Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2001/01/01 00:00

Llamado por Colombia

Emitido por los participantes en el Encuentro Internacional convocado por el Comité Universitario Francés por Colombia

Llamado por Colombia

El Encuentro Internacional de París, reunido el 27 y 28 de noviembre por invitación del Comité Universitario Francés por Colombia, aprueba el siguiente texto:



PRIMERO. Una situación intolerable

Desde hace veinte años, Colombia vive un drama que no deja de agravarse. Gran parte de la población colombiana se ve martirizada por un conflicto que le es ajeno. Es una sociedad que está siendo asesinada por los actores armados de diferentes perfiles pero cuyo rasgo común es su menosprecio por los sentimientos de los colombianos.

Los actores armados violan igualmente los derechos humanos fundamentales, cada cual con su particularidad. Los paramilitares recurren sistemáticamente a las masacres colectivas; los grupos guerrilleros al secuestro, asesinato selectivo y reclutamiento forzoso. Tanto los unos como los otros esgrimen el terror. Los militares por su parte, no sólo cierran los ojos frente a las acciones de los paramilitares, sino que a menudo los apadrinan.

La confrontación no cesa de extenderse y provoca el debilitamiento de las instituciones.Las Fuerzas Armadas han sufrido derrotas considerables en varias ocasiones y se muestran incapaces de proteger muchas zonas del país. Los grupos paramilitares extienden cada vez más su área de operaciones a nuevas regiones bajo el pretexto de contención de la expansión guerrillera. No obstante, los grupos guerrilleros siguen incrementando su control territorial .

No se trata de una guerra civil en el sentido clásico del término. La confrontación no corresponde a una ruptura o brecha cultural, política o social en la población. Las múltiples protestas masivas contra la prolongación de la “violencia”, y la frecuente reivindicación de “neutralidad” de las poblaciones que se encuentran en ese fuego cruzado son señales de un intenso deseo de paz. Sin embargo, los grupos guerrilleros disponen de los recursos que recaudan de la economía de la droga, de diversas exacciones, y del secuestro. Esto los dispensa de buscar el apoyo de los habitantes locales a quienes encuadran e inducen incesantemente hacia una estrategia exclusivamente militar. Entretanto, las fuerzas paramilitares —financiadas igualmente por la droga, pero además por algunos sectores económicos— se proponen como objetivo reconquistar las zonas en manos de la guerrilla desocupándolas de sus habitantes.

Se trata de hecho de una guerra contra la sociedad, la que en su conjunto ha sido convertida en rehén. Los desplazados, cuyo número, difícil de precisar, pero que algunas organizaciones calculan en dos millones en los últimos 15 años, son testimonio de la horrorosa situación. Durante los últimos meses, el terror ha alcanzado lugares hasta entonces relativamente preservados, las universidades, organizaciones humanitarias nacionales e internacionales ... Los protagonistas armados golpean así a quienes propugnan por una salida negociada y buscan provocar una polarización generalizada. Colombia jamás ha logrado dotarse de un Estado que sea reconocido por el conjunto de la nación, ni romper con sus profundas desigualdades sociales. Sin embargo, el régimen no tiene nada que pueda asemejarlo a una dictadura y en el país existen profundas aspiraciones democráticas. La Constitución de 1991 pretendió renovar las instituciones e instauró un gran número de nuevos derechos. La corrupción fuertemente acentuada por la droga que ha debilitado todo el edificio, y la recesión económica sin precedentes que sacude el país desde hace dos años, bloquean las reformas sociales necesarias y alimentan aún más el escepticismo sobre el porvenir. Existe un gran riesgo de que el Estado, confrontado a problemas que sobrepasan sus posibilidades, pierda completamente el control de la situación.

Se comienza a internacionalizar el conflicto. El gobierno de Estados Unidos, que por largo tiempo sólo ha percibido la situación a través del prisma de la droga, se preocupa ahora de los riesgos del desbordamiento hacia países vecinos y ha decidido reforzar con el Plan Colombia la ayuda militar.

