Llegó la cuchilla

El gobierno emprendió la semana pasada la ofensiva jurídica para combatir el conflicto armado. Y nuevamente estas medidas, como toda la estrategia de seguridad de Alvaro Uribe, encendieron la polémica.

Los defensores de derechos humanos y varios congresistas pusieron el grito en el cielo. Unos revivieron el fantasma del Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay Ayala, otros alertaron que el decreto atacaba directamente a la población civil y el representante Gustavo Petro acusó en El Tiempo al Presidente de "ser un niño que juega a la guerra con soldados de carne y hueso".

Uribe recibió las críticas con tranquilidad. Dándole la bienvenida a la controversia, antes de viajar a Nueva York, dijo que si se leía detenidamente la norma era evidente que respetaba la integridad de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El representante Milton Rodríguez fue más allá en su defensa. "No podemos tener una legislación para ángeles ni tener maniatadas a las Fuerzas Militares", dijo a los medios.

¿Quien tiene razon?

El Decreto 2002, expedido el 10 de septiembre al amparo de la conmoción interior para el control del orden público, tiene tres ejes fundamentales.

Primero, crea una coordinación en el terreno entre la Fiscalía, la Procuraduría y los militares. Para ello dispone que un fiscal, agentes del CTI y un agente especial del Ministerio Público acompañen de tiempo completo a cada uno de los pelotones de las Fuerzas Militares en las zonas de orden público. Segundo, amplía el poder de las Fuerzas Militares para que adelanten funciones de Policía Judicial cuando exista una "urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro". En esos casos extremos les permite, con la sola autorización verbal de un fiscal o sin ninguna orden judicial, realizar allanamientos, requisar lanchas, carros o aviones y capturar personas sospechosas de haber cometido o de tener planes para cometer delitos.

Y como tercer eje contempla la creación de unas zonas de rehabilitación y consolidación. En esos territorios, que son los más afectados por el conflicto armado y serán delimitados por el Presidente, se restringirán los derechos de los ciudadanos con el objetivo de recuperar la seguridad del lugar. El alcalde o el gobernador podrán decretar toques de queda, retenes militares, permisos especiales para circular o salir del municipio -e incluso para vivir allí- y utilizar temporalmente bienes de particulares cuando se requieran para proteger de manera urgente la vida y la salud de las personas (ver recuadro).

El decreto también dispone que el comandante militar que designe el Presidente asumirá el control operacional de toda la Fuerza Pública del lugar. Ese oficial quedará facultado para recoger, verificar y conservar información acerca del lugar de residencia y el oficio habitual de las personas que vivan, transiten o ingresen a la zona y podrá retener a cualquier individuo que no porte su documento de identificación durante 24 horas mientras verifica que no es requerida por ninguna autoridad.

Los pros y los contras

El gobierno considera que estas medidas son necesarias para facilitar la labor de una Fuerza Pública que con frecuencia se queja de que las normas legales son su mayor obstáculo para combatir a los guerrilleros y los paramilitares.

"El contenido del decreto satisface las necesidades que tenemos en las zonas de orden público", afirma el coronel William Pérez Laiseca, segundo comandante de la Brigada 12 en Caquetá. Explica que en municipios tan complicados como los de su departamento es frecuente que cuando la tropa persigue a una columna guerrillera ésta se esconda en un caserío. Los militares saben que los subversivos están en alguna de las 10 ó 15 casas. Si supieran en cuál podrían hacer el allanamiento en caliente. Pero como no es así, y tampoco disponen de una orden judicial, deben suspender el operativo. Mientras consiguen el documento pueden pasar varios días y para entonces los guerrilleros ya están monte adentro. "Uno se siente impotente en esos casos y eso ocurre todos los días", dice. Con el nuevo decreto, la idea es que el fiscal que irá con ellos podrá expedir inmediatamente la orden. En caso de que no cuenten con este apoyo podrán obtener la autorización por teléfono y si esto es imposible podrán allanar las 15 casas hasta ubicar a los guerrilleros.

Los defensores de derechos humanos consideran que esta posibilidad abre la puerta para que se cometan muchos excesos. "En la mentalidad de la oficialidad se admite la necesidad de la guerra sucia como un ingrediente necesario para ganar o contener la guerra irregular. Habrá abusos sobre la población civil que, sumados a la ineficiencia, con el transcurso del tiempo, pueden terminar revirtiéndose contra las estrategias gubernamentales", afirma el último análisis del Observatorio de Paz, que congrega a varios expertos en el conflicto armado. El coronel Pérez admite esos peligros. "Habrá riesgos de cometer excesos pero nuestro reto es minimizarlos porque es más importante estar legitimados que tener éxitos", afirma.

