Llegó la dolorosa

La semana pasada 151.000 colombianos, 93.000 empresas y 4.200 grandes contribuyentes recibieron una carta de la Dian que les avisaba que en los próximos días tendrán que pagar el nuevo impuesto de guerra del 1,2 por ciento del patrimonio líquido. La misiva les informaba el monto de la millonaria suma, lo que generó críticas a la Dian, y remataba con una frase lapidaria: "El país le agradece su esfuerzo".

Este papel ha puesto a temblar a más de uno, sobre todo cuando encontraron la carta abierta en el casillero del edificio. No había pasado ni una semana del anuncio cuando los bancos publicaron avisos en los periódicos en los que ofrecen líneas de crédito para pagar el impuesto. Porque lo cierto es que, dada la iliquidez que se vive en la crisis actual, muchos particulares tendrán que endeudarse para cumplir con esta obligación.

Los empresarios, por su parte, sacaron calculadora y comenzaron a reducir sus expectativas de utilidades por cuenta del impuesto. Y hasta los grandes 'cacaos' han solicitado que les den un plazo.

"Hemos acompañado el impuesto pero obviamente quisimos negociar unos placitos, dice Ricardo Obregón, presidente del Grupo Bavaria. Lo importante es que esto no genere una colusión dentro del sistema financiero porque muchas empresas no tienen el dinero en la caja para poder aportarlo de una vez".

Un empresario mediano dice que el impuesto puede reducir hasta en un 10 por ciento las utilidades de su compañía este año, que en todo caso podrían ser bastante pequeñas si el dólar sigue disparado. "Para mi empresa es un billete largo. Pero prefiero pagarle el 1,2 por ciento de mi patrimonio a Uribe que el ciento por ciento a 'Marulanda'. Eso sí, espero que el Presidente lo gaste bien", afirma uno de los contribuyentes que recibieron la carta.

La gran pregunta

Como este empresario, miles aceptan con resignación el golpe, pero se preguntan a dónde irán a parar estos nuevos recursos, máxime cuando sería la tercera vez en menos de 10 años que tienen que desembolsar plata extra para financiar el gasto militar. El reciente jalón de orejas del presidente Alvaro Uribe a los mandos del Ejército para que muestren resultados pronto ha hecho crecer aún más sus expectativas sobre que, ahora sí, el conflicto va a entrar en la recta final. ¿Qué tan cierto es que más plata redundará en mayor eficiencia?

El gobierno espera recaudar dos billones de pesos con este impuesto. De estos recursos sólo el 40 por ciento -es decir, 800.000 millones- serán recursos verdaderamente frescos para las Fuerzas Militares. El 60 por ciento restante se utilizará para cubrir el faltante en los presupuestos normales del sector Defensa para 2002 y 2003, que quedaron desfinanciados por efectos del ajuste fiscal del gobierno Pastrana.

Un poco más del 10 por ciento de los recursos adicionales -94.000 millones- se invertirán en seguros para el transporte público y de carga, protección para alcaldes, gobernadores y diputados y fortalecimiento de Defensoría, Procuraduría y Fiscalía.

Los otros 700.000 millones se invertirán en un plan de choque para 2003, que busca asegurar y consolidar la presencia militar, policial y judicial del Estado en áreas estratégicas del país.

Para ello el gobierno planea invertir una porción de estos recursos extras en garantizar que por lo menos el 80 por ciento de las aeronaves militares estén siempre en capacidad de volar (hoy si mucho están disponibles sólo el 35 por ciento) y el grueso restante en consolidar tres tipos de fuerzas para combatir a los guerrilleros y a los paramilitares.

La primera es una fuerza élite de pocos hombres que realizaría operaciones tipo comando en la selva en busca de los cabecillas de la guerrilla y los frentes que proporcionan el aparato logístico y de soporte de los grupos armados. Sería el equivalente de la Delta Force de Estados Unidos, con capacidad para penetrar lugares remotos, actuar rápidamente, destruir los blancos y eventualmente orientar operaciones más grandes de la Fuerza Pública hacia operativos específicos. "Son contraguerrilleros que actúan como guerrilleros", explica un funcionario del Ministerio de Defensa.

Fuerzas élite de este tipo, pero especializadas en antiterrorismo y antisecuestro urbano, también comenzarán a operar a principios del próximo año. Estos comandos serán entrenados con apoyo de Estados Unidos y de países europeos, especialmente Gran Bretaña.

El segundo cuerpo armado estará compuesto inicialmente por dos Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudras) adicionales y se espera llegar a tener una por cada división del Ejército. Estas brigadas móviles, compuestas por entre 4.000 y 5.000 soldados profesionales, contarán con el apoyo de helicópteros. Su función es reaccionar rápidamente frente a los ataques de la guerrilla.

