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El exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, fue condenado a ocho años por la Corte Suprema de Justicia. Tres de los magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión de otorgarle casa por cárcel para pagar su pena | Foto: Carlos Julio Martínez

JUDICIAL

¿Llegó a su fin el caso de las chuzadas?

Tras la condena a Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado por las chuzadas del DAS. ¿Hablarán contra su exjefe y antiguos compañeros de la Casa de Nariño?

2 de mayo de 2015

La especulación sobre una de las decisiones judiciales más esperadas de los últimos tiempos llegó a su fin el pasado jueves 30 de abril. Ese día el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro, anunció las condenas contra el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por el caso de las llamadas chuzadas.

Desde hace un mes, cuando los magistrados revelaron que su fallo sería condenatorio se tejieron toda suerte de conjeturas sobre el tamaño de las condenas que purgarían los dos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe. Las cábalas pronosticaban que Moreno podría recibir una pena de entre diez y 15 años, y Hurtado, entre 18 y 25. Esto no ocurrió y los dos terminaron condenados a penas menores que, sin embargo, no dejan de ser contundentes.

En el caso de Moreno, la Corte Suprema lo condenó a ocho años al encontrarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Igualmente quedó inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante ese mismo periodo. Sin embargo, la sentencia contenía una buena noticia que incluso ni él mismo esperaba. Podrá cumplir con la condena en su residencia ya que los magistrados le otorgaron el beneficio de casa por cárcel.

Ese beneficio le fue concedido a Moreno no solo porque ya había estado privado de la libertad durante casi dos años al inicio del juicio, sino porque el exsecretario general de la Presidencia siempre acudió a las diligencias y audiencias a las que fue requerido. Nunca demostró intención de escapar o eludir a la justicia y a lo largo del proceso judicial jamás intentó sabotear el caso. Desde su casa Moreno tiene derecho a las rebajas que contempla la ley por estudio o trabajo. Sumando los dos años que ya pagó, y accediendo a esos descuentos legales, el exsecretario general podría quedar en libertad en dos o tres años máximo. La determinación no fue unánime y tres magistrados aclararon en el fallo que no estaban de acuerdo con los argumentos con los que la mayoría de los togados decidió otorgar el beneficio de casa por cárcel.

Condiciones similares pudo tener la exdirectora del DAS. Pero el hecho de haberse fugado a Panamá, en donde permaneció cuatro años en calidad de asilada, obraron en su contra al momento de proferir la condena. A diferencia de Moreno, la corte consideró que esa actitud demostraba su desprecio por la ley.

Hurtado fue condenada a 14 años de cárcel por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Además deberá pagar una multa de 28 millones de pesos y no podrá ejercer cargos públicos por los mismos años de la pena.

A lo largo de los casi cuatro años que duró el juicio, media docena de los más altos y cercanos funcionarios que trabajaron con Hurtado en el DAS declararon en su contra. Fernando Tabares y Jorge Lagos, exjefes de inteligencia y contrainteligencia respectivamente, condenados a ocho años de prisión, contaron a la corte que efectuaron seguimientos a magistrados, políticos de oposición y periodistas, entre otros, para cumplir instrucciones de Hurtado. La detective Alba Flórez, conocida como la Mata Hari, y otros dos mandos medios también confesaron a los magistrados que, por instrucciones de la exdirectora del organismo de inteligencia, instalaron a escondidas grabadoras para enterarse de las conversaciones privadas de los magistrados de la Corte Suprema.

De igual forma, en el juicio quedó documentado que por órdenes de Hurtado otros funcionarios del DAS realizaron montajes para atacar y desprestigiar a diversas personalidades. “Según quedó visto, de los varios sucesos que componen los hechos de la acusación, se tiene que María del Pilar Hurtado impartió instrucciones a sus subalternos para que realizaran acciones de inteligencia ilegales como lo fueron las que se desplegaron frente a Yidis Medina Padilla, Gustavo Petro Urrego, Ramiro Bejarano y César Julio Valencia Copete, al igual que la obtención de expedientes y grabaciones de sesiones de salas plenas de la Corte Suprema de Justicia y el registro de correos electrónicos de Piedad Córdoba y sus asesores”, dice uno de los apartes de la sentencia. “Tales actividades de inteligencia se ejecutaron sin que existiera una razón legítima que justificara la intervención del DAS, puesto que en realidad se fundaron en que estas personas eran consideradas opositoras del gobierno”, afirma otro fragmento.

