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Liliana Pardo, exdirectora del IDU.

JUDICIAL

Interpol emitió circular roja contra Liliana Pardo

La exdirectora del IDU es requerida por el delito de cohecho. Deberá responder por irregularidades en la contratación de la malla vial.

12 de enero de 2016

La Fiscalía dio un golpe trascendental para avanzar en el proceso que le sigue a la exdirectora del IDU Liliana Pardo, por cuenta del 'carrusel de la contratación'. Se trata de la circular roja que expidió este martes la Interpol y que busca poner tras las rejas a la exfuncionaria para que responda ante los estrados por el delito de cohecho.

Esta decisión había sido avalada previamente por un juez de Bogotá. Pocos saben dónde se encuentra Liliana Pardo desde septiembre del año pasado cuando se negó en 20 ocasiones a responder a los llamados de la Fiscalía y optó por evadir la justicia. “Por eso se tomó la decisión de expedir la orden de captura", explicó a Semana.com una fuente del ente investigador.

La exfuncionaria es investigada porque, presuntamente, habría participado en las irregularidades derivadas de las firmas de los contratos de obra para la construcción de la fase III de TransMilenio en el 2009, durante la administración de Samuel Moreno. De acuerdo a lo dicho por la Fiscalía, Pardo no realizó desde su cargo la vigilancia y el control que debía a la hora de otorgar los contratos.

Por el contrario, la exfuncionaria habría permitido que la adjudicación se hiciera, presuntamente, de manera fraudulenta, al alterar el pliego de condiciones que el IDU exigía a los proponentes. Así habría favorecido a los Nule y a los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, a fin de que resultaran favorecidos con la contratación.

Indicó la Fiscalía que entre junio de 2008 y diciembre de 2009, la investigada realizó  contratos para la ejecución de malla vial y valorización en Bogotá. Además, habría aceptado promesas remuneratorias para recibir el 1 por ciento y el 2 por ciento de los contratos 071 y 072 de malla vial, así como del 091 y 093 de infraestructura que tenía un valor cercano a los 200 mil millones de pesos.

Asimismo, entre otras violaciones a las normas establecidas, ella cambio de sitio donde se adelantaban las reuniones para los procesos de evaluación con el propósito de lograr el encuentro con el ex contralor de Bogotá, el ex personero de la capital del país y los interesados en la selección de los contratos.

En la investigación también se estableció que entre abril de 2009 y diciembre de ese mismo año, la acusada antes de salir a vacaciones, aceptó promesas remuneratorias del mismo porcentaje que en los anteriores, de los contratos 018, 019, 020, 029, 037, 047, 068 y 079 del 2009, por valor cercano a los 400 mil millones de pesos por concepto de puentes, malla vial y valorización.