El alcalde de un municipio del Caquetá de 16.000 habitantes, que prefirió hablar bajo el anonimato, cree que el decreto tiene cosas buenas y cosas malas. "Lo de poder hacer allanamientos y detenciones preventivas ayuda", dice desde su exilio en Florencia por amenazas de las Farc. Cree que las dos tomas que ha sufrido su pueblo se hubieran frustrado si la Policía hubiera contado con las facultades que le da el decreto. Cuenta que unos campesinos denunciaron que había gente rara en su vereda y que en una de las casas habían escondido unos cilindros. La Policía paró a algunas de esas personas pero como tenían sus documentos en orden los tuvo que dejar ir y esperar a que atacaran.

Dos días después el pueblo estaba destruido y la orden de allanamiento de la seccional de la Fiscalía todavía no había llegado. "Soy un defensor acérrimo de los derechos humanos pero la protección debe ser integral. Es berraco ver cómo los grupos al margen de la ley violan los derechos de la gente todos los días y uno no puede hacer nada", afirma el alcalde, quien confía en que las nuevas medidas del gobierno le permitan volver a gobernar a su pueblo. Dice, sin embargo, que rechaza la idea de carnetizar a la gente. "Puede ser de doble filo y comprometer a la comunidad. Si la guerrilla para a alguien y ve que tiene el carné lo mata", dice. Recuerda que en San José de Fragua, otro municipio del Caquetá, la alcaldía carnetizó a la gente para protegerla de las autodefensas, que mataban al que anduviera indocumentado. Las Farc, sin embargo, lo sintieron como una afrenta personal y dieron a la gente un plazo de dos días para desechar los carnés. Y quien no lo hizo sufrió las consecuencias.

Por los peligros inherentes a las medidas de excepción en el mundo entero existe un fuerte debate sobre su utilidad para contrarrestar las acciones terroristas. "Parece claro que cuando el terrorismo alcanza un nivel generalizado como en Colombia es inevitable adoptar una legislación de excepción, afirma Román D. Ortiz, un experto español en temas de seguridad en América Latina. Pero implica riesgos porque estás tratando a un conjunto de la población como potenciales sospechosos. Eso es malo porque una cosa clave es discriminar a la población civil de los terroristas". El otro riesgo es que en la medida en que el Estado reduce los derechos de los ciudadanos les da argumentos a los grupos terroristas para tildar al gobierno de totalitario. "La batalla contra el terrorismo es también una batalla por reafirmar que tu autoridad es legítima y que la del terrorista no lo es", explica Ortiz.

Dicho esto el investigador, que conoce a fondo el caso colombiano, rescata que el decreto tenga varias salvaguardias para evitar abusos. La más importante es la estructura de apoyo de los fiscales, los delegados de la Procuraduría y los agentes del CTI que acompañarán a los pelotones militares. Una estructura similar se creó el año pasado en Arauca y sus éxitos son contundentes. Mientras que en los últimos 15 años sólo tres personas habían sido capturadas por las voladuras del oleoducto, desde que un fiscal, tres investigadores del CTI, de la Dijin y de la Sijin trabajan tiempo completo con la Brigada 18 del Ejército se han reducido los ataques a un tercio, se han realizado 56 capturas, 94 allanamientos y se han abierto 67 investigaciones previas, según datos de la Fiscalía. Los fiscales y sus equipos se turnan cada mes para vivir allí y salen en los operativos con la Fuerza Pública. Entre sus éxitos también está la incautación de una avioneta con armas para la guerrilla, el decomiso de 234 millones de pesos en el aeropuerto de Arauca y la desarticulación de las milicias del ELN en Saravena.

El otro punto positivo que destaca Ortiz es el que exista un comandante militar que tenga el mando único sobre todas las tropas. Porque un problema de la Fuerza Pública en Colombia, y en casi todo el mundo, es la falta de coordinación entre la Policía y el Ejército y entre éste y la Armada y la Fuerza Aérea. El que todos respondan a una sola cabeza garantiza una mayor eficiencia a la hora de actuar contra la guerrilla y los paras. En este punto es importante también que, si bien el comandante tiene total control de los demás miembros de la Fuerza Pública, no está por encima del alcalde ni del gobernador, que siguen siendo la máxima autoridad, lo cual es una garantía. Esta es una de las principales diferencias con los Teatros de Operaciones de la Ley de Seguridad de Andrés Pastrana que tumbó la Corte Constitucional. La otra diferencia sustancial es que esa ley no fue dictada bajo el estado de conmoción interior, que le permite al Presidente tomar medidas como las de este decreto.

Como en el caso de los soldados campesinos y de la red de informantes, el éxito o el fracaso de esta medida gubernamental dependerá de cómo se lleven a la práctica. Como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Y en todo caso, así éstos funcionen a la perfección y sean eficaces para recuperar el control inicial de la zona, de nada servirán si no se llega inmediatamente después con la presencia estatal permanente manifestada en jueces, maestros y servicios públicos. Sólo así podrán existir verdaderas zonas de consolidación y todo este esfuerzo habrá valido la pena.