A fin de que la internacionalización no se vea reducida a un tira y afloje entre Colombia y Estados Unidos que pueda conducir a una escalada del conflicto, es fundamental que los países europeos hagan sentir su influencia con mayor fuerza. No obstante, se requiere también que la opinión mundial se haga sentir y que más allá de la simple compasión, ejerza presión sobre todos los actores para que cesen sus crímenes y se den cuenta de que la prolongación de la guerra no genera sino perdedores. Debe también poner de presente que la pacificación implicará profundas transformaciones sociales y políticas pero que para instituir esas transformaciones es necesario concluir un acuerdo.

SEGUNDO. Los retos actuales

Reconstruir perspectivas políticas

Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis colombiana es la carencia de perspectivas políticas. Esto contribuye tanto a la desorientación de la opinión pública como al bloqueo del proceso de negociación. Sin una afirmación clara de los objetivos y los medios políticos a corto y mediano plazo que inspiren la acción del gobierno, el proceso de desintitucionalización no puede sino agravarse.

La “violencia” es ante todo un asunto político. El término en sí se presta para confusión. Abarca todo tipo de fenómenos, desde la conflictualidad social difusa y la descomposición de las relaciones sociales hasta la delincuencia común y la guerra. Aunque en la fase actual estos fenómenos interfieren entre sí, conviene subrayar que corresponden a factores diversos. La violencia urbana, la delincuencia juvenil y la violencia intrafamiliar tienen los mismos orígenes que en otras sociedades. Lo que da una dimensión particular a estos conflictos en Colombia es que todos se ven contaminados por el conflicto armado. No es posible, por lo tanto, buscar soluciones duraderas a estas múltiples formas de violencia en ausencia de perspectivas políticas claras.

El gobierno no ha logrado transmitir de manera perceptible la lógica de la negociación. En un comienzo, hizo amplias concesiones a la FARC-EP sin exigir las garantías correspondientes. Con el ELN, sus vacilaciones fueron aún más marcadas. En ningún momento parece haber tenido, frente a estas dos organizaciones, un plan de conjunto, ni tampoco ha logrado convencer sobre su voluntad de emprender unas reformas profundas.

La recesión económica ha implicado el abandono de una gran parte de la inversión social y ha acentuado la desorganización de la población, que, más que nunca, se ve a la merced de los diversos actores armados. El gobierno además tampoco ha logrado frenar la corrupción.

La responsabilidad política de estos fracasos es, a decir verdad, compartida. Ni las diversas corrientes políticas oficiales, ni los dirigentes económicos han demostrado su capacidad para aglutinar esfuerzos en la búsqueda de una salida política.

La autoridad del Estado se ha visto cada vez más debilitada. La crisis de los partidos políticos; el desprestigio del Congreso; el colapso de numerosas administraciones regionales y municipales; la persistencia de unos altos índices de impunidad; el repliegue del Estado de numerosas zonas; el grado de alcance de la corrupción; la agitación en el seno del ejército y los abusos por él cometidos, son muestras de esta debilidad. Son numerosas las zonas en las que el Estado ya no ejerce prácticamente ninguna influencia.

Con todo, el régimen no se ha desplomado. Aún dispone de una legitimidad democrática y no hay lugar para poner en duda la voluntad expresada por los electores en cada ocasión. La Corte Constitucional, la Fiscalía y otras instituciones se esfuerzan por consolidar el Estado de derecho, de acuerdo con modalidades en ocasiones discutibles, pero con una audacia indudable. Sin embargo, las relaciones sociales y la vida cotidiana no dejan de desenvolverse con frecuencia dentro de un horizonte sin ley.

Los grupos guerrilleros no pueden hacer alarde de igual legitimidad. Su poderío militar no logra ocultar la debilidad de su respaldo político. Mediante amenazas, pueden sin duda lograr la sumisión de las autoridades locales, pero su impopularidad a nivel nacional es evidente. Sus métodos —en particular la práctica del secuestro y reclutamiento forzado de adolescentes— provocan un rechazo generalizado. Aún en aquellas regiones en las cuales se encuentran sólidamente implantados, utilizan la coacción, más que la convicción, para garantizar la obediencia de la población. Actualmente, no parecen preocuparse del sentir de la población sino de acrecentar su capacidad militar y aumentar el número de sus efectivos; como si lo único que contase fuese la correlación de fuerzas militar.

