Sábado, 21 de enero de 2017

| 2003/09/29 00:00

Lo que faltaba

Tres de los fiscales más importantes de Norte de Santander pasaron de acusadores a acusados en insólitos escándalos. ¿En qué se metieron?

El pasado 5 de marzo un carro bomba fue detonado en el centro comercial Alejandría, en pleno corazón de Cúcuta. La explosión mató a seis personas, dejó heridas a más de 70 y causó millonarias pérdidas. Pocas horas después del acto terrorista, atribuido a las Farc, el presidente Alvaro Uribe no sólo rechazó el atentado sino que con tono enérgico acusó públicamente a la Policía y a la Fiscalía de Norte de Santander de "graves actos de ineficiencia". El mandatario afirmó que algunos de los funcionarios de esas instituciones no cumplían a cabalidad con sus funciones y esa inoperancia les había abierto las puertas al terrorismo y a la delincuencia. Sin pelos en la lengua, como es su estilo, Uribe exigió una investigación que llevara a una depuración en los dos organismos en esa zona del país. Lo que desconocía el Presidente es que la tarea de depuración ya había comenzado por el lado de la Fiscalía. Y, después de ver los resultados, las palabras del primer mandatario se quedaron cortas.

Como consecuencia de la investigación, coordinada y adelantada por el fiscal Andrés Fernando Ramírez, desde la semana pasada está detenida la jefe de la unidad de fiscales ante ese tribunal, Elcida Molina, y se libró orden de captura en contra de la jefe de los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito de Cúcuta, Ledy del Carmen Parada Reyes. A esta funcionaria, que huye de la justicia, se le decretó, además, el embargo de todos sus bienes.

Los cargos que ejercían estas funcionarias son algunas de las posiciones más importantes dentro de la estructura regional de la Fiscalía. Entre otras funciones, sus despachos son los encargados de definir en última instancia si se debe adelantar un proceso penal o abstenerse. También son considerados clave dentro de la administración de justicia. De allí la trascendencia de la investigación interna que adelantó la Fiscalía, la cual terminó con la orden de detención de las fiscales.

Pero, ¿qué fue lo que descubrió la investigación de la unidad delegada ante la Corte para ordenar la detención de estas funcionarias que pasaron de la noche a la mañana de acusadoras a acusadas?

Un cuento chino

El caso por el que está involucrada la coordinadora de los fiscales delegados ante en Tribunal Superior de Cúcuta comenzó con una llamada telefónica anónima. En la mañana del 28 de agosto de 2002 una misteriosa voz se comunicó con las dependencias del Das en Cúcuta y les informó a los detectives que la casa identificada con el número 16E-36 de la calle 5N de esa ciudad estaba siendo utilizada para esconder inmigrantes ilegales asiáticos.

Durante varias horas dos agentes encubiertos del DAS se dedicaron a vigilar todo lo que ocurría en la residencia señalada con el objetivo de verificar la autenticidad de los datos suministrados por el denunciante anónimo. Una serie de extraños movimientos, entrada y salida de personas, los hizo sospechar de que la información era cierta.

Poco antes de las 3 de la tarde decidieron acercarse a la casa. En la puerta fueron recibidos por una de las moradoras de lugar, Rosa Bolado Galvis. Después de identificarse como miembros del DAS los detectives le pidieron a la señora permiso para realizar un registro voluntario a la vivienda. La mujer aceptó pero les dijo a los detectives: "Eso es de mi esposo y mi esposo es amigo de ustedes". Los detectives, desconcertados, le preguntaron quién era su marido y ella les dijo que se llamaba Alvaro Esquivel y trabajaba en la Fiscalía de Cúcuta.

Anticipándoles lo que iban a encontrar la mujer les dijo a los detectives que "esos chinos los trajeron hoy en la mañana, los trajeron mi esposo, mi hijo y un ciudadano chino llamado Julio Chang.". Después los dejó seguir a hacer la inspección.