La tercera será una fuerza de consolidación y estará compuesta por los soldados de apoyo en la zona rural que vivirán en sus casas. En marzo de 2003 ya habrá 15.000 y el gobierno tiene capacidad para financiar hasta 100.000 soldados y policías campesinos. Su objetivo es asegurar el control del territorio una vez que los soldados profesionales de las brigadas móviles hayan logrado hacer replegar a los grupos armados.

Que se va a hacer

"Aumentar el pie de fuerza es fundamental en una lucha contrainsurgente como la colombiana, afirma Román D. Ortiz, investigador del centro de estudios sobre seguridad Instituto General Gutiérrez Mellado de Madrid. Más aún si tienes que luchar en un país montañoso, cubierto de vegetación selvática, con mal clima y poblamiento disperso como Colombia, donde la tecnología no tiene el efecto multiplicador que podría tener en un desierto como el de Afganistán".

Todos los entrevistados están de acuerdo con él en que este aumento de pie de fuerza es clave. Actualmente hay en promedio ocho agentes por estación de Policía cuando el mínimo aconsejable es de 30, lo que los convierte en carne de cañón frente a los ataques guerrilleros. Mejorar el alistamiento de las aeronaves también tendrá un impacto visible a corto plazo, pues es en la capacidad aérea donde reside en este momento la superioridad militar de las Fuerzas Armadas frente a las Farc. Pero ¿serán estos dos billones suficientes para garantizar el fin del conflicto?

Más dinero no significa necesariamente mayor eficiencia. En efecto, el gasto militar en Colombia viene creciendo en forma sostenida a lo largo de los últimos años. Desde 1985 la asignación para defensa (Ministerio de Defensa, Policía Nacional y entidades descentralizadas del sector) ha aumentado del 9,8 al 14 por ciento del presupuesto general de la Nación en 2001.

Las Fuerzas Militares han duplicado en 10 años su participación de 0,95 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1991 a 2,1 en 2001. Si se incluyen la Policía y la ayuda militar de Estados Unidos el gasto militar estaría alcanzando los 3,5 puntos del PIB.

Por eso el debate sobre el nivel de gasto que el país debe asumir para librar la guerra con algunas posibilidades de éxito sigue vigente. Para el Ministerio de Defensa y el gobierno de Estados Unidos, Colombia está gastando mucho menos de lo que debería. La posición de ambos es que tanto el Estado como el sector privado tienen que hacer sacrificios fiscales y por eso el impuesto al patrimonio fue concebido en esa línea.

Por el contrario, la Contraloría General de la Nación dice que, en comparación con los países latinoamericanos, el gasto militar colombiano, si se suman todos los componentes, es de los más altos. En un informe publicado la semana pasada ese organismo afirma que la proporción del PIB que el país destina a la defensa no es tan baja para una economía con las características de la colombiana y en la actual situación que atraviesa.

El propio director de Planeación, Santiago Montenegro, admite que este impuesto, como todos, tiene un impacto negativo a corto plazo sobre la economía porque le saca dinero del sector privado, pero cree que a mediano plazo no hay mejor inversión que la que se hace en seguridad. Para él el desplome del crecimiento de la economía se debe al conflicto.

La Contraloría sostiene, por su parte, en todo caso, que si se toman medidas para tapar los hoyos negros por los cuales se cuelan recursos considerables destinados al gasto militar el sector podría liberar casi una décima parte de su presupuesto para operaciones militares. Hoy en día de los 8,6 billones de pesos que recibe el sector Defensa, el 84 por ciento se va a pagar funcionamiento y el 11 por ciento a inversión. Sólo en pensiones se va un 16 por ciento del gasto total (ver recuadro).

Que no se pierda

El gobierno de Alvaro Uribe se ha comprometido a que este gran esfuerzo del sector privado no se destinará a pagar pensiones ni correrá el riesgo de evaporarse en burocracia y corrupción. Y asegura que lo destinará exclusivamente a reforzar las operaciones militares. Sin embargo, dicen expertos, en el frente puramente operativo también habría que mejorar ciertos aspectos críticos para que este gasto militar adicional tenga un efecto real sobre la seguridad de los colombianos. Aspectos que dependen más de un cambio de cultura dentro de las Fuerzas Militares y de una mejor gerencia de la guerra que de mayores recursos. De lo contrario, ser muy eficiente simplemente podría llevar al país a llegar más rápido a donde no quiere ir.

"El diablo está en los detalles", afirma Ortiz, quien lleva años estudiando el caso colombiano. Dice que es indispensable tener una estrategia clara para recuperar el territorio, comenzando por las zonas más fáciles y las de mayor valor económico. En otras palabras, el Estado debe hacer el mismo proceso, pero a la inversa, de lo que llevan años haciendo guerrilleros y paramilitares.

También señala que es indispensable mejorar la capacidad de coordinación entre todas las fuerzas.

