Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1994/02/07 00:00

LICENCIA PARA MATAR

Escándalo por guerra sucia de la Armada Nacional en Barranca afecta imagen de lucha antisubversiva

LICENCIA PARA MATAR

PARA NADIE ES UN SECREto que Barrancabermeja es una bomba de tiempo. Durante muchos años ha sido el epicentro de los más agudos problemas de orden público en los que sus protagonistas -guerrilla, sindicalismo, paramilitarismo y fuerza pública- se han enfrascado en una guerra sucia sin cuartel. En el campo de batalla sólo han quedado poblaciones aisladas, campos minados, campesinos en la miseria y centenares de muertos. En esa región los grupos subversivos han desarrollado sus principales acciones: el paramilitarismo ha cometido los asesinatos y masacres más atroces y el sindicalismo ha izado su amenazante bandera proselitista en busca de paralizar el principal puerto petrolero del país.
Los problemas de orden público han colocado a esta ciudad bajo el fuego. Y como si esto fuera poco, la semana pasada se atizó más la candela. Dos suboficiales de la Armada Nacional denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación la supuesta participación de miembros de la red de inteligencia de esa fuerza, con base en Barranca, en el asesinato de por lo menos un centenar de personas. Las denuncias involucraron al jefe de inteligencia de la Armada Nacional, coronel Rodrigo Quiñónez, señalado como el jefe de ese grupo de exterminio. Los crímenes se habrían realizado contratando a sicarios y los dineros habrían provenido de los recursos de la Armada Nacional. Al parecer, con el tiempo esos sicarios terminaron en la nómina del grupo de inteligencia y se les asignaron sueldos de entre los 100 mil y los 300 mil pesos.
Los dos suboficiales, que también hacen parte del grupo de inteligencia y quienes pidieron a la Fiscalía tramitar su baja, contaron con pelos y señales la cadena de crímenes y masacres cometidos por este escuadrón de la muerte en el que se convirtió el grupo de inteligencia. Este fue creado en 1991 con el fin de penetrar los grupos guerrilleros que estaban sembrando el terror en el Magdalena Medio, especialmente en la ciudad de Barranca.
La declaración de los dos militares cstá consignada en un documento de 17 páginas, en las que relatan cómo se cometieron los asesinatos contra líderes de la Unión Sindical Obrera (USO), voceros de las comisiones de derechos humanos, simpatizantes de los movimientos de izquierda, campesinos y hasta zapateros. Entre las víctimas está el director del diario La Opinión, Ismael Jaimes, a quien asesinaron "porque en su periódico publicaba columnas editoriales acusando a las fuerzas de seguridad del Estado de los asesinatos de varios líderes sindicales". De acuerdo con la confesión de los dos suboficiales, el homicidio de Jaimes lo cometió un sicario de apellido Atehortúa, conocido con el alias de 'El Negro', pero toda la información sobre los pasos del director de La Opinión fue suministrada por un oficial de la red de inteligencia.
Pero quizá la denuncia más grave tiene que ver con la masacre de La Rochela, cometida en enero de 1989, donde fueron asesinados 13 miembros de una comisión judicial y de la cual se acusó a una cuadrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los dos denunciantes, en este crimen participaron sicarios que fueron protegidos por el coronel Quiñónez y varios oficiales de la red de inteligencia. Otra de las masacres en que estuvieron involucrados miembros de la Armada fue la que ocurrió el 2 de enero de 1992 en el billar El Tropezón, donde fueron asesinadas 10 personas. Una más ocurrió en febrero 9 del mismo año, en la que murieron el vicepresidente del sindicato de Transportes San Silvestre, el tesorero de esa organización, un trabajador de la Texas Petroleum Company y familiares de cada una de las anteriores víctimas.
Las denuncias no pararon ahí. El nombre de las víctimas, el lugar de los hechos, los móviles de los homicidios y los oficiales de la Armada y los sicarios que participaron en ellos, hacen parte de la confesión de los dos hombres. Su delación fue acompañada de un casete que contiene grabaciones de llamadas telefónicas entre miembros de la red de inteligencia y sicarios, en las que se planeaban los asesinatos, se especificaban las armas que usaban y los pagos que se hacían por cada uno de los trabajos.
Todas estas macabras revelaciones han venido a confirmar lo que siempre se ha dicho de la violencia que azota al Magdalena Medio: que cada vez se hace más difícil distinguir entre los grupos armados al margen de la ley y los movimientos políticos y sindicales legalmente constituidos, que se han convertido o bien en semilleros de la guerrilla o bien en sus silenciosos cómplices. Y aunque nada de esto justifique las atroces acciones de miembros de la Armada Nacional, estos elementos explican que en Barranca y sus alrededores se presenten episodios más oscuros que los que normalmente ocurren en una guerra.

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