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| 9/25/2000 12:00:00 AM

Llegaron los gringos

La visita de Clinton a Cartagena es simbólica. La realidad es que el Plan Colombia ha desatado una presencia norteamericana sin antecedentes en las instituciones colombianas. ¿Dónde están los gringos y qué implicaciones tiene ese fenómeno?

La presencia de Bill Clinton en Colombia le agrega un toque dramático a la trillada discusión ideológica alrededor de la multimillonaria ayuda gringa para el Plan Colombia. Que si la ayuda traerá más guerra y desolación como dicen los críticos, quienes evocan los fantasmas de Vietnam cada vez que se habla de asesores; que si será más bien un plan de paz, como lo llama el gobierno; que si los helicópteros y el mítico poder de inteligencia satelital de los gringos serán el garrote que garantice el éxito de las conversaciones del Caguán, como sueñan los más duros.

Es una discusión sosa, llena de prejuicios y con poca información. Por eso, más que seguir esperando el incierto destino que traerá el Plan Colombia, es más útil para el país conocer exactamente en qué consiste la ayuda norteamericana, dónde se está dando y cómo se está definiendo. Allí, en los hechos, aparecen las luces y las sombras de la intervención, lo que va pintando bien o mal, lo que hay que corregir o reforzar.

Para empezar, lo que los colombianos no saben es que la tan anunciada visita de Clinton, que paraliza medio país, en realidad es el sello oficial a la más ambiciosa y compleja estrategia que Estados Unidos haya emprendido jamás contra el narcotráfico en país alguno. Esta estrategia va desde erradicar cultivos, destruir laboratorios, quitarles soporte militar a las plantaciones de coca y amapola, hacer interdicción en puertos y aeropuertos, hasta manejar los desplazamientos, educar en derechos humanos, perseguir el lavado de dólares y el contrabando y mejorar la implementación de la justicia y la seguridad carcelaria

SEMANA revela cómo esta gran acción conjunta, que busca cerrarle todos los caminos al tráfico de drogas, y que en algunas áreas va más allá del solo objetivo antinarcóticos, involucra a decenas de instituciones en Colombia y Estados Unidos. Una buena medida del crecimiento exponencial de la presencia estadounidense en Colombia la dio Samuel Berger, el poderoso asesor para la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en rueda de prensa en Washington la semana pasada:

“Nuestras contribuciones incluyen un crecimiento en 10 veces de fondos —de 20 millones a más de 200 millones de dólares— para promover democracia, reforma judicial, derechos humanos y desarrollo alternativo”.

¿Esto qué quiere decir en concreto? Para la muestra algunos ejemplos: que los norteamericanos están colaborando en el montaje de una gran data warehouse en MinHacienda para detectar lavado de dinero —del narcotráfico o de otros delitos como corrupción o secuestro—; están capacitando jueces, fiscales y guardias de prisiones colombianos seleccionados con detector de mentiras; han asesorado el montaje de un puerto modelo en Cartagena en el cual es casi imposible meter contrabando o sacar droga y donde, sin embargo, fluye fácil el comercio exterior legal; han financiado 20 Casas de Justicia (una que va a inaugurar Clinton en Cartagena) para resolver conflictos sencillos; han donado una embarcación guardacostas Point Class para patrullar el mar; están trabajando con el Inpec para estandarizar las cárceles por norma ISO 9200, empezando por la de Valledupar, que alojará a los presos más peligrosos y corruptores; han traído un experto en desplazamiento forzado, que los asesoró en Kosovo, para desarrollar estrategias de atención más eficaces a esta población y están considerando, junto con sus pares en Colombia, intercambiar información de los contribuyentes para detectar evasores. (El gráfico adjunto es una síntesis de lo que hacen los principales departamentos de Estados Unidos y cómo se vincula con decenas de instituciones colombianas).



El plan del plan

No todas las acciones de Estados Unidos en este país hacen parte del Plan Colombia. Algunas son el resultado de convenios diferentes, unos con mayor antigüedad que otros, como el suscrito entre el Financial Crime Enforcement y el Ministerio de Hacienda, o entre las aduanas colombiana y estadounidense, o entre la Fiscalía que encabeza Janet Reno y la Fiscalía o la rama judicial colombiana.

