Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/06/03 21:47

Llantas usadas: no hay quien las recoja

Una providencia del Consejo de Estado deja en evidencia que no existe un mandato que obligue a los productores o comercializadores a recoger las llantas usadas que abundan en las calles.

Recientemente, Argos y Enrique Peñalosa firmaron un acuerdo relacionado con el tema de llantas. Foto: Archivo SEMANA

Durante el mandato de Gustavo Petro la contaminación por llantas usadas volvió a ser noticia por la intención del exalcalde de responsabilizar al Distrito de su recolección. En ese entonces, los concejales se opusieron alegando que era obligación de los fabricantes y comercializadores, pero una decisión del Consejo de Estado pone en evidencia que no hay un mandato legal que los obligue a recogerlas.

Con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, la corporación negó una acción de cumplimiento que presentó un ciudadano para que el Ministerio de Ambiente obligara a las empresas que comercializan dichos productos automotrices a librar a los ciudadanos de ese incómodo material contaminante.

Cuando Petro quiso empoderar a su propia administración para recolectar las llantas usadas y hacer de ellas un insumo para el reciclaje, muchos cabildantes criticaron la iniciativa por considerar que era imponerle al Distrito una carga innecesaria que ya estaba en cabeza de los propios comerciantes del sector automotriz.

Al fin, los planes del burgomaestre para que ese material fuera usado, por ejemplo, como materia prima en labores de reparcheo de las calles, no pudieron ser implementados. Sin embargo, la contaminación siguió creciendo, al punto de generar alertas en sectores como Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Kennedy y Chapinero.

El cambio de administración también trajo un cambio de percepción de otros actores políticos frente al problema, pues al nuevo alcalde Enrique Peñalosa sí se le recibió con beneplácito la propuesta.

Recientemente, el nuevo mandatario distrital anunció la firma de un acuerdo con la cementera Argos para que esa empresa se encargara de incinerar las llantas que pudieran recoger las autoridades.

Pero el problema que parece irse solucionando paulatinamente en Bogotá sigue siendo una realidad difícil de enfrentar en los demás municipios del país.

Por eso, un ciudadano trató de obligar a las autoridades nacionales a que se comprometieran más decididamente para evitar que la contaminación, la proliferación de plagas y enfermedades que generan las llantas viejas en las calles sigan complicándole la vida a la gente.

Lo hizo a través de una acción de cumplimiento que fue conocida por el Consejo de Estado. Según el accionante, una resolución expedida por el Ministerio de Ambiente en el 2010 obligaba a los comerciantes del sector a recoger ese material. De ahí su intención de que los magistrados ordenaran a las autoridades hacer cumplir esa obligación.

No lo logró. Según la corporación, si bien esa norma establece que quienes fabrican o comercializan el producto deben colaborar con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, no hay una regla clara que señale cómo deben cumplir esta obligación.

Así las cosas, para el Consejo de Estado esta reglamentación sólo impone deberes para que las autoridades desarrollen políticas públicas que impidan que la acumulación de llantas usadas en las calles se convierta en un problema, pero no establece deberes concretos que permitan imponerles órdenes judiciales a través de una acción de cumplimiento como la interpuesta por este ciudadano.

Al final, lo que queda en evidencia es que no existe una estructura legal que imparta responsabilidades específicas a las diversas autoridades, lo que explica el caos en el que se ha convertido la disposición de estos elementos en las calles de las poblaciones colombianas.

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