La sentencia afirma que en algunas de esas acciones ilegales emprendidas por Hurtado, el exsecretario Moreno también participó activamente. “Por su parte, en relación con Bernardo Moreno Villegas, este también vulneró el interés jurídico de la administración pública cuando dispuso que el DAS recopilara información de Daniel Coronell y Gustavo Petro; así mismo, frente a los episodios de Yidis Medina y la filtración de fuentes humanas a la Corte Suprema de Justicia por parte de la detective Alba Luz Flórez Gélvez, se demostró que Bernardo Moreno Villegas fue receptor de la información que recopiló el DAS en forma irregular y en ese orden, es dable concluir que necesariamente la había requerido, impartiendo instrucciones orientadas a la obtención de esos datos”, dice la sentencia.

El fallo acoge la petición de los representantes de las víctimas de las chuzadas y anuncia que compulsa copias para que sean investigados por sus respectivos jueces naturales el expresidente Álvaro Uribe, así como otros exfuncionarios de la Casa de Nariño como Edmundo del Castillo, César Mauricio Velásquez, Jorge Mario Eastman, el exasesor José Obdulio Gaviria y el exdirector del DAS, Andrés Peñate.

Aunque ese aspecto acaparó los titulares el jueves pasado, en realidad se trató de un simple anuncio de trámite de la corte. Desde hace años prácticamente todos esos funcionarios ya vienen siendo investigados por ese tema en procesos que poco se han movido. Caso similar ocurre con el expresidente Uribe quien desde hace más de tres años tiene abierta una investigación por el tema de las chuzadas en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Lo que sí llama la atención en lo que respecta al exmandatario es que, según el documento de la corte, en el juicio no se logró probar que Uribe tuviera algo que ver con las chuzadas ni con las actuaciones de sus subalternos Moreno y Hurtado. “En los hechos del pliego acusatorio no se dio cuenta de la ejecución de conductas ilícitas realizadas entre 2005 y 2009 supuestamente ordenadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien habría organizado una estructura criminal desde el Estado con el propósito de neutralizar a sus opositores o contradictores políticos, desprestigiándolos ante la opinión pública”, afirma la sentencia.

La razón de este argumento, según el escrito, consiste en que durante el alegato final del juicio, la fiscal del caso vinculó al expresidente como parte de la estructura criminal pero a lo largo del proceso nunca presentó evidencia de eso. La tesis de la Fiscalía, dice la corte, simplemente se limitó a decir y probar que Moreno y Hurtado, junto con funcionarios del DAS y la Uiaf, conformaron una asociación criminal en el año 2007.

A pesar de esto, hay un factor que bien podría hacer que los casos contra Uribe y los otros altos funcionarios relacionados en el tema de las chuzadas tengan un giro en los próximos meses. Ya con una condena en firme, tanto Moreno como Hurtado podrían tener rebajas adicionales en sus penas si deciden convertirse en testigos y colaborar con la justicia, como lo ha expresado varias veces el fiscal general, Eduardo Montealegre.

En el caso del exsecretario general es poco probable que esto ocurra. En primer lugar, porque tener la casa por cárcel y pagar una pena efectiva relativamente corta de máximo tres años no constituyen una razón para que eventualmente decidiera irse en contra de sus excompañeros de la Casa de Nariño y mucho menos de su antiguo exjefe.

Caso distinto ocurre con Hurtado. Su condena es elevada y si bien ya no es posible obtener algún beneficio por declarar contra Moreno, jurídicamente ese escenario sí existe en el hipotético caso en que decida convertirse en testigo contra Uribe y los otros antiguos funcionarios de palacio investigados.

Con todas las rebajas contempladas por la ley por estudio y trabajo, Hurtado podría llegar a purgar una pena física que rondaría los ocho años efectivos. Eso, por sí solo, es un escenario bastante duro para ella. Al cierre de esta edición el Inpec no había definido en dónde cumpliría su condena. Una cosa es pagarla en la casa o en una guarnición militar y otra muy distinta estar en el Buen Pastor o las celdas del búnker, que serían los sitios de reclusión para la exdirectora. Esto podría inclinarla a buscar reducciones con lo cual el escenario de su exjefe y sus excompañeros se complicaría. En pocas semanas se sabrá si opta por ese camino.