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| 3/26/1990 12:00:00 AM

Lloreda habla sobre la rendición de los "capos"

ENTREVISTA AL CANDIDATO CONSERVADOR

Hace algunos días, SEMANA publicó las opiniones de los distintos candidatos y precandidatos sobre la cuestión del posible diálogo con el llamado grupo de Los Extraditables. En ese momento no fue posible obtener las opiniones del candidato conservador Rodrigo Lloreda. En esta entrevista, concedida por el ex canciller la semana pasada, se aclaran sus posiciones sobre el tema.

SEMANA: Desde distintos sectores se está acusando al gobierno de entrar en contactos y negociaciones con Los Extraditables. ¿Cree usted que la administración Barco ha negociado con ellos?

RODRlGO LLOREDA: Es indispensable distinguir dos etapas: el país sabe que el gobierno a través del secretario general de la Presidencia, Germán Montoya, mantuvo por espacio de un año conversaciones indirectas con los llamados Extraditables que se adelantaron a espaldas de la opinión pública colombiana. Sobre tal episodio, con su política del silencio y de no responder en los foros políticos, todavía el gobierno le debe una explicación al país: en un asunto tan delicado toda propuesta o gestión debe hacerse a la luz pública para que el país conozca su alcance. Posteriormente, y a raíz del incalificable asesinato de Luis Carlos Galán, el gobierno reconoció un estado de guerra que ha producido centenares de víctimas inocentes, cuantiosas pérdidas materiales y un estado general de incertidumbre que se ha reflejado negativamente en importantes sectores de la economía. Estos hechos me llevaron días antes de la denominada cumbre antidrogas en Cartagena, que por cierto colocó a nuestra heroica ciudad en la mira de la opinión internacional como otra capital de la droga, a dirigir una carta pública al presidente George Bush, en la cual consigno mi pensamiento sobre tan importante materia.

S.: ¿Pero en qué consiste su propuesta?

R.Ll.: Como es de conocimiento público, a mediados de enero Los Extraditables dieron a conocer un documento de rendición en el que se suspenden unilateralmente las acciones de guerra y ofrecen, bajo ciertas condiciones, suprimir el envío de drogas al exterior. Han transcurrido varias semanas y el gobierno colombiano no ha definido los términos de esa rendición. Pienso que debe hacerlo. Cuando en un conflicto bélico una de las partes acepta la derrota, corresponde a la otra establecer unilateralmente las condiciones de esa capitulación. Tal señalamiento no compromete principios jurídicos o éticos. Tampoco implica negociación, y mucho menos perdón para los responsables de tantos crimenes cometidos. Pero sí abre la posibilidad de acabar con la violencia derivada del narcotráfico, de sustraer a Colombia de esa actividad delictiva.

S.: El problema es que nadie ve muy claramente cuáles serían esas condiciones...

S.Ll.: Serían tres, a mi juicio, esas condiciones: en primer lugar que los responsables de las acciones delictivas, especialmente las que han significado el sacrificio de tantas vidas humanas, se entreguen a las autoridades para ser juzgados, si es del caso, por la justicia Penal Militar, aplicando penas aumentadas y propias del Estado de Sitio. En segundo lugar, que se indemnice a las entidades y personas afectadas por la guerra. Y en tercer lugar, que se garantice la suspensión del negocio ilícito y del envio de drogas al exterior. Colombia debe invitar a observadores internacionales para que verifiquen todo lo anterior.

S.: ¿Esto quiere decir que no debe haber más extradiciones?

R.Ll.: Considero que el castigo debe ser en Colombia. He propuesto apelar temporalmente a los jueces militares por estar mejor protegidos mientras se establece la autorización constitucional para que los jueces civiles que se ocupen de ciertos delitos, como el narcotráfico, el secuestro y el terrorismo puedan mantener oculta su identidad. Es la justicia sin rostro frente a la violencia sin rostro, fórmula que tan buenos resultados ha logrado en otros países. La reforma de la justicia que me propongo permitirá que no tengamos que acudir a la justicia extranjera para sancionar a los delincuentes. También es bueno recordar que la extradición se está adelantando por la vía administrativa en virtud de un decreto de Estado de Sitio que en cualquier momento puede perder vigencia. Así mismo la opinión pública debe recordar que los jueces en Estados Unidos son elegidos popularmente. Yo me pregunto, ¿es factible que se reelija un juez en ese país que haya absuelto a un colombiano? ¿Dónde están entonces las garantías?

S.:Todo esto cubre el aspecto de Colombia, como país productor. Pero usted nada propone con respecto a los países consumidores...

R.Ll.:Claro. El problema no se resuelve castigando exclusivamente a los narcotraficantes colombianos. Hay casos dramáticos como el de Marion Barry, alcalde de Washington, sindicado de ser comprador habitual de drogas ilícitas y, sin embargo, no ha sido procesado. ¿Cuál es la utilidad real de suprimir los focos productivos en Colombia si persiste en los E.U. y otros países un inmenso mercado capaz de generar muy rápidamente una nueva oferta? A largo plazo, la mejor --quizás la única-- solución para el problema sería la despenalización controlada de la droga. No existe, sin embargo, un ambiente político en los Estados Unidos para dar un paso de esa trascendencia. Pero sí se le puede exigir por ahora a ese país que actúe con mayor decisión y eficacia para reducir drásticamente la demanda. Sólo así existirá confianza internacional sobre la seriedad y el compromiso de los países consumidores.

S.:Y todo esto que usted propone ¿sí es viable?
R.Ll.:Yo creo que sí, en la medida en que se logren los siguientes puntos: ganar la guerra frente a la violencia y el delito, castigar a los delincuentes, eliminar o disminuir radicalmente el narcotráfico en Colombia, restablecer la justicia, indemnizar a las víctimas de la guerra, conseguir la paz para impulsar la economía y la inversión social y recuperar el orgullo nacional para restablecer la imagen del país en el exterior.-
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