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| 7/7/2012 12:00:00 AM

"Lo que se hizo fue una herejía constitucional"

El fiscal general, Eduardo Montealegre, dice que, aunque se hizo mediante una 'herejía', fue correcto tumbar la reforma a la Justicia. Defiende como 'aristotélica' su actuación durante la crisis y la detención domiciliaria de Sigifredo López.

MARÍA JIMENA DUZÁN: Con todo respeto, señor fiscal, ¿cómo es que un fiscal termina de consejero político del Partido Conservador ¿Es acaso su tarea convencer a los congresistas que no querían hundir la reforma judicial, la misma que usted mismo había aupado? No recuerdo que hayamos tenido un fiscal tan politizado ni tan político.

EDUARDO MONTEALEGRE:
Yo creo que político sí, pero en el sentido aristotélico de la palabra. Es decir, en el sentido del ciudadano comprometido con las cosas de la ciudad. 

M.J.D.: Usted dice que su perfil político es en el sentido aristotélico, pero ¿no será más bien en el sentido de Maquiavelo? Él decía que la política era el arte del poder.

E.M.:
Borges decía que los griegos, que se inventaron el mundo moderno, hicieron un gran aporte a Occidente al imponerle al ciudadano el deber de participar en los debates públicos. Y en este caso estábamos frente a una crisis institucional muy profunda y el país tenía una tesis heterodoxa y novedosa para salir de ella que yo compartí: la de que el presidente Santos objetara el acto. Creí que institucionalmente mi deber era pronunciarme sobre un asunto de interés público.

M.J.D.: Pero, volviendo a su política aristotélica, usted no es cualquier ciudadano, ¡sino el fiscal!

E.M.:
Pero a ver, María Jimena. El hecho de que yo sea fiscal no me impone una mordaza para opinar sobre un tema de interés para todos los colombianos. A mí me invitó el Partido Conservador porque el día anterior había dado unas declaraciones sobre la validez de esa salida institucional que se proponía y me pareció lógico aceptar esa invitación para que yo expusiera mis argumentos.  

M.J.D.: Por lo menos dos sentencias de la Corte Constitucional sostienen que el presidente no puede objetar reformas constitucionales. Usted que fue magistrado de la Corte Constitucional, ¿se acuerda de esas sentencias?

E.M.:
Desde luego que conozco muy bien esas sentencias, pero no tienen fuerza vinculante para resolver el problema y no constituyen un precedente porque nunca se había objetado una reforma constitucional. Y por eso era totalmente correcto plantear una tesis alternativa. Es más, la Corte Constitucional ha dado giros conceptuales muy importantes y son las coyunturas históricas las que permiten el cambio en la jurisprudencia de la Corte.

M.J.D.: ¿O sea que la jurisprudencia de la Corte, para ser moderna, debe cambiar con la celeridad con que cambian los políticos de partido 

E.M.:
Las grandes transformaciones en Colombia se han hecho a través de herejías constitucionales. Yo creo que los herejes finalmente siempre han tenido la razón.

M.J.D.: Pero, ¿acepta que lo que se hizo fue una herejía?

E.M.:
¡Desde luego! Fue una herejía constitucional. Es más, fue un hereje el que tumbó el orangután. Yo creo que a Borges le hubiera gustado mucho esta figura para su libro de las historias fantásticas y de su mundo de seres metafísicos.

M.J.D.: ¿Eso de haber participado en una reforma que se metía con su fuero también era política aristotélica?

E.M.:
Es cierto que yo sostuve que el fiscal general de la nación debería tener un fuero integral. Y lo hice porque la Constitución actual del 91, que usted defiende tanto como yo, establece un fuero integral para el fiscal, los magistrados y el presidente de la república. El fuero es una garantía institucional y una de las críticas que le hacía a la reforma es que le quería quitar el fuero ante el Congreso a los magistrados y al fiscal.

M.J.D.: ¿Y el hecho de que eso estuviera pasando no le dio mala espina?

E.M.:
Mire, yo lo que hice fue criticar esa decisión en una sesión en la Comisión Primera del Senado. Pero mi posición iba mucho más allá: yo proponía que se le deberían quitar las funciones jurisdiccionales al Congreso.  

M.J.D.: ¿Estaba de acuerdo con el artículo que prohibía investigar a los congresistas por un anónimo?

E.M.:
No lo estaba.

M.J.D.: Pero y entonces, si tenía tantas críticas, ¿por qué en una entrevista a Yamid Amat en 'El Tiempo' dijo que esta reforma iba a modernizar el Estado de derecho?

E.M.:
Quiero aclararle que esa frase la dije mucho antes de que se hiciera la conciliación en el Congreso. Y los defectos que yo había criticado en la Comisión Primera habían sido corregidos, pero muchos de ellos volvieron a revivir esa noche. ¿Por qué dije en ese momento lo que dije? Porque yo creo que en esa reforma había cosas muy importantes para el país que se perdieron. Por ejemplo, el fortalecimiento de la Rama Jurisdiccional; un rediseño de despolitización importante de la sala disciplinaria, en el sentido de que las ternas no las haría el presidente de la república sino que las harían las altas cortes. El país llevaba diez años criticando al Consejo Superior de la Judicatura y la reforma hacía un rediseño que fortalecía el Estado de derecho porque lo despolitizaba.

