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| 10/28/2006 12:00:00 AM

Lo que pudo ser y no fue

SEMANA conoció el contenido del reglamento que sería aprobado por el gobierno y las Farc para el establecimiento de la zona de encuentro para el acuerdo humanitario.

F altaba poco para que se concretaran las condiciones en las que se ordenaría despejar Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, cuando el presidente Álvaro Uribe revocó la autorización para continuar los acercamientos con las Farc. Los pasos que daban en secreto estaban más avanzados que los que evidenciaban los comunicados públicos y las declaraciones de Álvaro Leyva. Las reglas para el funcionamiento de la zona de encuentro estaban aprobadas casi en su totalidad por las partes, gracias a la facilitación de Francia, España y Suiza.

El documento diseña técnicamente las condiciones para el área despejada. Define el lugar para los voceros de las Farc y del gobierno y el número de escoltas que tendría cada grupo. Señala los lugares en donde estaría la Policía, establece cuántos serían los observadores internacionales; cómo y dónde se le informaría a la prensa sobre los avances de la mesa, y las garantías que tendrían los organismos del Estado, así como el papel que desempeñaría el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La zona, ubicada en los municipios de Pradera y Florida, tendría un sistema de seguridad integral que incluiría dos áreas definidas así: una llamada de seguridad perimetral, que abarcaría 868 kilómetros cuadrados, y otra llamada de seguridad máxima, de 211 kilómetros cuadrados, que quedaría en la vereda El Retiro.

En la zona de seguridad máxima, también llamada Zona B, estaría la mesa de conversaciones y a ella sólo accederían los negociadores de las partes y sus cuerpos de seguridad. Para la protección de los voceros del gobierno se permitía la presencia de 15 soldados y para los de la guerrilla se proponían 15 guerrilleros. Esta cifra estaba siendo negociada.

Según la propuesta, habría observadores civiles internacionales que estarían divididos en grupos. El primero, en el valle, contaría con 27 hombres en nueve puestos de observación, y el segundo, en la montaña, con 40 hombres en igual número de puestos de observación más un puesto de mando.

En los cascos urbanos de los municipios sólo estaría presente la Policía con armas cortas para controlar los delitos comunes, y el número de efectivos sería acordado por las partes. Lo que significa que ya no habría guerrilleros por las calles ni en los espacios con la población.

El control aéreo se permitiría por encima de los 10.000 pies de altura. (Este fue un punto que generó una de las últimas crisis en la zona de distensión en el Caguán porque las Farc no aceptaban los sobrevuelos) y las únicas aeronaves que podrían volar más bajo, y que serían la excepción, serían las del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este organismo internacional tendría un papel muy concreto y definido.

La prensa sería instalada en Potrerito, (Valle) y la mesa de común acuerdo informaría a los comunicadores cada vez que hubiera un resultado. Teniendo en cuenta que este corregimiento está lejos del sitio de la mesa, la prensa no tendría chance de acceder a los negociadores, lo que garantizaría a las partes un mayor control sobre la información.

En el único punto donde, según la información conocida por SEMANA, la propuesta menciona a las personas objetos del acuerdo, es como uno de los puntos concretos que abordarán las partes. Se habla de 'rehenes', se les hace una distinción entre 'nacionales, internacionales, legales e ilegales', lo que indicaría que se aconseja abordar el tema por grupos o darle a cada uno un tratamiento distinto.

La existencia de este documento es la muestra de que las partes estaban a un paso de superar los escollos que no habían logrado sobrepasar en cuatro años para buscar la manera de liberar a los secuestrados. Pero explotó la bomba, llegó el comandante en jefe y mandó parar. Por ahora.
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