Los paramilitares no pueden esperar ningún reconocimiento político ya que han erigido abiertamente la masacre y el terror contra los civiles como modalidad de guerra. A esta afirmación no la invalida ni el hecho de que hayan dejado de ser simples fuerzas supletorias de las Fuerzas Armadas — no obstante la connivencia de ciertas unidades militares — ni el apoyo de ciertos sectores de la población exasperados por las exacciones de la guerrilla.

Reforzar la autoridad y legitimidad del Estado y modernizar su funcionamiento son dos condiciones previas para instaurar una política de paz.

El gobierno debe desde ahora dar señales de su voluntad de emprender vastos cambios sociales y políticos. Sin embargo, conviene subrayar que lo prioritario es llegar a un acuerdo con los grupos guerrilleros. Es la condición para que dichos cambios se puedan efectivamente llevar a cabo.

B. Los peligros del Plan Colombia

El gobierno ha apostado todo a un programa de ayuda internacional cuyo socio principal es Estados Unidos.

En su primera versión, este programa debía ante todo contribuir a la inversión social, a la sustitución de cultivos de droga y al fortalecimiento institucional. El programa finalmente adoptado por el Congreso estadounidense da prioridad a una estrategia de destrucción masiva de los cultivos de droga y, para este fin, otorga la mayor parte de los créditos para equipar y entrenar las fuerzas armadas encargadas de esta estrategia.

De ahora en adelante, el Plan Colombia está en el centro del debate tanto en Colombia como en el exterior. Si los principales dirigentes políticos colombianos parecen —con variados matices— haber aceptado el Plan, diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su decidida oposición. Muchos de los gobiernos latinoamericanos han expresado sus inquietudes. La guerrilla lo denuncia como un plan de guerra.

Aunque en los últimos años, Estados Unidos ha apoyado a la policía nacional, se habían mostrado más reticentes con las Fuerzas Armadas a causa de la reconocida complicidad de muchas de sus unidades con los grupos paramilitares y en algunos casos con redes de narcotraficantes. El Plan Colombia implica un cambio de doctrina. Estados Unidos apuesta a que la modernización de las Fuerzas Armadas facilitará la ruptura de su connivencia con los grupos paramilitares, y parecen resueltos a ejercer fuertes presiones para su depuración. De hecho, el problema no se circunscribe a equipar las Fuerzas Armadas sino a relegitimarlas.

El primer riesgo es, sin embargo, que el Plan conduzca a una escalada militar incontrolable. Frente a la implantación de los grupos guerrilleros en las zonas de cultivo de coca, la confrontación es ineluctable. Hay además razones para extrañarse de que la destrucción de los cultivos apunta muy poco, por el momento, a las plantaciones bajo control de las fuerzas paramilitares. La guerrilla acaba de mostrar en el Putumayo que está decidida a emprender contraofensivas. Su capacidad militar puede sorprender a los autores del Plan Colombia.

El segundo riesgo es que el Plan Colombia precipite una polarización de la opinión. Mientras que ciertos sectores estiman que la injerencia estadounidense puede resolver el conflicto, otros ven en ella una nueva manifestación de imperialismo. Guerrillas y paramilitares pueden así esperar lograr el resultado que buscan, es decir, que todos se vean conllevados a adherir a uno u otro campo. Esto implicaría el deslizamiento hacia una verdadera guerra civil de consecuencias imprevisibles.

El tercer riesgo es el de la extensión regional de la situación de guerra. Panamá, Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil tienen todo el derecho de preocuparse de terminar implicados en el conflicto.

Más allá de su carácter militar, hay lugar para interrogarse sobre la manera como el Plan entrelaza conflicto interno con droga. A pesar de sus interferencias reales, nos parece necesario separar estos dos aspectos para evitar una situación explosiva.

TERCERO. Recomendaciones a la Unión Europea

La Unión Europea está llamada a jugar un papel fundamental para evitar el exclusivo tira y afloje Colombia - Estados Unidos. Debe actuar con más energía para hacer oír su voz.

