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| 4/4/2015 10:00:00 PM

¿Llegó la hora de acabar el Inpec?

La fuga de alias el Desalmado, el asesino de cuatro niños es apenas un síntoma de la corrupción y la inviabilidad de las cárceles en Colombia.

La fuga de Cristofer Chávez, alias el Desalmado, de la cárcel Las Heliconias de Florencia, volvió a abrir el debate sobre la desastrosa situación en las cárceles del país, y de la inoperancia del Inpec.

Chávez salió de su celda a las tres de la mañana del domingo 30 de marzo. En medio de la penumbra pasó por el área administrativa, se arrastró por un patio y después tuvo tiempo para cortar dos mallas de seguridad con un cortafrío que tenía en su poder, y así salir a un potrero y darse a la fuga sin que ningún guardia se percatara. Se trataba del mismo hombre que confesó haber asesinado a mansalva a cuatro menores de una misma familia en febrero pasado en Florencia, crimen que estremeció al país. El hecho fue tan vergonzoso, que el director del Inpec, general  Jorge Luis Ramírez, dijo que no se explicaba tantas fallas en un mismo hecho, lo que apunta a que el Desalmado se fugó con la complicidad de guardianes del centro carcelario. Y no fue el único caso.

Días antes otro preso, el exsoldado Jorge Elías Álvarez –quien estaba a punto de cumplir una pena de 22 años por homicidio– se fugó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí aprovechando que estaba en una zona de poca vigilancia. Álvarez se fue hasta Caldas (Antioquia) donde asesinó a su exsuegra y después a su hija, a quien descuartizó. Posteriormente regresó a la cárcel. Según un fiscal que investigó el caso, el Inpec no supo dar cuenta si para el momento de los crímenes Álvarez estaba o no en los predios del penal. El doble asesinato, que conmocionó a los paisas, se pudo esclarecer gracias a indicios recaudados por la Fiscalía que llevaron finalmente al detenido a aceptar los cargos.

Estos dos aberrantes casos, unidos a la alta corrupción y permisividad de los guardias, que han hecho que las cárceles estén más en manos de todo tipo de bandas y delincuentes que del Estado, llevaron al vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, a proponer que la Policía asuma la seguridad de los penales del país y se retire a los guardias del Inpec, que según varios expertos se han convertido en un peligroso cáncer del sistema penitenciario. Sin embargo, las opiniones están divididas.

Para Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, la situación es tan dramática que no solo con remover al Inpec se solucionaría el problema. Por eso pidió de nuevo al gobierno, tal y como lo ha hecho desde hace dos años, que declare el estado de emergencia social. El hacinamiento, la falta de cárceles, la ausencia de un buen sistema de salud, el tráfico de armas y drogas o el pago por todo tipo de beneficios a caciques y guardas así lo ameritan.

Según la Defensoría, en el país hay 120.000 personas detenidas en cárceles que solo tienen capacidad para 77.000 cupos. Hay casos extremos como la penitenciaria de Riohacha, en La Guajira, que con una capacidad para cien internos tiene 587. Pese a que desde 2003 la población carcelaria prácticamente se dobló, los guardias pasaron de 9.000 a 12.000 en los últimos diez años. Si se tiene en cuenta que el personal del Inpec trabaja en turnos de 24 horas, podría decirse que 120.000 presos están siendo vigilados por apenas 6.000 funcionarios, en cárceles que en su mayoría no tienen condiciones modernas de seguridad. La verdad es que muchos no se fugan porque no quieren más problemas con la Justicia.

El hacinamiento no solo campea en las prisiones de la costa. En la cárcel Bellavista de Medellín, el hacinamiento es de un 487 por ciento, y los presos duermen en los pasillos y baños, pues para vivir en una celda hay que pagar sumas hasta de 2 millones de pesos. Luis Alberto Pinzón, miembro de un sindicato del Inpec en Antioquia, advirtió que en las noches hay un solo guardia que debe responder por la custodia de 1.400 internos.