En uno de los calurosos y pequeños cuartos de la casa los agentes encontraron hacinados a 23 ciudadanos de origen chino. Los inmigrantes habían llegado a Cúcuta tras una larga travesía, que había comenzado a mediados de agosto en Beijing, China. Allí un hombre les había entregado pasaportes con visa ecuatoriana. Con estos documentos el grupo viajó hasta Hong Kong, en donde abordaron un avión que los llevó a Amsterdam, Holanda. De allí tomaron otro vuelo hasta Quito. Una vez llegaron a la capital ecuatoriana se desplazaron por tierra hasta la frontera con Colombia e ingresaron ilegalmente al país por Ipiales. Desde esa ciudad tomaron un bus que los llevó hasta Cúcuta. El destino final era llegar a Venezuela.

Los hombres del DAS dejaron el caso en manos de la fiscal séptima seccional de Cúcuta. La funcionaria comenzó sus pesquisas y el 10 de septiembre de 2002 decidió que había suficientes pruebas para abrir una investigación por el delito de tráfico de migrantes. Dentro del grupo de sindicados estaban la señora Rosa Bolado, su hijo Pedro Esquivel y su esposo, Alvaro Esquivel, quien trabajaba como técnico judicial II en la dirección seccional de fiscalías de Cúcuta. Por medio de los testimonios de los chinos y otra serie de pruebas la fiscal séptima estableció que Esquivel, su esposa, su hijo y otras personas podían hacer parte de una red de tráfico de personas.

La investigación estableció, entre otras cosas, que cada uno de los chinos debía pagar 10.500 dólares por llegar a su destino, Venezuela, y que Esquivel, su familia y sus amigos habían colaborado activamente para pasarlos ilegalmente. El 12 de noviembre la fiscal ordenó la detención sin beneficio de excarcelación de Esquivel y los otros miembros de la banda. Los acusados apelaron la decisión el 31 de diciembre ante la jefe de la unidad de fiscales delegados ante el Tribunal de Cúcuta, Elcida Molina.

La funcionaria, en una decisión sorpresiva, decidió revocar las medidas de aseguramiento y dejar en libertad a todos los acusados. Los ciudadanos chinos, que iban a ser expulsados del país, escaparon y Esquivel y sus cómplices quedaron en libertad. La decisión desató un escándalo dentro de los medios judiciales locales. El caso llegó hasta Bogotá y la Unidad de fiscalías delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra de la fiscal Molina el 27 de marzo de 2003.

El fiscal Andrés Fernando Ramírez adelantó la investigación durante varios meses y demostró que todos los argumentos que utilizó la fiscal Molina para hundir el caso no tenían ningún tipo de fundamento legal. Incluso algunos rayaban con lo absurdo. Entre otros, según ella, Esquivel y su banda tenían a los 23 chinos en un cuarto de su casa como parte de una labor humanitaria o de caridad con estos ciudadanos y sólo les estaban dando posada mientras salían para Venezuela.

Este tipo de explicaciones, entre muchas otras, fueron algunas de las pruebas que le permitieron al fiscal Ramírez afirmar que la fiscal Molina "incurrió en el delito de prevaricato por acción, toda vez que revocó las medidas de aseguramiento impuestas en la primera instancia, cuando de manera fehaciente se encontraban reunidos todos los requisitos probatorios necesarios para sustentar la tipicidad del comportamiento imputado a los sindicados.". El pasado 3 de septiembre ordenó la suspensión y detención de la fiscal Molina. El proceso en contra de los sindicados fue reabierto.

Pero el caso de la presunta red de tráfico de personas que quedó en libertad no fue el único que causó desconcierto en los medios judiciales de Norte de Santander.

Volando bajo

A la 1:50 de la tarde del pasado 11 de febrero dos avionetas aterrizaron, con intervalos de cinco minutos, en el aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta. En las aeronaves, una con matrícula colombiana y la otra venezolana, viajaban ocho pasajeros. Cuando la Policía del terminal aéreo se acercó para realizar una inspección descubrió en el interior de las naves varias armas, revólveres, pistolas, una ametralladora Miniuzi e incluso un fusil de asalto AUG. Las aeronaves aterrizaron sin ningún plan de vuelo y sus ocupantes fueron puestos a disposición de la fiscal delegada ante los jueces penales del Circuito de Cúcuta, Ledy del Carmen Parada Reyes.

