Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2006/10/14 00:00

Lío de tierras

Ha fracasado la política del gobierno de entregarles a campesinos, desplazados y reinsertados, las fincas que le ha quitado a la mafia. El afán de resultados y la falta de planeación ponen en peligro un programa clave para las víctimas de la violencia.

El gobierno inició un ambicioso plan para entregar las fincas decomisadas al narcotráfico a miles de desplazados que deambulan sin rumbo, como estos que por semanas ocuparon el parque de Bosa. Pero las cosas no han salido bien. En algunos casos como en el Valle del Cauca la semana pasada los beneficiarios de ese programa bloquearon la Panamericana porque consideran que les han incumplido

Por cuenta de la impro-visación, más de 380.000 hectáreas de las mejores fincas del país incautadas y extinguidas a narcotraficantes, que iban a ser la tierra prometida de desplazados, campesinos pobres y reinsertados, se han convertido para algunos de ellos en un verdadero infierno, y para el gobierno, en un gran dolor de cabeza. Tanto es así, que fue el tema en un reciente consejo de ministros en donde se le alcanzó a calificar como un problema de Estado. Ya se conocen casos en que estos predios no han llegado a los más necesitados, sino que algunos de ellos están en manos de personas con otras propiedades. Y peor aún: hay el ejemplo de una parcela entregada a un confeso paramilitar y de un centenar de adjudicaciones que se hicieron a invasores que llegaron alentados por las autodefensas (ver recuadros).

Quienes han tenido a su cargo sacar adelante este proyecto son la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), dos entidades que no se han caracterizado recientemente por su buena capacidad administrativa. Incluso el despelote que se armó al poner en marcha esta política agraria las enfrentó.

Las dificultades se agudizaron el año pasado cuando llegó a la DNE una orden presidencial para que se acelerara el cumplimiento de una ley que dice que los predios rurales que se le han quitado a la mafia, que pasaron definitivamente a manos del Estado y que tienen vocación agrícola, se le deben entregar al Incoder para que los reparta en programas de reforma agraria. En la directiva se incluyeron con el mismo fin las fincas incautadas que están pendientes de que se les resuelva su situación jurídica. Este súbito acelerador coincidió con la preocupación del presidente Álvaro Uribe de que en los primeros cuatro años de su mandato no se habían cumplido las metas de su plan de gobierno sobre entrega de tierras a los más necesitados. Además, tenía en ciernes una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena dar atención urgente a los desplazados.

Pero del afán no queda sino el cansancio. El Incoder no estaba preparado para soportar la avalancha de fincas que le empezaron a llegar de la noche a la mañana. En pocos meses le llegó la responsabilidad sobre 759 fincas con un área de 134.000 hectáreas. La mayoría de ellas tenía millonarias deudas de impuestos y servicios públicos, líos con los antiguos encargados por la DNE e incluso hombres armados que no permitían su ingreso. En medio de este embrollo, algunos buscaron hacer su agosto. Como se recordará, el subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad del Incoder, Ómar Quessep, fue retirado este año y está siendo investigado por una grabación en la que garantiza la entrega de fincas a cambio de dinero.

En la cinta inédita que conoció SEMANA, que está siendo evaluada por las autoridades, el funcionario habla de que se deben armar organizaciones ficticias de campesinos para aparentar que las tierras se entregaron adecuadamente. También se hace referencia de cómo él y otros funcionarios más del Incoder supuestamente eran cuota del movimiento político Colombia Viva, liderado por el senador Dieb Maloof. En el Ministerio de Agricultura confirmaron que los funcionarios mencionados en la cinta fueron relevados y que fueron revisadas las adjudicaciones de tierras que se hicieron en ese período para garantizar su transparencia.

Luego de ese episodio vino el enfrentamiento entre las entidades, debido a la cantidad de problemas que tienen las fincas, el Incoder no quería recibir esa papa caliente. Esto se resolvió apenas hace pocos días, cuando los nuevos directores de ambas entidades llegaron a un acuerdo en el que el Incoder solucionará los líos de las fincas que ya le entregaron, y sólo recibirá las que la DNE le entregue saneadas.

De las fincas que quedaron en manos del Incoder, 172 se han asignado, según esa entidad, a 2.319 familias. Y aunque en algunos casos ya se organizaron proyectos productivos exitosos, son muchos más los predios que tienen dificultades en su saneamiento y que están en un limbo. Incluso hay decenas de ellos que ni siquiera han sido visitados por algún funcionario del gobierno. No se sabe quién los ocupa.

Pero más allá de los problemas propios del origen de estos bienes, quizás el aspecto que más evidencia la falta de previsión del gobierno en este intento de reforma agraria es haber entregado bienes que aún no pertenecen jurídicamente al Estado. Pese a la pompa con que se han anunciado algunas de estas entregas, varias no se han podido hacer realidad porque sus dueños no dejan entrar a los campesinos, y en ocasiones los han sacado con armas.

Un ejemplo es el caso de las fincas la Indiana, Túnez y el Edén, en Ansermanuevo, Valle del Cauca, que fueron entregadas en diciembre de 2004. El evento fue anunciado con bombo y platillos y se hizo una ceremonia en la plaza del pueblo con la presencia del Presidente de la República y el Gobernador, entre otras autoridades. Ese día se les asignaron a 20 familias desplazadas las 447 hectáreas de las fincas del confeso narcotraficante Albeiro Monsalve, hoy preso en Estados Unidos. Sin embargo, luego de 22 meses, estas familias continúan deambulando por la región, ya que nunca tuvieron autorización para ingresar por parte de los que se les han identificado como 'representantes del patrón'.

De otro lado, aún no es claro qué va a suceder en caso de que los fallos judiciales sobre estas fincas salgan a favor de los dueños originales y no del Estado. ¿Se va a desalojar a los campesinos que estuvieron ocupándolas con la bendición del gobierno? En el Ministerio de Agricultura aseguran que en la entrega de estos bienes se aclara que es temporal y que en caso de presentarse esa situación, se ubicarán en otro predio. Estas soluciones de corto plazo sólo generan mayores problemas en el futuro.

Y esa no es la única insatisfacción. Los beneficiarios no sienten que luego de la adjudicación de las tierras tengan el suficiente acompañamiento para sacar adelante sus proyectos, lo que demandaría una participación más activa de entidades como el Sena y facilidades de crédito, por ejemplo a través de Finagro. La presencia del Estado es clave además porque aún están por verse los resultados de reunir en la misma tierra a víctimas y victimarios donde prima una natural desconfianza.

Lo único claro hasta el momento es que la urgente reforma agraria que se esperaba sacar adelante con las fincas incautadas a la mafia, aún está por verse. Y la respuesta está más por los lados de la planeación y la previsión, que de las órdenes perentorias.

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