Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2001/09/17 00:00

Líneas cruzadas

El gobierno enfrenta un dilema frente a los PCS, los competidores de los celulares. ¿En qué consiste?

Líneas cruzadas

Hace seis meses el gobierno dio vía libre al proceso de adjudicación de los Servicios de Comunicación Personal (PCS), un sistema de telefonía móvil que competirá directamente con los celulares. Mediante un documento Conpes del 8 de junio tomó oficialmente la decisión de iniciar, a la mayor brevedad posible, el proceso licitatorio.

La medida era ampliamente esperada por empresarios y usuarios del sector de las telecomunicaciones. En la práctica la llegada de los PCS significa mayor competencia en el mundo de la comunicación móvil en Colombia. Esto se traduce en nuevas oportunidades para las empresas que se quedaron por fuera del mercado celular y más opciones para el usuario.

No obstante, desde un principio se sabía que las compañías de celulares establecidas en el país se opondrían y se anticipaba una licitación que no estaría exenta de obstáculos.

El primero de ellos apareció el pasado 6 de noviembre. BellSouth presentó una solicitud en busca de echar para atrás la resolución mediante la cual el gobierno había asignado la frecuencia de los PCS. El principal argumento es que mientras las empresas celulares operan en una banda de 800 MHz los PCS operarían en la de 1.900 MHz, lo que los pondría en desventaja pues esta última banda permitiría en el futuro desarrollar servicios más novedosos.

El asunto de las frecuencias, sin embargo, ha perdido relevancia con los desarrollos tecnológicos más recientes. Ahora los expertos tienen claro que tanto los servicios que se prestan en la actualidad como los que se desarrollen en el futuro podrán ejecutarse en una u otra frecuencia. “No nos interesa la banda que les están ofreciendo a los PCS”, dijo José Fernando Bautista, presidente de Asocel, el gremio de los celulares.

El meollo

La movida de BellSouth, en todo caso, fue sorpresiva. No tanto por el argumento de las frecuencias, que ha resultado ser inocuo, sino porque la compañía invocó el principio del equilibrio económico, una figura jurídica que tenía guardada como un as bajo la manga. El término se refiere a que el Estado, después de adjudicar un contrato, no puede alterar las condiciones que determinan la rentabilidad del negocio. Esta figura puede ser el semillero de futuras demandas contra la adjudicación de los PCS, y esto es lo que más preocupa al gobierno.

En principio el equilibrio económico de los operadores de celulares nada tiene que ver con la entrada de los PCS. Al fin y al cabo el gobierno les cumplió a las compañías de telefonía celular las condiciones pactadas al momento de adjudicarles la prestación del servicio. Les prometió cinco años de exclusividad, que vencían en septiembre de 1999. No sólo les cumplió sino que les ha permitido gozar de dos años adicionales de duopolio.

Pero ocurre que el artículo 11 de la ley 555 estableció un vínculo explícito entre los PCS y los contratos ya vigentes con los celulares. Este dice que “al fijar el valor mínimo de cada concesión (de PCS), el Ministerio de Comunicaciones atenderá el principio de equilibrio económico con las empresas de telefonía móvil celular”. Aquí está el fondo de la controversia.

“Nosotros no estamos pidiendo que no entren los PCS. Lo que estamos diciendo es que los nuevos operadores deben pagar un precio justo por las licencias”, dice José Fernando Bautista, presidente de Asocel. Si las licencias son muy baratas, agrega, quedarían en ventaja frente a las empresas de celulares. En 1994 éstas pagaron 1.230 millones de dólares por las seis licencias . “No aspiramos a que los PCS paguen una suma igual, pero sí lo suficientemente alta como para no perjudicar el equilibrio económico que nos garantiza la ley”, concluye.

La discusión, entonces, gira en torno al precio mínimo de la subasta de las licencias. Hay razones para pensar que éste no deber ser muy alto pues las compañías licitantes no estarían dispuestas a pagar mucho. Primero, porque las condiciones económicas del país se han deteriorado en los últimos años. Y segundo, porque en los siete años que llevan operando los celulares ya han atraído a los clientes con mayor poder adquisitivo. Es decir, han copado la crema del mercado. De manera que cuanto más tiempo pase las compañías de celulares alcanzarán a atraer más clientes y menos bueno será el negocio para los PCS. Por eso cada día que pase estarán dispuestos a pagar menos por las licencias.

Todos estos son los criterios que va a considerar el gobierno para fijar el precio base para subastar las licencias. Si prevaleciera la interpretación según la cual el precio base también debe tener en cuenta el equilibrio económico de las empresas de celulares, este piso sería más alto y se correría el riesgo de que la subasta se declare desierta. El peor de los mundos para un país como Colombia, que con Ecuador, Uruguay y Haití son los únicos de América Latina que siguen sin PCS.

