“Llegaron a la vereda, lo acribillaron y quemaron la casa”

Este martes, Apartadó, en el departamento de Antioquia, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país, será el escenario en el que diez familias se reunirán para recibir los restos de sus seres queridos asesinados por paramilitares de la Casa Castaño, el Bloque Élmer Cárdenas, el Bloque Catatumbo, el Bloque Bananeros, el Bloque Héroes de Tolová, el Bloque Mineros y la guerrilla de las FARC.

Durante las ceremonias de entrega de restos realizadas semanalmente en todo el país, se oyen historias dolorosas de familiares de víctimas de grupos alzados en armas que lo único que piden es saber la verdad.

Allí, además de ellas, están presentes funcionarios de la Fiscalía, miembros de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), del gobierno nacional, quienes brindan a los familiares todo tipo de acompañamiento.

Por ello, una de las tareas más complejas de Justicia y Paz es la exhumación de las fosas señaladas por los paramilitares que, desde su desmovilización, han mostrado los puntos del país que se convirtieron en cementerios.

La hermana de una de las víctimas cuyos restos serán entregados en Apartadó relató el momento por el que ella y sus familiares tuvieron que pasar en noviembre de 1997, cuando su hermano de 17 años fue asesinado por miembros de las Autodefensas en el municipio de Dabeiba (Antioquia).

“Llegaron a la vereda La Balsita, en donde él vivía, lo acribillaron y quemaron la casa. Ese mismo día asesinaron a un primo”, dijo.

Otros testimonios cuentan la forma como tuvieron que velar y enterrar a sus familiares. Por ejemplo, el caso de otro joven de 19 años, asesinado en el municipio de Necoclí (Antioquia) en 1995: “Un grupo de paramilitares al mando de los hermanos Castaño Gil lo asesinó en la casa, allá fue velado y luego llevamos el cuerpo al cementerio de la vereda”, cuenta la tía del joven fallecido.

Por otro lado, la esposa de un hombre de 33 años relató cómo junto a sus seis hijos menores de edad vio morir a su cónyuge: “Un grupo armado de las Autodefensas llegó hasta mi casa y tumbó la puerta, lo encañonaron y lo torturaron. Le propinaron un disparo a la altura del pulmón y varios en el cráneo. Velamos su cuerpo en la casa y lo inhumamos en un cementerio cercano”, relató.

Entre las víctimas que serán entregadas este 21 de octubre en la sede de la Corporación Autónoma de Urabá (Corpourabá) está un menor de 16 años. Su madre recuerda con dolor el día que vio por última vez a su hijo, en noviembre de 1996. “Llegaron a la casa dos hombres, lo amarraron y se lo llevaron. Lo desaparecieron, pero una comisión del grupo de exhumaciones de Medellín recuperó varios cuerpos en junio del 2012, entre ellos el de mi hijo”, narró.

Los restos de las víctimas fueron recuperados gracias a información suministrada por los mismos familiares. La exhumación se realizó en fosas ubicadas en fincas o cementerios de Necoclí, Dabeiba, Ituango y Carepa (Antioquia); Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba), entre el 2009 y el 2012.

Pero las cifras son escandalosas. Desde el 2007 hasta septiembre de este año, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía ha logrado entregar los restos de 2.653 víctimas, y los archivos reportan que entre esas fechas se han encontrado 4.406 fosas comunes y 5.655 cuerpos han sido exhumados en todo el país.