No obstante el impulso de toda la estrategia norteamericana se debe, como es de esperar, a los 1.300 millones de dólares que ha resuelto ponerle al Plan Colombia. El gran libreto de este plan es el plan de implementación, que está casi listo. Ha sido fruto de varias semanas de trabajo de un grupo de tarea de muchas instituciones colombianas: el Plante, la Policía Antinarcóticos, Ejército, Fuerza Aérea, Armada, la Red de Solidaridad y delegados de varios ministerios y de la rama judicial, entre otros.

La tarea de acción social, que incluye los pactos de sustitución de cultivos con campesinos, la asistencia humanitaria a desplazados por la sustitución (como dijo jocosamente un funcionario: no hay raspachines de yuca o de plátano), el cuidado del medio ambiente y la creación de infraestructura que permita la supervivencia de la economía que reemplace la coca es coordinada por la Presidencia directamente. Lo mismo sucede con las tareas en fortalecimiento institucional y derechos humanos.

Las acciones contra el narcotráfico, en fumigación e interdicción, son coordinadas por Policía y FF.MM. Pero todos van a las reuniones para coordinar las acciones sociales y militares. “Se trata es de sincronizar a todos los estamentos, emprender la tarea central, atacar por todos los medios la producción de cocaína en Putumayo y Caquetá, en el Magdalena Medio y de heroína en Nariño, Cauca y Tolima”, dijo uno de los asistentes, quien además destacó el hecho de que por primera vez militares y policías han hablado con la Red de Solidaridad y otros encargados de acciones humanitarias, para elaborar una acción coordinada.



Bueno o malo

La gran pregunta entonces es si toda esta ofensiva institucional de Estados Unidos, además de la que va a consumir la gran mayoría de los recursos: el componente militar, es positiva para el país o no lo es.

Funcionarios del gobierno son categóricos. Primero, dice Gonzalo de Francisco, coordinador en las tareas sociales e institucionales del Plan Colombia, los proyectos son iniciativa colombiana. Los estadounidenses no están diciendo en qué se debe invertir su dinero, ni cómo desarrollar las acciones. “Sólo llenamos la forma Minerva para que ellos sepan exactamente en qué vamos a gastar la plata”, explicó.

Jaime Ruiz, superministro, coincide y sostiene que las instituciones colombianas se están fortaleciendo como producto de este Plan; están aclarando su propia tarea y trabajando mucho más coordinadamente con los otros.

Para otros la cosa no es tan clara. “Este gobierno no tenía alternativa diferente a solicitar ayuda para fortalecer el Estado debido a la crisis fiscal y al debilitamiento obvio de las Fuerzas Militares ante las Farc. Era un deber y un derecho, dice Luis Alberto Restrepo, investigador del IEPRI. No obstante, sustituir la institucionalidad debilita las capacidades de respuesta interna”.

En síntesis, existe una preocupación legítima acerca del Plan Colombia. Esta sí más real y concreta que toda la retórica de la vietnamización. Y consiste en que la agenda de Estados Unidos no se imponga sobre la agenda colombiana y los intereses colombianos. Porque si esto sucede, en lugar de contribuir a fortalecer el Estado, terminará por hacerlo aún más dependiente y débil.



¿Elites en coche?

Hay otra preocupación frente a la llegada de la ayuda y la presencia norteamericana: que la dirigencia colombiana sienta que Estados Unidos le va a dar una lucha que ella misma se ha mostrado reticente a pelear. “Hay una tendencia de las élites de que vengan los gringos y nos resuelvan los problemas, lo cual es erróneo”, dice Restrepo.

“Tenemos que hacernos la idea, los problemas de Colombia sólo los resuelven los colombianos. Estados Unidos sólo está dispuesto a colaborar”, dice Luis Alberto Moreno, embajador en Washington.

Por eso el Plan Colombia es para muchos un desafío enorme que va a intentar quitarle la larga adicción al dinero fácil que tienen hoy muchos estamentos de la sociedad colombiana, va a poner a prueba la fortaleza ética y el compromiso con el cambio, no sólo del gobierno sino de las élites colombianas.

Y en esto los gringos son sólo un catalizador de una serie de dinámicas que, como todas las que desatan las grandes crisis, pueden ser la oportunidad para construir un mejor país o el colapso definitivo de un Estado débil, corrompido y al filo del abismo.
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