Aunque finalmente las diversas fuerzas están hoy en día llevando a cabo operaciones conjuntas todavía hay mucho por hacer. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea -y ni hablar de la Policía- no comparten información de inteligencia, no planean juntos y hasta tienen lenguajes de combate diferentes (los códigos que maneja un soldado en tierra no son comprendidos por un piloto de la FAC para ubicar una columna guerrillera, por ejemplo).

Aunque esta falta de articulación ocurre entre todas las Fuerzas Armadas del mundo es clave crear incentivos para estimular una cultura de operaciones conjuntas como lo hizo el Congreso de Estados Unidos en 1987 con la ley Goldwater-Nicholls.

Otros expertos dicen que si no se mejoran los procedimientos de contratación de las Fuerzas Militares la plata terminará diluyéndose. Hay focos de corrupción o desgreño administrativo que llevan a que, como lo revela el informe de la Contraloría, el Ejército esté comprando en el extranjero armas y municiones de especificaciones iguales a las que Indumil produce en Colombia, sólo que con sobrecostos superiores al 25 por ciento.

Tampoco se aprovechan las economías de escala ya que cada fuerza compra por su lado, incluso cuando adquieren las mismas armas. Y por último, Colombia termina pagando en ocasiones hasta tres veces más por su mal récord en derechos humanos. Ello por cuanto, por ejemplo, la Unión Europea no le vende armas al país por esa razón, lo que es grave ya que Francia tiene una de las industrias armamentistas más grandes del mundo. Estados Unidos, cuando le vende a Colombia, estudia las hojas de vida de cada uno de los integrantes de los batallones que recibirán las armas. Si encuentra que esa unidad no registra antecedentes de violaciones de derechos humanos expide el waiver necesario, pero ese proceso puede tomar hasta cuatro meses, que es mucho tiempo en este conflicto. Entonces Colombia termina pagando hasta 2.000 dólares por un fusil que Indumil produciría por 650 dólares porque le toca comprárselo a Suráfrica, Israel o Brasil.

Aunque el Ejército cuente con más recursos tampoco será necesariamente más efectivo si no asume un perfil más ofensivo y menos reactivo. Se trata de evitar casos como el denunciado la semana pasada al presidente Uribe por el obispo de Apartadó. El prelado Germán García Isaza informó al mandatario que la guerrilla estaba utilizando a la población civil como 'escudo' en el Cañón de La Llorona, a la entrada de Urabá. Uribe les preguntó a los comandantes militares presentes en la reunión si sabían esto y cuando ellos respondieron que sí les dijo que "aquí no hay más que ponernos las pilas y definir si somos capaces o no? Y que si no son capaces que renuncien".

Pero muchas veces el problema no es de voluntad de los militares sino de cultura militar y, por ende, la solución ideal no es tanto presionarlos sino proporcionarles una capacitación diferente. Y es que uno de los riesgos de este nuevo impuesto es que los colombianos, al confiar más en el deseo que en la realidad, comiencen a presionar en exceso al gobierno para rendir resultados inmediatos y éste se vea obligado a asumir políticas de alto riesgo que son fáciles de desarrollar pero difíciles de darles marcha atrás.

"Hay que evitar que las estrategias reales se vean dañadas por las necesidades políticas, dice Ortiz, quien explica que es importante avanzar con cuidado con los soldados y policías de apoyo para que no terminen trabajando para el narcotráfico o los paramilitares. Es necesario crear programas piloto y ponerlos a prueba para introducir cambios" , dice el experto.

También hay que hablar con todas las fuerzas políticas para que estas estrategias se conviertan en una política de Estado. Pero, sobre todo, dice, hay que ser muy estrictos en el cumplimiento de los derechos humanos.

Es que esta guerra en Colombia es una batalla por la legitimidad. Por recuperar una presencia democrática del Estado que no se reduzca a la permanencia de unos soldados sino que se traduzca en unos servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la gente, como la justicia, la seguridad, la educación y la salud.

Hacer todo esto, y hacerlo bien, cuesta. Eso lo saben los nuevos contribuyentes y por eso están dispuestos a hacer un esfuerzo de esta magnitud, incluso en medio de una crisis económica como la que vive el país actualmente. Pero cada uno de ellos estará pendiente de ver que su plata se traduzca en éxitos concretos de las Fuerzas Militares a mediano plazo. "Estamos de acuerdo con darles el respaldo porque creemos que habrá resultados. El país se ha jugado esa carta y son los militares los que ahora tienen que responder al nuevo voto de confianza que el pueblo les ha dado", afirma Obregón, presidente de Bavaria. Y aunque reconoce que no se pueden esperar grandes desenlaces pronto sí espera que la tendencia cambie. "Se tiene que crear la sensación de que el país es de nosotros".