Lo que está claro sobre Bernardo Moreno y lo que falta por establecer

La Procuraduría destituyó al ex secretario Privado de la Presidencia Bernardo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 18 años.

Aquella sanción proviene de un único cargo: se extralimitó en sus funciones al reunirse el 24 de abril del 2008 con funcionarios del DAS y de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) para conocer información privada del ciudadano Ascencio Reyes.

La historia de este encuentro se inició en noviembre del 2007, cuando Moreno le entregó a Mario Aranguren, director de la UIAF, un sobre que tenía información de un vuelo chárter que hicieron a Neiva en el 2006 algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El viaje, de acuerdo con la información que tenía el funcionario de la Presidencia, había sido patrocinado por la agencia de viajes Basan, propiedad de Ascencio Reyes, quien, supuestamente, tenía vínculos con el narcotráfico.

Moreno le entregó aquella información a Aranguren para que hiciera las verificaciones necesarias. En ese mismo mes, Moreno le pidió a María del Pilar Hurtado, entonces directora del DAS, “que verificara información del señor Ascencio Reyes, sus presuntos nexos con el narcotráfico y la posible infiltración de la Corte Suprema de Justicia”, según se lee en el fallo de la Procuraduría.

Hasta esta parte, la historia no presenta nada raro, según encontró la Procuraduría, “pues es deber de todo servidor público remitir al competente aquellos asuntos que sean de su conocimiento y respecto de los cuales carezca de competencia para tramitarlos”.

Lo grave ocurrió siete meses después, el 24 de abril del 2008. Ese día, Moreno “llamó a la UIAF... para pedir información de los avances del caso relacionado con el sobre que había entregado al Director de la UIAF en el mes de noviembre del 2007”.

“Ese mismo día, también se comunicó con la doctora María del Pilar Hurtado Afanador, Directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para que asistiera a su despacho con el fin de tratar asuntos relacionados con el señor Ascencio Reyes”.

En efecto, la UIAF envió a dos funcionarios con la información financiera de Reyes y su familia. “Las pruebas indican que el doctor Bernardo Moreno Villegas dedicó buena parte del día 24 de abril del 2008, en su oficina de la Presidencia de la República, a controlar los avances y resultados de las instrucciones que meses atrás había dado a los respectivos directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), sobre el tema Ascencio Reyes y su relación con la Corte Suprema de Justicia”, encontró la Procuraduría.

La presencia de los funcionarios del DAS, de la UIAF y del mismo Secretario de la Presidencia llevó a la Procuraduría a definir que el viaje de los magistrados, que ellos llamaban el caso ‘Paseo’, y todas las intrigas que lo rodeaban, “no recibieron tratamiento de asunto rutinario sino que, por el contrario, mereció la atención del Secretario General de la Presidencia de la República y de dos dependencias estatales encargadas de efectuar labores de inteligencia...”.

Ese tratamiento especial se evidencia, según a Procuraduría, en el “manejo de manera verbal”, en que “contenía verificaciones de suma delicadeza” y en que “el secretario general, de manera personal, convocó a los directores para que le rindieran los informes respectivos”.

“El despacho, a lo largo de este fallo, ha establecido que el motivo por el
cual Ascencio Reyes merece la atención del Secretario General de la Presidencia de la República, del Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es porque tiene presuntos vínculos con el narcotráfico y se relaciona con la Corte Suprema de Justicia y a través de ello se podría desprestigiar al alto tribunal”, dijo la Procuraduría.
Enseguida, se lee en el fallo que “por lo tanto, considera el Despacho que la relevancia del señor Ascencio Reyes en relación con la Corte Suprema de Justicia es de medios y fines. Es decir, Reyes Serrano en este caso es el medio para desprestigiar a la Corte, por lo tanto no es fortuito que el Secretario General de la Presidencia de la República les entregue la información a los directores de dos entidades del Estado con funciones de inteligencia y luego requiera los avances y resultados”.

Esas actuaciones de Moreno, según la Procuraduría, no correspondían a las estipuladas en su cargo. El Secretario General de la Presidencia “no tiene funciones asignadas o relacionadas con temas de seguridad o inteligencia del Estado. Por lo que se concluye que el apoyo que le brinda el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al señor Presidente es de carácter administrativo y operativo”, definió el fallo. De ahí la sanción por haberse extralimitado en sus funciones.

Finalmente, la conclusión es que Moreno, “con la infracción de sus deberes como Secretario general de la Presidencia de la República, al dar instrucciones para que servidores públicos asistieran a una reunión el 24 de abril del 2008 en la Casa de Nariño para presentar informes sobre los avances de una actividad que estaba sometida a reserva, desconoció el derecho a la intimidad (de Ascencio Reyes y su familia), con clara extralimitación de las funciones legales asignadas. Dicho desbordamiento de sus competencias es claro y no se encuentra justificado en norma alguna”.