En un espacio así, dice el dragoneante Bustamante, puede ocurrir cualquier cosa: un motín, una fuga masiva, una tragedia humana. Por eso Bustamante advirtió que antes de acabar al Inpec o sacar a la guardia, el Estado tiene que crear toda una infraestructura carcelaria que hoy no existe.

El general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía, dijo que la idea de que la institución asuma con un cuerpo especial el control de las cárceles no es nueva, pero es un asunto que el gobierno debe abordar. En algunos países la guardia carcelaria es una especialidad de la Policía, pero en otros no porque consideran que quien captura, juzga y protege a los condenados deben ser diferentes.  Mientras ese debate se da, “espero que el Inpec funcione mejor, pues es claro que hay evidencias que demuestran que los controles se están desvaneciendo dentro de las cárceles”.

Frente al debate, Yesid Reyes, ministro de Justicia, dijo a SEMANA que el Inpec está en condiciones de seguir prestando la seguridad en las cárceles, siempre y cuando no haya más operaciones reglamento o paros, y se logre la modernización del sistema penitenciario.

 Precisamente para revertir la dramática situación, el ministro dijo que el gobierno está trabajando en grandes frentes. El primero es la ampliación de nuevos cupos y la construcción de nuevas cárceles. En los próximos tres años se crearán unos 18.000 cupos nuevos, ya se están construyendo dos cárceles más en la costa Caribe, y se espera abrir la figura de alianzas público-privadas para construir otras prisiones. Dentro de esta ampliación está la figura de la privatización, en la que se le entrega a un privado la construcción y administración, más no la vigilancia, que seguirá bajo responsabilidad del Estado. La idea es reemplazar las viejas cárceles con nuevas y dotar a todas con tecnologías que permitan a los guardianes ser más eficientes.

La segunda línea es lograr una racionalidad de la detención preventiva que, gracias a la constante creación de delitos y su penalización con cárcel, tiene al sistema penitenciario reventado. En este momento, según el ministro Reyes, ya se aprobó en primer debate en el Congreso de la República un proyecto de ley que hace mucha más restrictiva la detención, solo para casos excepcionales y fija un límite para estar en esta condición sin juicio, ya que hoy hay detenidos que duran seis, ocho o nueve años presos sin ser condenados. La tercera línea es trabajar en la resocialización para evitar reincidencias, y, la última, buscar que el Consejo de Política Criminal limite las iniciativas que buscan castigar todos los delitos con cárcel o con el aumento de las penas.

El exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez reconoce que de tiempo atrás las soluciones planteadas a las distintas crisis se han quedado en eso, en la coyuntura. “Además de hacer más centros penitenciarios, aquí hay que inyectar recursos importantes para profesionalizar al cuerpo de guardia o definitivamente cambiarla por una de carácter policial. Porque no se hace nada solo cambiándole el nombre al Inpec”.

Así como en algunas ciudades de Colombia desaparecieron los guardas de tránsito para darle entrada a la Policía Nacional –aunque haya casos de corrupción–, la pregunta es si la Policía o un cuerpo adjunto debe asumir el control de las cárceles. El debate está abierto pero, debido a lo que está ocurriendo, no puede quedar así por mucho tiempo. No vaya a ser que otros Desalmados se fuguen para cometer más delitos.

Presos en fuga

Desde 2010 a la fecha se han escapado 20 internos de centros penitenciarios  en Colombia. La cárcel con más incidentes de este tipo es la Picaleña, en Ibagué, que se supone de alta seguridad. En diciembre del año pasado tres internos se escaparon de allí por los ductos de ventilación. Uno de ellos era César Polanco Cerquera, un cabecilla de las Farc comprometido en el asesinato de 14 policías, en el municipio de Doncello, Caquetá. La Picota, de Bogotá, considerada una de las más protegidas de Colombia, no se salva de las fugas. En octubre se presentó el último evento. A la hora del conteo, guardias del Inpec se percataron de que hacía falta John Alexánder Lasso, un hombre que cumplía una pena de diez años de prisión por el delito de hurto calificado y agravado. Lo curioso de este caso es que el Inpec tuvo que registrar durante varias horas la cárcel para confirmar que el reo en realidad les estaba haciendo falta.
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