Domingo, 26 de octubre de 2014

| 2011/11/17 00:00

"Lo más difícil de defender a los militares es el prejuicio que existe contra ellos": Demil

Jean Carlo Mejía, director de Defensoría Militar, asegura que además en Colombia los uniformados no tienen un marco jurídico acorde con la dinámica del país. Dice que la presión mediática y la política prima sobre la ley en los casos de militares.

Foto: Archivo Semana.

Hijo de policía, nieto de soldado, sobrino de piloto y primo de marino. Jean Carlo Mejía (abogado, 39 años) decidió hace siete meses asumir la que según él mismo es una de las más difíciles defensas: la de los militares. En la dirección de la Defensoría Militar (Demil) pretende que se garantice el debido proceso a los uniformados, pero además – señala– que la defensa no se base en la negación. “Hay que empezar a poner la cara cuando se cometen errores. Yo soy de los que cree que el fin no justifica los medios”, advierte.
 
Mejía denunció hace algunos días, cuando estalló el escándalo de las supuestas falsas víctimas de Mapiripán (1997), que organizaciones no gubernamentales de abogados se aprovechaban del dolor de los afectados por la fuerza estatal a cambio de grandes sumas de dinero. Hoy lo sigue denunciando, pero reconoce que “también hay un negocio redondo en la defensa de los militares (...) en la actualidad hay investigaciones a 15 empresas que negocian con el dolor de ellos y de sus familias”, cuenta.
 
El director de Demil advierte, sin embargo, que aunque existe un gran número de organizaciones que buscan defender a uniformados, hacerlo es más complejo de lo que se cree. “Lo más difícil de defender a los militares son los prejuicios que existen contra ellos”, sostiene, y asegura que los factores políticos y la presión de los medios priman antes que la misma ley cuando se trata de resolver los casos en los que están involucrados.
 
“Casos como las ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’) crearon un estigma (...) se habló de que fueron acciones sistemáticas, pero la realidad es otra y la justicia comprobará que fueron casos aislados”, dice el abogado, quien reconoce que la idea que se ha sostenido en los últimos años sobre la baja moral de los militares es cierta. “No solo están desmoralizados, también desconcertados por la ausencia de un marco jurídico para ellos en un país como este, en conflicto”, asegura.
 
El abogado se refiere también a lo que él llama el “maltrato al fuero militar”. Y hace mención a la reforma a la justicia, que incluye este tema, y al marco jurídico para la paz. Sobre el primero dice que el tema merecía un tratamiento aparte. “El fuero militar debe ser protegido desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no desde los derechos humanos. Además en este caso el tema del fuero fue metido a última hora”.
 
Sobre el marco para la paz, liderado por el senador Roy Barreras (La U), opina que “tiene problemas estructurales desde la forma como fue concebido”. Pero destaca que incluye la posibilidad de que haya penas alternativas y que los militares puedan acogerse a la justicia transicional.
 
“Algunos dicen que con esto habría impunidad, comparándolo con lo que ha sido Justicia y Paz. Pero no se puede comparar la verdad de un militar o la de un policía con la de un paramilitar. Y sin embargo, si se observa con detalle Justicia y Paz, ha permitido destapar muchas cosas, por ejemplo el reciente tema de Mapiripán”.
 
El director de Demil reitera sobre la masacre de Mapiripán que “es uno de los casos en donde se hace evidente la falta de garantías jurídicas para los militares. El proceso del general Jaime Uscátegui es uno de los ejemplos más grandes”.
 
Sobre casos tan cuestionados como el del subteniente Raúl Muñoz Linares, quien es acusado por la Fiscalía por doble acceso carnal violento a dos niñas y el homicidio de una de ellas, junto a sus dos hermanitos, Mejía señala que han sido mediatizados y que no han garantizado el debido proceso. “Cuando llegué a Demil dejamos de defenderlo porque según los estatutos no se nos permitía en este caso, sin embargo hemos hecho veeduría”. Según Mejía hay varios hechos que la Fiscalía presentó como sustento para la imputación de cargos y que se han ido desbaratando.

“Si yo pudiera defender como abogado al subteniente lo haría”, asegura. También señala que llevaría el caso del patrullero Wílmer Alarcón, quien disparó y mató al joven Diego Felipe Becerra (16 años).
 
“Ese es otro caso que aunque no nos correspondería asumir a nosotros, porque no defendemos a miembros de la Policía, yo le haría seguimiento, veeduría”. Para argumentar su posición Mejía dice que el patrullero actuó dentro del servicio, y se soporta en las declaraciones de la fiscal Viviane Morales, quien señaló lo mismo al enviar el caso a Justicia Penal Militar.
 
“Ahí podría haber un conflicto de competencias porque se puede invocar que esto es un acto dentro del servicio, y podría ser competencia de la Justicia Penal Militar”, dijo en su momento la fiscal general.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×