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| 9/5/2011 12:00:00 AM

"Lo que mata a los uniformados exsecuestrados es la indiferencia"

La historia del soldado William Domínguez prendió las alarmas sobre la situación por la que atraviesan algunos uniformados que estuvieron secuestrados. La indolencia frente a lo que pasa luego de que recuperan su libertad es uno de los mayores problemas.

Sobrevivieron al secuestro. Fueron víctimas de la guerra, pero al mismo tiempo ejemplo de fortaleza. Sin embargo, la suerte de algunos uniformados, secuestrados y liberados, no ha sido la misma. Después del show en que muchas veces ha terminado su liberación o rescate, el camino al que se han tenido que enfrentar no ha sido fácil. Las promesas no siempre se cumplen.
 
El abogado Roberto Quintero acompaña algunos procesos de uniformados exsecuestrados, que luego de salir del cautiverio están en el abandono. Por eso, ahora que el país habla de la violenta muerte del soldado William Domínguez (secuestrado por las FARC el 20 de enero del 2007 y liberado en 2009) y de las condiciones en las que vivía, se ponen –nuevamente– sobre el tapete las condiciones de los militares que recuperan su libertad.
 
Y es que la discusión no es nueva. En el año 2008, el caso de Tito Velásquez León (secuestrado en la toma a la base de Miraflores en el año 1998 y liberado en el 2001) prendió las alarmas. 
 
El abogado Quintero denunció la situación que estaba viviendo Velásquez. Vivía del reciclaje, luego de que al salir del cautiverio una junta médica determinara que no era apto para seguir en el Ejército. Las consecuencias sicológicas y las dificultades para lograr atención médica evidenciaban el mal estado en el que estaba el soldado.
 
“No pasó nada. Hubo alarma, salió en los medios, pero la situación siguió igual. Hoy, tres años después de haber denunciado el hecho y diez de haber recuperado su libertad, se dedica a escarbar la basura para conseguir qué comer”, contó el abogado a Semana.com.
 
¿Quién tiene la culpa? “La indiferencia, de las autoridades y de la misma sociedad es la que termina acabando con estos hombres”, dice Quintero.
 
La alegría de la liberación desaparece rápido. “Uno se estrella contra el mundo. En el momento de la liberación a usted le hacen mil promesas, pero cuando vuelve a la realidad todo es mentira”, señaló Tito hace tres años a El Tiempo. Hoy –según su abogado– sigue pensando lo mismo. Entre el desvarío y la pobreza continúa esperando algo que le cambie la vida.
 
Su caso, en manos del abogado Quintero, será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Pero no será el único. El jurista recuerda la situación de otro uniformado: Simón Ardila (también secuestrado en la toma de Miraflores en 1998, liberado en el 2001). Su situación no puede ser peor: “sin servicios médicos, sin trabajo, sin pensión, sin prestaciones sociales, tiene esquizofrenia y un retardo mental, desde antes de ser secuestrado, que se agudizó con el plagio del que fue víctima”, cuenta Quintero. 
 
Para solucionar su situación se han puesto siete tutelas. “Todas han ganado en primera instancia, pero el Ministerio de Defensa las impugna (...) su caso también es llevado a instancias internacionales”.
 
Simón vive en el campo. Necesita droga permanentemente para tratar su problema mental, pero las condiciones en las que está hacen casi imposible que acceda a ellas. “Por lo que padece es un peligro para la sociedad. Él necesita tratamiento especializado”, cuenta el abogado, quien agrega que aunque el ministerio le proporciona las medicinas, es necesario que también le brinde el servicio médico de siquiatría.
 
Ángela Romero, de la Fundación Sentimiento Patrio, que trabaja con uniformados activos y retirados que necesitan apoyo jurídico, entre otros aspectos, señala que casos como los de Domínguez, Velásquez y Ardila no son los únicos. Y aunque aclara que la fundación en mención no es especialista en los casos de exsecuestrados uniformados los casos que han conocido los ha llevado a indagar más sobre la situación y brindarles su ayuda.
 
“Noticias como la Domínguez abren la discusión sobre el drama posconflicto que viven los liberados, la dificultad para acceder a una cita médica especializada, de recibir buena atención”, dice.
 
Romero y Quintero coinciden en decir que los problemas más grandes a los que se enfrentan los uniformados exsecuestrados son la indeferencia y la falta de oportunidades, que se traduce en promesas incumplidas. “Pocos les dan el estudio y la casa que les prometen, muchos terminan trabajando como celadores, lo que es muy peligroso, pues tienen que manipular armas y su estado mental no está bien”, dice Ángela.

“La desidia va a continuar. Seguramente van a sobrevenir muchas demandas por este tipo de casos, mientras no se tomen directrices claras frente al tema”, agrega el abogado Quintero.
 
Sobre el tema, se pronunció el gobierno a través del vicepresidente Angelino Garzón. Él calificó como un “llamado de alerta” lo que pasó con el soldado Domínguez para aprender y tener claro que los liberados necesitan “mucho acompañamiento”. El Vicepresidente dijo que era necesaria una política de Estado para atender a los exsecuestrados y convocó a una reunión entre el gobierno y los exsecuestrados uniformados y sus familias.
 
Casos especiales
 
Fuentes consultadas por Semana.com aseguraron que el proceso de los soldados que recuperaron su libertad en el 2001 fue diferente. La mayoría de uniformados que fueron plagiados en la toma a Patascoy (1997) y Miraflores (1998) y luego dejados en libertad en el 2001 estaban prestando el servicio militar. Eran soldados regulares, por lo que solo recibieron atención médica y sicológica durante unas semanas. Sin embargo, quienes tuvieron secuelas evidentes, permanecieron más tiempo en tratamiento. 
 
El acompañamiento, sin embargo, fue diferente en las liberaciones y rescates que vinieron después. Ni el rango, ni la forma como recuperaron su libertad determina el seguimiento que recibe cada caso.
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