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| 12/20/2017 11:48:00 AM

Así es la ruta para la protección de líderes sociales y del partido de las Farc

Cuando la Defensoría emita una alerta temprana de "riesgo de inminencia" el Gobierno tendrá que actuar en un plazo máximo de 48 horas. El decreto ya está siendo ejecutado. La intención es parar los crímenes que ya cobraron la vida de casi 100 personas.

Si algo le está generando dolores de cabeza al Gobierno en la implementación del posconflicto, más allá del debate político que hay en torno al tema por la inminencia del proceso electoral, son las constantes amenazas y los asesinatos que cobran la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de las Farc que hacen tránsito hacia la vida civil en distintos escenarios.

Es tal la preocupación que tiene el Ejecutivo por los riesgos que esta situación supone para la consolidación del proceso de paz con la ahora exguerrilla -la principal bandera de la administración de Juan Manuel Santos-, que tiene a diferentes instancias trabajando de manera conjunta para implementar soluciones que frenen los crímenes y, por supuesto, reduzcan las amenazas que recaen sobre estas personas, especialmente en zonas rurales.

De hecho, en las últimas 48 horas fueron asesinados la vida Alfonso Pérez Mellizo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Pan de Azúcar (Cauca), y José Rafael de la Hoz Villa, integrante de la Mesa de Participación de Víctimas de Pivijay (Magdalena). Tanta es la alerta que, según trascendió, la Fiscalía ya trabaja en una posible línea de sistematicidad en algunos de estos crímenes.

En ese sentido, y tras varias semanas de negociaciones, se desarrolló un decreto que potencia el sistema de alertas tempranas tanto en la Defensoría del Pueblo como en otras entidades, con el fin de que las poblaciones y sus integrantes amenazados puedan contar con una protección efectiva y celera. Es una forma administrativa, por supuesto acompañada de acciones de campo, para frenar el derramamiento de sangre que ha cobrado la vida de más de 100 líderes.

Puede leer: Infografía: Cómo se reparten los territorios los herederos de las Farc

Se trata del decreto 2124 del 18 de diciembre del 2017, el cual tiene como fin organizar las acciones del Estado para enfrentar "los riesgos y amenazas por la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, y conductas criminales, incluyendo organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo y nuevos factores de riesgo, que afecten a la población, a sectores de esta, a miembros y actividades de organizaciones sociales o de partidos y movimientos políticos, en especial aquellos que se declaren en oposición, que surjan de procesos de paz, así como miembros de organizaciones firmantes de acuerdos de paz".

Esto, por supuesto, enfocado en los territorios más amenazados por este tipo de organizaciones criminales que han querido cooptar las zonas y negocios ilícitos que tenían las Farc. Por eso, se respalda con el ‘Plan Orus‘, una estrategia con componentes militares para brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos.

Con el decreto lo que se busca es busca es que las alertas de riesgo que se emitan desde la Defensoría del Pueblo sean atendidas de manera inmediata y celera por el Gobierno, atendiendo a principios de respeto por la dignidad humana, enfoque de género, confidencialidad y, entre otros aspectos no menos importantes, imparcialidad. Esto último es, precisamente, para evitar que se den escenarios de amenazados de primera o segunda categoría.

"En el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se debe garantizar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía", dice el decreto ratificando que el Estado es el único que tiene estas funciones.

¿Cómo funcionará el mecanismo?

Un cambio fundamental en este decreto es que se ordena responder en un máximo de 48 horas cuando la alerta es de amenaza inminente, con el fin de garantizar la reducción del riesgo al mínimo. El documento que se emita, además, debe estar "bajo el rótulo de riesgo de inminencia".

En estos casos, en los de inminencia, se hará un proceso de evaluación y seguimiento en un plazo no mayor a 10 días para determinar la efectividad de las acciones tomadas.

Otra cosa que se debe hacer apenas la Defensoría envíe alertas -junto a sus grupos de apoyo en terreno- es "monitorear los riesgos", con el fin de poder "reaccionar de manera rápida" y así evitar la materialización de las amenazas.

También se harán actividades de seguimiento para evitar que se violen los principios del derecho internacional humanitario y se puedan "propiciar escenarios de información pública" para dar a conocer los avances de las medidas que se adopten.

"Todas las actuaciones de la reacción rápida deberán realizarse con la debida diligencia y estarán sujetas a las consecuencias disciplinarias y penales a que haya lugar en caso de que se falte a ella", se advierte en el decreto a fin de garantizar que la vida de los líderes prevalezca y el Estado se obligue a cumplir con sus acciones preventivas.

En contexto: El plan del Gobierno para detener el asesinato de líderes sociales

Tota la coordinación de acción será coordinada por la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida, que se crea con el decreto. Allí tendrán presencia entidades nacionales y territoriales, que tendrán que analizar en un plazo no mayor a 10 días el informe de riesgo que emita la Defensoría para tomar las medidas que se requieran.

Además, se deben presentar informes semestrales de cómo se ha actuado ante las amenazas y los avances que se han tenido para neutralizarlas. La intención es que el acompañamiento sea permanente y, por supuesto, efectivo.

"La actividad del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida no suspende ni reemplaza sino que complementa la de aquellas instituciones y autoridades del nivel nacional, departamental y municipal, que tienen por mandato constitucional y legal el control del orden público y la garantía de los derechos de los ciudadanos", precisa el decreto.

La apuesta del Gobierno de Juan Manuel Santos es que estas medidas surtan efectos inmediatos y así evitar que el derramamiento de sangre, uno de los capítulos más negros del posconflicto, golpeen toda la filosofía del proceso de paz.

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