De otro lado, incorporar el criterio del equilibrio económico de las empresas de celulares sentaría un precedente nefasto para la libre competencia, afirman los contradictores de éstos últimos. Cualquier empresa concesionaria del Estado podría invocar este principio para impedir la entrada de nuevos competidores, aun si su período de exclusividad ha expirado.

“Lo que están haciendo las compañías de celulares es intimidar al Estado. Parece ser su modus operandi. Así pasó en Chile, donde BellSouth demandó para bloquear la entrada de los PCS, pero el gobierno chileno siguió adelante”, dice Paulo Orozco, presidente de la ETB, una de las compañías más interesadas en entrar a la telefonía móvil.

Llamadas caras

Lo que está en juego con esta controversia es la posibilidad de masificar la telefonía móvil en el país, un servicio que hasta el momento ha estado reservado para los 2,9 millones de colombianos que pueden pagarlo.

Colombia tiene unas tarifas relativamente altas para los estándares internacionales. A pesar de las disminuciones que ha habido desde cuando entraron los celulares, las tarifas en el país continúan siendo superiores a lo que se cobra, en promedio, en América Latina, según datos de la firma Pyramid Research, la división de telecomunicaciones de The Economist Intelligence Unit (ver gráfica).

También la cobertura del servicio es una de las más bajas. Mientras que en Chile el 32 por ciento de los habitantes tiene acceso a la telefonía móvil, y en Venezuela este porcentaje es de 27, en Colombia la cobertura no alcanza el 7 por ciento.

La firma Pyramid Research

calcula que con la entrada de un nuevo competidor al mercado colombiano de telefonía móvil las tarifas podrían caer hasta en un 30 por ciento. Y eso permitiría ampliar sustancialmente la cobertura.

Por esto, por el empleo que generarían las nuevas empresas y porque el país no se puede rezagar frente a sus vecinos en materia de telecomunicaciones, el gobierno se propuso de tiempo atrás sacar adelante los PCS.

La espada y la pared

Pero desde el pasado 6 de noviembre, cuando BellSouth interpuso la primera acción legal contra el proceso licitatorio, quedó latente la posibilidad de una futura demanda en caso de que el gobierno siga adelante. A partir de ahí los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones se han dedicado a evaluar los pros y los contras de continuar con la licitación de los PCS.

“Pensamos que la llegada de este servicio es fundamental para la competitividad del país y para el beneficio de los usuarios, pues habría más y mejores servicios”, asegura Samuel Velásquez, viceministro de Comunicaciones. “No obstante, ante el riesgo de que en el futuro haya multimillonarias demandas contra el Estado, debemos proceder con prudencia y hacer minuciosos análisis jurídicos antes de actuar”, añade.

Y es que la posición del gobierno es realmente difícil. Si adjudica pronto los PCS se expone a una eventual demanda por parte de las compañías de celulares. Pero si no lo hace también incurre en riesgos jurídicos.

La ley 555 dio instrucciones de abrir la licitación y el documento Conpes de junio pasado recomendó hacerlo a la mayor brevedad. Si el gobierno no cumple este deber alguien podría entablar una acción de cumplimiento. De otro lado, cada día que pasa valen menos las licencias de los PCS. Esto perjudica las finanzas públicas, y en particular las de los fondos pensionales de Telecom y Adpostal, que son los que recibirán la mayor parte de la plata que se pague por las licencias. Algo que incluso podría ser objeto de una investigación fiscal.

El gobierno nombró un comité jurídico para que evaluara la situación. Después de analizar en profundidad el asunto y sopesar los riesgos de hacer o no la licitación a fines de la semana pasada el comité dejó constancia por escrito de sus conclusiones.

Lo primero que advierte es que el riesgo de una demanda por parte de las compañías de celulares es real. No obstante, considera que el gobierno tiene más probabilidades de éxito que los operadores de celulares en un eventual pleito. Recuerda que la ley 555 sencillamente ordenó que se abriera el proceso. Y recomienda tener cuidado con las acciones legales que pudieran surgir por no sacar adelante la licitación.

Así pues, el gobierno está en una encrucijada. Con un agravante: la de los PCS es una decisión que se tiene que tomar contra reloj. La ley 555 estableció que las empresas de telefonía celular no pueden participar en la licitación de los PCS, precisamente para romper el duopolio. No obstante, la misma ley recomienda que a partir de febrero de 2003 se haga una segunda adjudicación en la cual sí puedan estar estas compañías.

Si la licitación tarda unos pocos meses más se tropezará con las elecciones y todo podría dilatarse. Mientras tanto la esperada competencia en el mercado de telefonía móvil quedará en el limbo.

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