en sus partidos es necesario volver a abrir un espacio de tiempo limitado para cambiar de camiseta sin misterios. No obstante, algunos congresistas, académicos, juristas y miembros del gobierno están llegando a la conclusión de que la única manera de lograrlo es a través de una reforma constitucional, la cual necesita ocho debates en el Congreso para ser aprobada. Si los interesados logran redactar un proyecto consensuado y que cuente con el aval del gobierno, es muy posible que sea presentado el 20 de julio, con lo cual contaría con el tiempo justo para ser aprobada y aplicada para las elecciones de 2014. De esta manera el mapa político de Colombia sí cambiaría, pues las fichas se reacomodarían en busca de un nuevo equilibrio político en términos electorales e ideológicos. ¿Será que se le miden?
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