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| 10/23/2016 10:00:00 PM

Néstor Humberto Martínez: ¿el nuevo antiuribista?

Dada la cercanía entre el fiscal y el expresidente eso no es posible. Sin embargo, aunque el llamado a juicio a Santiago Uribe no es una decisión de Martínez sino del fiscal que llevaba el caso, las consecuencias políticas van a ser grandes.

La noche del pasado viernes, una decisión judicial cayó como una bomba en la clase política. La medida causó tanto impacto, que nadie ha salido a comentarla. A eso de las 10:00 p. m. del final de la semana se hizo público que la Fiscalía General de la Nación había emitido una resolución para llevar a juicio al hermano del expresidente Álvaro Uribe.

Quienes conocen al exmandatario saben que no hay un tema que lo afecte personalmente más que su familia. Mientras en todo lo demás suele responder de manera feroz e inmediata, en esta oportunidad ha guardado el más prudente de los silencios. Ni una frase, ni siquiera un trino. Uribe no ha dicho nada desde cuando se conoció la noticia.

Lo mismo había pasado en febrero cuando en el último día de su período, el exfiscal Eduardo Montealegre decidió ordenar la captura de Santiago Uribe. En ese momento, la noticia produjo toda una hecatombe política. Los congresistas del Centro Democrático marcharon a la Casa de Nariño para protestar y exigir la renuncia de Santos. La bancada se declaró en rebeldía y se retiró de la discusión de la ley de orden público y no faltó el que aseguró que el hermano del expresidente estaba “secuestrado por la Fiscalía”.

Mientras todo eso sucedía, Uribe medía sus palabras por milímetros. “Hablaré sobre encarcelamiento de mi hermano más adelante en la semana, después de reflexionar más sobre mi tristeza”, fue el único mensaje que dejó durante varios días. Luego se despachó con rabia: “el fiscal es un perro rabioso con la posibilidad de meter a la cárcel”, dijo.  

Ocho días antes de la captura de Santiago, el expresidente se había reunido en Washington con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza. El propósito era denunciar que la justicia colombiana había montado una persecución política contra todo lo que estuviera relacionado con él. Uribe sabía que Montealegre lo llevaba entre ojos y creía que iba a capturar no sólo a su hermano, sino también a sus hijos, Tomás y Jerónimo.

La era Néstor Humberto Martínez

Lo que sorprendió a todo el mundo es que después del cambio de fiscal, las cosas se complicaran. Desde cuando Néstor Humberto Martínez asumió ese cargo el uribismo estaba tranquilo. No porque en esa colectividad consideraran que el fiscal iba a hacerse el de la vista gorda con sus procesos, sino porque sentían que al menos ya no existía el ensañamiento que ellos creían que tenía Montealegre.

El llamado a juicio de Santiago Uribe los cogió fuera de base. Cuentan que a las 4 de la tarde al abogado Jaime Granados le llegó un correo de la Fiscalía pidiéndole que se reuniera con ellos el lunes para notificarle una decisión importante. Una hora después, le llegó otro anunciándole que esta había sido ya radicada en la Secretaria de la Corte Suprema y por la noche todos supieron de qué se trataba cuando el tema trascendió a los medios. 

El desconcierto se originó especialmente porque había un elemento adicional que nada tenía que ver con la justicia. Si había una ventaja que tenía Néstor Humberto Martínez era precisamente ser quizás el único alto funcionario de la era Santos que tenía una buena relación con Álvaro Uribe.

Cuando fue superministro, Martínez fue el único que logró una cita con el exmandatario. La reunión salió muy bien y al final de la jornada el exfiscal calificó a Uribe como “patriota” y agregó que no se oponía a la “paz”.

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Por eso, cuando Martínez llegó al búnker muchos decían que su papel podría llegar a ser mucho más que el de dirigir el ente acusador y que él podría convertirse en el único puente que existiría entre esos dos extremos del país polarizado. Y así fue. Martínez en forma discreta se convirtió en el intermediario entre los dos estadistas y su papel se volvió vital a partir de la noche en que el Gobierno perdió el plebiscito.

En el Palacio de Nariño cuentan que ese día, después de la derrota, el presidente Santos llamó al fiscal y hablaron horas. Hay quienes aseguran que incluso fue gracias a Martínez que se produjo esa histórica cita que reunió a Santos y Uribe después de más de siete años de no hablarse. Durante las últimas semanas, por cuenta de esto, muchos calificaban a Martínez como el hombre clave para cualquier salida negociada que pudiera existir con el líder de los promotores del No.

