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| 3/10/2012 12:00:00 AM

Lo de la fiscal fue solo el comienzo…

El Consejo de Estado ha cobrado un inusual protagonismo en los últimos días. Y lo que falta: en sus manos están las demandas contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; la contralora, Sandra Morelli, y la elección del Parlamento Andino, entre otras.

En los últimos meses, el Consejo de Estado ha pasado al primer plano de la política nacional. La reciente sentencia contra la elección de la fiscal Viviane Morales fue una muestra de la importancia de sus decisiones. Además del desbarajuste institucional en el que nuevamente queda el país por cuenta de la interinidad en la Fiscalía, la decisión del Tribunal también provocó un remezón político. La semana pasada se supo que la Sala de Consulta, que no participó en la votación contra la fiscal, deberá emitir un concepto para aclarar cuánto tiempo deberá permanecer en el cargo el nuevo fiscal y así el gobierno pueda barajar una nueva terna.

Desde 2010, cuando el alto Tribunal estuvo en la picota por la publicación de unas grabaciones que comprometían a varios funcionarios en un escándalo por tráfico de influencias, este Tribunal no había figurado tanto en la esfera pública nacional y con tanta resonancia mediática. Generalmente toma decisiones importantes, pero no se caracteriza por acaparar los titulares de la gran prensa. Pero en las semanas por venir los magistrados del Consejo de Estado deben resolver otros chicharrones que prometen candentes debates por tratarse de decisiones claves para la democracia y porque comprometen a importantes protagonistas del país.

En la Sección Quinta, que se ocupa de los asuntos electorales, está la demanda contra la elección de la contralora Sandra Morelli. Para el demandante, Diego Armando Carvajal, Morelli no cumplió con los cinco años de función pública necesarios para ejercer el cargo, a pesar de haber estado por nueve años en la Dirección Jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros. La importancia de este fallo es casi tan grande como la del que tumbó a la fiscal, pues la contralora ha tomado decisiones valientes e incómodas para muchos funcionarios. Por ejemplo, abrió un juicio de responsabilidad fiscal a 22 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura que, presuntamente, favorecieron a empleados con 'palomitas' para que aumentaran sus pensiones. En ese proceso, la semana pasada a la contralora no le tembló la mano para embargar sus cuentas.

En la misma sección está la demanda que instauró el exalcalde Jaime Castro contra la elección del Parlamento Andino. El sentido del fallo no solo resolverá si los parlamentarios andinos permanecerán o no en sus cargos, sino que decidirá de una vez por todas el alcance que tiene el voto en blanco en las elecciones. En la elección de los parlamentarios, el voto en blanco superó al que sacó más votos. Pero una interpretación del Consejo Nacional Electoral negó una demanda para repetir las elecciones con el argumento de que el voto en blanco debe ser superior a la mitad de todos los votos válidos sumados para que una elección se deba repetir. Ahora, el Tribunal tiene la última palabra.

La Sección Segunda, encargada de lo laboral, también tiene decisiones importantes. El magistrado Gerardo Arenas Monsalve debe hacer la ponencia de la demanda que instauró el concejal Orlando Parada, quien pide quitarle la investidura que ostentó como congresista a Gustavo Petro. Para el concejal, Petro no puede ocupar cargos públicos por haber pertenecido a un grupo guerrillero. El mismo magistrado tiene en su despacho la demanda contra el procurador Alejandro Ordóñez interpuesta por la exsenadora Piedad Córdoba, con la que ella busca reversar la inhabilidad que le impuso el Ministerio Público.

En otras palabras, habrá Consejo de Estado para rato.
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