La Unión Europea ha demostrado recientemente que ha estado dispuesta a hacerlo. No se ha asociado al Plan Colombia, sobre el cual no fue consultada, y en razón de la predominancia de su componente militar, se ha comprometido a suministrar una ayuda sustancial para los programas sociales e institucionales, que en principio debería ser equivalente a la aportada por Estados Unidos en tales materias. Diferentes países europeos han aceptado por lo demás participar en las discusiones preliminares entre el ELN y el gobierno a fin de facilitar la apertura de negociaciones. Con todo, ella puede y debe intervenir con mayor claridad en diversos campos.

A. Exigir el respeto, por parte de todos, de los Derechos Humanos elementales.

Diferentes instancias de la Unión Europea han expresado su preocupación frente a las innumerables violaciones a los derechos fundamentales. Deben continuar haciéndolo exigiendo que las fuerzas armadas no dejen más el campo libre a los grupos paramilitares, pero no pueden callarse sobre los crímenes perpetrados por las guerrillas y por otros actores. Si las negociaciones fracasaran y si los actores se mostrasen incapaces de escoger la vía política, habría que apelar a la aplicación de nuevas modalidades de derecho penal internacional y prever la creación de un tribunal específico.

B. Sacar las consecuencias del principio de corresponsabilidad.

El tema de la droga requiere un tratamiento, ante todo, político. Es una ilusión pensar que los cultivos y el tráfico puedan ser reducidos con el uso exclusivo de la fuerza. Además, el balance negativo de las operaciones hasta ahora realizadas, debería ser una invitación a la prudencia: los cultivos a lo sumo han sido desplazados, los colonos amenazados en sus intereses han reforzado los vínculos con sus "protectores", los carteles destruidos con altos costos para Colombia han sido remplazados por una miríada de micro-organizaciones inaprensibles. La fumigación de las pequeñas explotaciones es un procedimiento particularmente poco adecuado. Es también ilusorio, como a menudo lo afirma la Unión Europea, que se pueda fácilmente proceder de manera local a la sustitución de cultivos. El aislamiento de las zonas afectadas y la naturaleza de los suelos, sólo permiten una sustitución parcial. La solución exige la reinstalación de una gran parte de los colonos en otras regiones. Ello implica por tanto disposiciones eminentemente políticas que suponen vastas transformaciones sociales, entre ellas una amplia reforma agraria que incluya la recuperación de las tierras adquiridas por los narcotraficantes.

El conjunto de la comunidad internacional debe asumir al respecto un papel directo. La Conferencia de Viena reconoció el principio de corresponsabilidad de países productores y de países consumidores, que son también los que se benefician de los circuitos de blanqueamiento de los dineros de la droga. Es tiempo ya de que se asuman las consecuencias de ello.

C. Concentrar la ayuda europea hacia objetivos precisos.

Al decidir otorgar una ayuda sustancial, la Unión Europea se ha dotado de la posibilidad de hacer escuchar más su voz. Dispone de un argumento suplementario para efectuar el seguimiento de la situación colombiana.

Esta ayuda debe ponerse al servicio de objetivos claros. No puede consistir en una dispersión de créditos cuyo efecto no podría ser más que fugaz. Tampoco podría circular sólo a través de las ONGs. Debe ayudar a reforzar las instituciones.

La Unión Europea debe hacer todo lo posible por contribuir al fortalecimiento de los movimientos por la paz y de los esfuerzos de la población contra la violencia. Debe en particular defender públicamente los esfuerzos de ciertos sectores de la población (organizaciones indígenas, afro-colombianas, movimientos de mujeres, de jóvenes de las periferias) para organizarse y exigir el respeto de sus vidas y de sus libertades por parte de todos los actores armados.

El programa del Magdalena Medio, ofrece un ejemplo de estrategia que asocia participación de la población, concertación con las autoridades elegidas, búsqueda de construcción de la paz.

Conviene estudiar la posibilidad de lanzar otros programas de este tipo, incluyendo aquellas regiones que, sin ser las más afectadas por la economía de la droga o por el conflicto armado, padecen un proceso de descomposición social. Es así mismo deseable diseñar programas de apoyo a los desplazados que, más allá de la ayuda de emergencia, contribuyan a su reinserción a las actividades productivas.

