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| 12/25/2010 12:00:00 AM

Lo que mal comienza...

El embargo contra Samuel Moreno y Luis Eduardo Garzón traerá consecuencias en las pesquisas sobre la contratación en Bogotá, y afectará la próxima campaña electoral.

Si se hiciera un manual de cómo no se debe contratar y ejecutar una obra pública, este debería tener como estudio de caso lo sucedido con la Fase III de TransMilenio en la calle 26 de Bogotá. Esto al menos es lo que se desprende del documento con el que la Contraloría General comienza un proceso de responsabilidad fiscal por un rosario de irregularidades que encontraron en este contrato desde que fue planeado hasta lo que va de su ejecución.

Esta fue la obra que el entonces alcalde Luis Eduardo Garzón adjudicó, tres días antes de concluir su mandato, a un consorcio liderado por empresas del Grupo Nule y que por sus serios problemas y retrasos fue cedido en la administración de Samuel Moreno a un consorcio encabezado por la firma Conalvías.

Los investigadores de la Contraloría encontraron suficientes indicios de que las cosas no se hicieron bien desde el comienzo. Entre muchas otras cosas, según el ente de control, hubo una planeación insuficiente que se evidencia en estudios y diseños incompletos, y falta de gestión para la compra oportuna de los predios que se requerían para hacer la obra en el tiempo previsto. En la adjudicación no se evaluó de forma idónea la capacidad real de las firmas adjudicatarias para ejecutar un contrato de esa magnitud, algo que puede tener implicaciones penales. Además, comenzó con cuatro meses de retraso sin que se hubiera tomado ninguna medida de control.

En la etapa de ejecución de la obra a cargo de los Nule, no se impusieron multas por los retrasos y, por el contrario, se permitió que el contratista siguiera a pesar de los incumplimientos. Además se le asignó a dedo un nuevo contrato para hacer otras obras, algo que se simuló como si fuera una adición al contrato inicial. Para la Contraloría, el camino que la Alcaldía debió tomar era ejecutar las sanciones y caducar el contrato. Pero el IDU, de acuerdo con el informe, facilitó el camino para que los Nule cedieran el contrato sin siquiera exigirles una póliza de estabilidad de lo poco que habían hecho.

Con la cesión, continuaron las irregularidades. Al nuevo contratista se le hicieron pagos sin ningún tipo de póliza que los amparara. Se le quitaron obras pero se mantuvo el valor original del contrato, se le aumentó el tiempo y se firmaron nuevas adiciones que comprometían recursos que el Distrito no tiene contemplados en sus presupuestos.

Estas posibles irregularidades son tasadas por la Contraloría en 198.000 millones de pesos. Por eso, como medida cautelar, ordenó el embargo de los bienes e ingresos de todos los que han tenido relación con ese contrato. Además del ex alcalde Garzón y el alcalde Moreno, se tomó la misma medida contra cuatro funcionarios del IDU, contra las firmas del consorcio original, donde están las empresas intervenidas de los Nule, las empresas que conforman el consorcio que actualmente tiene el contrato, y contra las firmas interventoras.

Esta es apenas la primera etapa de un proceso que tarda varios meses y en la que se comienza a practicar pruebas y a recibir descargos de los implicados. Un embargo no es una sanción en sí misma, sino una medida de carácter precautelativo. Tanto Moreno como Garzón tienen a su favor instancias para hacer descargos y presentar sus puntos de vista. La defensa del Alcalde está buscando que se anule la medida de la Contraloría, argumentando que el Distrito Capital tiene un régimen especial que limita la responsabilidad del burgomaestre, lo que está en discusión.

Sin embargo, las consecuencias de la decisión que acaba de tomar la Contraloría van más allá de revisar las conductas de los funcionarios involucrados. El hecho de que una medida de esa naturaleza sea publicada justo cuando se inician los primeros movimientos de una nueva campaña electoral tiene consecuencias electorales. Garzón y Moreno, antes aliados, vuelven a estar en el mismo lado a pesar de que hoy forman parte de partidos distintos. Y eso lo están analizando con lupa, sin duda, las otras fuerzas políticas que competirán por la Alcaldía en las elecciones de octubre de 2011.
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