¿Podía hacer otra cosa?

Desde cuando llegó a la Fiscalía, se sabía que la ‘papa caliente‘ de Néstor Humberto Martínez serían los procesos del uribismo. Y aún más, que uno de los más sensibles era el de Santiago Uribe. Martínez lo tenía tan claro que decidió desde el primer momento mantener al fiscal del caso, el abogado Carlos Iván Mejía, para no dar pie a que se pudiera pensar que quería influir en el proceso.

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El fiscal cambió a casi todo el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema y nombró como su jefe al respetado profesor de derecho penal Fabio Espitia Garzón. Con eso dejó claro que quería revestir esa unidad de autonomía. Aunque en Colombia todo el mundo cree que el fiscal es el responsable de todas las decisiones, en teoría, por lo menos, los fiscales de cada caso tienen independencia total para tomar sus decisiones.

El proceso de Santiago Uribe data de hace muchos años y por este han pasado cinco fiscales. Sin embargo, ninguno se había atrevido a mover el proceso, probablemente por las implicaciones políticas que eso tendría. Al hermano del expresidente lo acusan de ser uno de los fundadores de la temida organización los Doce Apóstoles y de haber participado en el homicidio de un conductor de bus en Antioquia. El caso se basa fundamentalmente en un testimonio del mayor Juan Carlos Meneses Quintero, comandante de Policía de Yarumal, quien ha buscado beneficios judiciales por cuenta de declarar en contra de Uribe.

Meneses se había fugado a Venezuela pues tenía en su contra una circular roja de la Interpol, ya que un fiscal de derechos humanos lo buscaba para que respondiera por el delito de homicidio agravado. En enero del 2014, se entregó a las autoridades en espera de lograr un acuerdo y un mejor tratamiento de la Fiscalía para su situación. Este no se materializó pues hay dudas no solo sobre su motivación, sino sobre su credibilidad como testigo.

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El fiscal Carlos Iván Mejía, quien era magistrado auxiliar de la Corte Suprema, fue nombrado fiscal ante ese alto tribunal en el 2014 cuando a la cabeza del organismo estaba Eduardo Montealegre. Lleva más de dos años con el proceso de Santiago Uribe. Su resolución tiene más de 200 páginas llenas de testimonios y pruebas. El papel de la Fiscalía es sólo acusar, pero la persona ha sido llamada a juicio, el proceso queda en manos de un juez. Este determinará si las evidencias son tan sólidas como para condenarlo o si, por el contrario, deberían absolverlo.

Como el fiscal que maneja el caso no fue nombrado por Néstor Humberto Martínez, sino por Eduardo Montealegre, senadores como Ernesto Macías han asegurado que la decisión de llevar a juicio a Santiago Uribe es un “rezago de la administración anterior”. Sin embargo, quienes conocen la Fiscalía aseguran que no existe decisión de esa magnitud sin conocimiento del fiscal general.

Los coletazos

Todavía es difícil determinar cuáles serán los impactos políticos de esa decisión. En el uribismo nadie se pronuncia pues esperan que el primero que hable del tema sea su jefe. Aseguran que esto podrá ser el martes pues este fin de semana se encontraba en la universidad de Miami Dade en unas conferencias.

Sin embargo, dada la cercanía que ha existido entre el expresidente Uribe y Néstor Humberto, la teoría de la persecución judicial por parte de la cabeza del ente acusador queda descartada. Pero como sería ingenuo pretender que una persona del calibre y del carácter de Néstor Humberto Martínez no tenga ninguna capacidad de decisión sobre las medidas que toma su subalterno, habría que llegar a la conclusión de que después de oír o estudiar los argumentos del señor Mejía no encontró méritos para precluir la investigación.

Esa decisión tuvo que ser difícil para el fiscal y desconcertante no sólo para los uribistas, sino para muchos santistas. Martínez ha sido siempre considerado un hombre pragmático y efectivo que maneja más realidades que teorías. Eso en la práctica significaría que una de las razones por las cuales su nombramiento en ese cargo fue recibido con entusiasmo es que una de sus prioridades eran no solamente darle un manejo jurídico serio al ente acusador, sino eliminar en la medida de lo posible las tensiones políticas que había generado las decisiones de ese organismo.

De ahí que haber permitido que el fiscal Mejía siguiera adelante con el caso llamando a juicio al hermano del expresidente tiene que haber sido una decisión muy difícil sobre la cual tuvo que sentir que no tenía alternativa.

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