M.J.D.: ¿Es cierto que usted estuvo de acuerdo con la extensión automática a los periodos de los magistrados?

E.M.:
Sí estaba de acuerdo. Uno de los grandes temas que reclama el país es seguridad jurídica y una de las formas de hacerlo es a través de líneas jurisprudenciales que sean coherentes y eso se construye si los periodos de los magistrados son más extensos.

M.J.D.: Pero al hacerla automática sirvió para neutralizar las críticas que había en la Sala Penal por parte de magistrados como Leonidas Bustos.

E.M.:
No comparto esa opinión. El hecho de que se estuviera de acuerdo con el periodo de los magistrados no se hizo sobre la base de ninguna transacción ni de renuncia de principios. Es que la reforma fue evolucionando..

M.J.D.: Hablemos del caso de Sigifredo López. Se le han caído casi todas las pruebas reina y él sigue detenido.

E.M.:
Cuando se profiere la detención preventiva, se hace sobre la base de que existen unos testimonios que en este momento del proceso apuntan a vincular al exdiputado con los hechos del secuestro de los diputados. Por eso se dictó la detención preventiva. Lo que acontece es que, en este caso, la Fiscalía, siendo coherente con la tesis de la excepcionalidad de la detención, aplicó una jurisprudencia moderna de la Corte Constitucional que es el test de razonabilidad y el principio constitucional de proporcionalidad. Es decir, cuando un juez va a restringir un derecho fundamental para conseguir una finalidad constitucional tiene que utilizar los mecanismos menos lesivos. Eso hicimos. La Fiscalía considera que, dada la gravedad de los hechos, puede existir un riesgo de fuga u obstrucción a la Justicia y se le otorgó la detención domiciliaria.

M.J.D.: ¿Y no será que su fiscalía, por no reconocer que la embarró, está actuando ya no jurídicamente sino políticamente?

E.M.:
La decisión de la detención domiciliaria no se profirió con cálculos políticos ni para evitar el impacto de un error judicial. Si la Fiscalía en algún momento se da cuenta de que las hipótesis que viene manejando no son correctas, no le quepa la menor duda de que ese día se le reconocerá la presunción de inocencia a Sigifredo López.

M.J.D.: Daniel Coronell dice que uno de los testigos en contra de Sigifredo López forma parte de una fábrica nacional de testigos para hacer montajes con propósitos políticos.

E.M.:
A raíz de esa columna, voy a iniciar una investigación penal para determinar ese eventual carrusel de testigos que está denunciando. Pero ese testigo no ha sido una pieza fundamental en la detención de Sigifredo.

M.J.D.: Si este caso lo gana la defensa de Sigifredo, a su fiscalía le va a caer toda el agua sucia. ¿Está consciente de eso?

E.M.:
Con esa tesis se pondría en tela de juicio todo el sistema procesal contemporáneo, que dice que la verdad es una construcción a partir de un diálogo que se da entre la tesis y la antítesis. Y nosotros tenemos como fiscalía una tesis y la defensa nos la responde. A través de ese diálogo es como vamos a construir la verdad y en eso estamos. 

M.J.D.: ¿Por qué al embajador Visbal Martelo, acusado de vínculos con el paramilitarismo, no se le detuvo y a Sigifredo sí?

E.M.:
Uno de los grandes tratadistas es Perogrullo. Y una cosa es una cosa y otra es otra cosa. El tema de Sigifredo es que a él se le imputan delitos de lesa humanidad, toma de rehenes, homicidio, secuestro. Las penas y los delitos a que se enfrenta Sigifredo son más graves de los que enfrenta el embajador Visbal. 

M.J.D.: Hay quienes dicen que usted se ha refugiado en el caso de Sigifredo para evitar enfrentar el tema de la salud y, en especial, el de Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, del que fue abogado.

E.M.:
Ese tema es muy complejo. Encontramos más de 300 investigaciones por el tema de la salud. En un solo caso hemos recibido 7 millones de folios. Eso sí está avanzando. Tenemos solicitudes de personas que quieren someterse al principio de oportunidad sobre la base de dar una información efectiva para descubrir la forma como se defraudaba al Estado.

M.J.D.: Por último, ¿cómo explica que tres fiscales, Iguarán, Mendoza y Morales, no hubieran investigado el diario de 'Chupeta'?

E.M.:
Eso se parece a los laberintos de Borges. El proceso pasó por muchas dependencias y una fiscal lo encuentra e inmediatamente lo pone a disposición del CTI. Vamos a solicitar el testimonio en Estados Unidos de alias' Chupeta'.

M.J.D.: El señor Carlos Alonso Lucio, por intermedio de su abogado, dijo que por lo que lo acusa 'Chupeta', de recibir 2 millones de dólares para hacer 'lobby' en contra de la extradición, se le archivó el proceso en la Fiscalía.

E.M.:
No hay un archivo formal de ese proceso. Y, por el contrario, va a ser impulsado por la Fiscalía.
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