CUARTO. Propuestas del Comité

Creación de un Grupo de seguimiento de la situación colombiana en el seno de las instituciones europeas.

Convocamos a la Unión Europea a instalar un Grupo permanente de seguimiento de la situación colombiana. Este Grupo haría conocer periódica y públicamente, su evaluación de la evolución del conflicto y del proceso de negociación.

No se trata de una mediación, que no está por el momento al orden del día, sino de un seguimiento que permitiría convocar a las diversas partes en conflicto al respeto del derecho internacional humanitario y a tener en cuenta las exigencias democráticas. Sería por ejemplo deseable que este Grupo emitiera su opinión sobre el desarrollo del proceso de negociación, actualmente suspendido, y sobre los diversos factores que lo amenazan, tales como el uso abusivo por parte de las FARC de la zona que les ha sido concedida o la pasividad de las fuerzas armadas frente a los grupos paramilitares. Debería también invitar a las guerrillas a dar signos tangibles de su voluntad de paz. Debería por último convocar al cese al fuego.

En la medida en que las guerrillas aspiren a una transformación sustancial del régimen y, en un más corto tiempo, a una forma u otra de reconocimiento internacional, este grupo de la Unión Europea debería establecer los requerimientos para que tales aspiraciones puedan tenerse en cuenta.

Creación de una conferencia internacional.

Este Encuentro Internacional convoca a la reunión en Francia de una conferencia internacional en la que participarían universitarios, actores sociales, partes en conflicto, para debatir, con el acompañamiento de personalidades intelectuales independientes y de representantes de gobiernos, las formas que pudiera asumir una solución al conflicto en el marco del respeto a los principios democráticos.

C. Creación de un foro permanente

Este Encuentro acuerda la creación de un foro permanente de reflexión sobre los temas esenciales del proceso de paz. Tal foro tendría por vocación el desarrollo de una evaluación técnica sobre los temas abordados en las negociaciones e invitar a actores del conflicto y representantes gubernamentales para facilitar un dialogo continuo y profundo.

D. Solidaridad con los universitarios colombianos y creación de un comité universitario internacional.

Este Encuentro Internacional rechaza solemnemente toda tentativa de intimidación. La tradición multisecular de la universidad es la de la independencia y del asilo. Este Encuentro Internacional solicita a los gobiernos europeos hacer las previsiones para la acogida de nuestros colegas colombianos amenazados.

Este Encuentro Internacional acogiendo la invitación del comité universitario francés acuerda la conformación de un Comité Universitario Internacional compuesto de diferentes comités nacionales deseosos de hacer sentir su solidaridad con Colombia.

Les membres du Comité Universitaire français pour la Colombie:

Michel Agier, Directeur de Recherches à l'Institut de Recherches sur le Développement.

Marc Augé, Directeur d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Jean-Michel Blanquer, Directeur de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine.

Vincent Gouesset, Maître de Conférences à l'Université de Rennes

Christian Gros, Professeur à l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine

Guy Hermet, Directeur de Recherches à la Fondation des Sciences Politiques

Alain Joxe, Directeur d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Yvon Lebot Directeur de Recherches au CNRS

Olivier Mongin, Revue Esprit Georges Lomné, Professeur à l'Université de Marne-la-Vallée; Edgar Morin Directeur de Recherches au CNRS

Daniel Pécaut, Directeur d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Philippe Texier, Magistrat

Alain Touraine, Directeur d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Nelson Vallejo-Gomez, chargé de mission au Ministère de l'Education Nationale

Michel Wieviorka, Directeur d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.



Les participants suivants:



Malcom Deas, San Antonys College, Oxford

Ciro Krauthausen, Sociologue et journaliste, Berlin

Klaus Meschkat, Université de Hannover, Allemagne

Stephen Randall, Université de Calgary, Canada

Joaquin Villalobos, Université d'Oxford



Han anunciado ya su adhesión para los próximos días, numerosas personalidades académicas de Europa y los Estados Unidos



Comunicar adhesiones a:

Sylvia Tabet s.tabet@univ-paris3.fr

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