En el avión venezolano, en el que se encontraron el fusil y la Miniuzi, viajaban cuatro hombres. Uno de ellos, llamado Sergio Negrín, se identificó como capitán de la Guardia Nacional de Venezuela y le enseñó a la fiscal un salvoconducto para portar armas en su país. Ni él ni sus acompañantes tenían documentos migratorios para permanecer en territorio colombiano. Tampoco pudieron explicar cuál era su destino o su plan de viaje y simplemente se limitaron a informarle a la fiscal que habían aterrizado en Cúcuta para cargar combustible ya que en su país no había para ese tipo de aviones.

Aunque reconocieron su relación con los tripulantes de la otra aeronave, en la cual viajaban cuatro colombianos con varias pistolas y revólveres sin ningún tipo de salvoconducto, las explicaciones entre unos y otros sobre las razones de su presencia en Cúcuta, las actividades a las que se dedicaban o sus destinos no coincidían. Tan sólo dos horas después del aterrizaje de las avionetas y haber escuchado a los ocho tripulantes la fiscal Parada decidió dejar en libertad a todos los involucrados en el caso. La decisión causó malestar entre los miembros de la Policía y del DAS que estaba presentes cuando se descubrieron las armas en los aviones.

Para ellos era evidente que los tripulantes estaban incurriendo en un porte ilegal de armas, delito que es castigado con tres a 10 años de prisión. Tampoco entendieron por qué, existiendo antecedentes que demostraban que el aeropuerto de Cúcuta ha sido escenario de redes de traficantes de armas, la fiscal ordenó la liberación de potenciales sospechosos de estar incurriendo en ese delito. Aunque las naves y las armas fueron retenidas la fiscal Parada tomó la decisión de ampliar las indagatorias más de una semana después de que dejara en libertad a los sospechosos. Obviamente, todos escaparon.

El caso llegó a la dirección nacional de fiscalías en Bogotá y el 13 de marzo ordenó a la unidad de fiscales delegada ante la Corte abrir una investigación. El resultado de ésta dejó en evidencia que la fiscal Parada utilizó una serie de artilugios jurídicos para justificar su decisión de dejar en libertad a los sospechosos. Entre otros argumentos la funcionaria afirmó que no existía porte ilegal de armas porque éstas fueron encontradas por la Policía dentro de las aeronaves y no estaban siendo portadas por una persona. Aceptó como válido el permiso para portar armas de uso privativo de las fuerzas militares que presentó el presunto capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, sin verificar que efectivamente se tratara de un miembro de ese cuerpo armado y sin tener en cuenta que ese salvoconducto sólo es válido en territorio venezolano y no en Colombia. Dijo la funcionaria que como algunas de las armas fueron encontradas en una aeronave con matrícula de Venezuela es a la justicia de ese país a la que le correspondía realizar las investigaciones del caso.

Después de varios meses de recopilar pruebas y testimonios hace dos semanas, en una dura resolución, el fiscal Ramírez le dictó orden de captura. La fiscal, quien huye de la justicia, nunca acudió a las citaciones para responder por los graves cargos en su contra.

La casa en orden

Aunque las fiscales Molina y Parada son las funcionarias de más alto rango en contra de quienes la Fiscalía ha iniciado procesos penales, la realidad es que no son las únicas investigadas en la regional de Norte de Santander. Hace un mes la Unidad de fiscalías ante la Corte Suprema ordenó la destitución y detención de un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cúcuta, Carlos Arturo Arévalo, sindicado del delito de peculado por acción. Una investigación estableció que, al igual que en los otros dos casos, el fiscal revocó un fallo de primera instancia -en un asunto por terrorismo, pánico económico, injuria y calumnia-, utilizando argumentos subjetivos que iban en contra de la ley. Junto a estos tres fiscales hay más de media docena de funcionarios de menor rango que están siendo investigados en Norte de Santander como presuntos autores de diferentes delitos.

Las medidas que hasta ahora se han tomado en contra de los tres fiscales, los dos detenidos y la que está prófuga, hacen parte de una primera etapa de una labor de depuración que todavía tiene mucha tela de donde cortar. Más allá de los escandalosos resultados que estas investigaciones han arrojado, es importante resaltar que es la misma Fiscalía la que está investigando y acusando a las manzanas podridas que carcomen y desprestigian a una de las instituciones más importantes del país.

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