Uribe y Moreno

En el mismo proceso, el ex presidente Álvaro Uribe declaró que “deposité en el doctor Bernardo Moreno Villegas... el conocimiento y manejo de cierta información generada en los ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, unidades administrativas, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y demás organismos de la administración, de acuerdo con la materia asignada puntualmente”.

Respecto a la reunión que tiene a Moreno en líos jurídicos, Uribe dijo que no sabía nada. “Ante la pregunta de si tuvo conocimiento de la realización de la reunión del 24 de abril del 2008, responde que no precisamente, pero que el doctor Bernardo le informaba diariamente sobre distintos temas y que recuerda información recibida sobre comentarios periodísticos existentes sobre un viaje de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la ciudad de Neiva y aclara que jamás se solicitó información acerca de magistrados”, dice en la providencia de la Procuraduría.
 
Mientras tanto, el ex presidente Álvaro Uribe, según la agencia EFE, dijo a través de un comunicado fechado desde Ciudad Guatemala, que asume la responsabilidad política y jurídica. "Y asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta".

Sigue pendiente...

Pese a que ese organismo logró claridad respecto de este episodio, quedan otros hechos por fuera en los que figura el nombre del ex Secretario de la Presidencia.

Por ejemplo, las declaraciones que publicó SEMANA en las que un ex funcionario del DAS aseguraba que les hacía seguimientos a los magistrados para informar a la Casa de Nariño sobre los procesos de parapolítica. 

En el artículo ‘Se cierra el círculo’, se puede leer la declaración de un ex funcionario que dijo que "recibí órdenes que tenían como objetivo trabajar temas que fueran sensibles para el Gobierno. Ese comenzó en forma en el 2007.Para ese año muchos de los esfuerzos y recursos que se aplicaban para control de ONG, oposición y algunos periodistas se reenfocaron a raíz de la parapolítica. Lo primero, por instrucciones del jefe de contrainteligencia, capitán Lagos, era saber en qué iban y a quién salpicaban exactamente los procesos de para política -explica el ex funcionario-. Para eso, la única forma era 'trabajar' a la Corte. Se diseñaron labores de monitoreo de comunicaciones y vigilancia. Se buscaba saber con quién hablaban los magistrados y qué decían los testigos sobre algunos políticos que pudieran salpicar al Gobierno. Se elaboraban perfiles de los testigos y se trataba de conseguir incluso apartes de los expedientes. Con gente nuestra y otros a los que se les pagaba desde fuentes humanas se trataba de grabar o conocer qué se discutía en las reuniones de los magistrados (ver artículo siguiente). Algunos de los audios de esas reuniones se destruían después de oírlos y desgrabarlos. Otros los tengo guardados porque eran mi seguro de vida. En la mayoría de las ocasiones esa información, ya procesada, la manejaba con los de inteligencia o el director del Departamento. Allí se definía cuál de esa información debía ir a la Casa de Nariño. Yo personalmente, siguiendo instrucciones, entregué datos sobre esos temas, como por ejemplo, el caso de Mario Uribe, al secretario general, Moreno, y al jurídico, Edmundo del Castillo”.

Otro ex funcionario del DAS le dijo a la Fiscalía que "entre el 2008 y el 2009 fui por lo menos en ocho oportunidades a la Casa de Nariño para llevar y recibir información, y me reuní en otras tantas con funcionarios de allá. Entre las labores que se realizaron, el señor Moreno en una ocasión me pidió monitorear y hacer un análisis sobre cómo votarían algunos políticos el tema del referendo. Yo le entregué algunas transcripciones sobre conversaciones de algunos de los que no estaban a favor del referendo. Por las órdenes posteriores que recibí, esas no directas de alguien de Casa de Nariño, pero sí solicitadas por ellos a mis superiores, se buscaron elementos, cuentas, contratos o actos de corrupción de algunos políticos para convencerlos por "las buenas" de votar. Entre lo que hay está, por ejemplo, lo que se descubrió sobre Javier Cáceres y sus negocios en Etesa. En anticorrupción del DAS había una investigación que se venía adelantando sobre eso. Lo que se hizo fue entregar eso a Palacio y allá le dieron manejo", explicó a SEMANA el funcionario, que fue uno de los hombres de mayor confianza del ex jefe de contrainteligencia Jorge Lagos”.

"El caos interno y la falta de control hicieron que muchos termináramos siguiendo órdenes directas de gente de Palacio. Aunque yo trabajaba en inteligencia, tenía instrucciones de colaborar en todo lo que se pidiera de Palacio. Tengo, por ejemplo, grabado cuando el secretario Moreno y Del Castillo me presentaron a unos abogados importantes que llevaban procesos y ayudaban a gente del Gobierno, quienes necesitaban que les diéramos las sábanas (registro de números) de los celulares de otros abogados e investigadores para saber si habían conversado. Obviamente también solicitaron ayuda para monitorear números de magistrados que llevaban casos claves. Cuando se hizo eso, personalmente entregué esa información a las personas que el secretario general me presentó y me ordenó dárselas", contó a SEMANA otro funcionario activo del DAS que entregará su testimonio y las pruebas que tiene a la Fiscalía.