Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1999/04/05 00:00

LO QUE DEJO LA RENO

Los fiscales generales de Colombia y Estados Unidos llegaron a importantes acuerdos en <BR>materia de cooperación judicial, asistencia técnica e interdicción marítima.

LO QUE DEJO LA RENO

EN sus dos días de visita a Colombia la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, se
entrevistó con el presidente Andrés Pastrana, con el Fiscal General de la Nación, con el Procurador, con
varios ministros y altos funcionarios, con el director de la Policía y con los mandos militares. Su escaso
español no fue un impedimento para hablar de extradición, cárceles, bienes del narcotráfico, cultivos
ilícitos, pruebas, expedientes, derechos humanos y otros temas. Con cada funcionario tenía un tema que
tratar. Pero la más importante de todas las reuniones fue, sin duda, la que sostuvo con Alfonso Gómez
Méndez.
En el encuentro de los dos fiscales se habló, como se esperaba, de la extradición de nacionales a
Estados Unidos. Se mencionaron nombres y procedimientos. Pero ese no fue el único tema de la
reunión. Hubo otros que, según el propio Gómez Méndez, fueron tanto o más importantes, como los acuerdos
logrados en cooperación judicial, asistencia y capacitación al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía,
CTI, e interdicción marítima.

Cooperación judicial
En materia de asistencia judicial e intercambio de pruebas la propia Reno tomó la iniciativa de proponer el
descongelamiento de las relaciones entre los dos organismos, las cuales estaban paralizadas desde la
época de Gustavo de Greiff. Los norteamericanos no veían con buenos ojos la política de sometimiento a la
justicia y las penas tan bajas que recibían algunos de los capos de los carteles de Medellín y del norte del
Valle. Y, como si eso fuera poco, De Greiff dijo en una conferencia que estaba de acuerdo con la legalización
de la droga.
El inconformismo estadounidense se mantuvo durante el período de Alfonso Valdivieso debido a las
dudas que existían sobre la figura del presidente Ernesto Samper por el ingreso de los dineros del
narcotráfico a la campaña de 1994. Durante esos años fue posible, sin embargo, obtener algunas pruebas
en casos específicos. Y una comisión de fiscales pudo viajar a mediados de 1995 a Estados unidos para
entrevistar a Guillermo Pallomari, testigo principal del proceso 8.000.

Comisión de alto nivel
Para agilizar el intercambio de pruebas entre los dos países se acordó la creación de una comisión mixta
de alto nivel, integrada por los vicefiscales de ambos países; la jefe de asuntos internacionales de la Fiscalía
colombiana, Pilar Gaitán, y el asistente privado de Janet Reno; el director del CTI, Pablo Elías González, y
personal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La comisión tendrá la tarea de revisar todos los
casos en los que se requieran pruebas, establecer un diagnóstico de cada proceso y, si es del caso,
proceder a la entrega del material probatorio.
La fiscal Reno se mostró tan decidida a dar inicio al intercambio judicial que pidió todas las solicitudes y
cartas rogatorias que la Fiscalía colombiana ha enviado a Estados Unidos con algún tipo de requerimiento. Y
se encontró con que desde la creación de la Fiscalía se han enviado a distintos tribunales de ese país 463
cartas rogatorias y que a la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta para 335 de esas solicitudes, lo que
hace evidente la necesidad de una mayor colaboración judicial por parte de Estados Unidos.
Janet Reno se comprometió a darle trámite a todas las solicitudes, a agilizar los asuntos de mayor interés,
como el de Pastor Perafán, y a ayudar a resolver los que están a punto de prescribir, como el proceso contra
el ex contador del cartel de Cali, Guillermo Alejandro Pallomari. La respuesta a ese tipo de casos es
indispensable para que las autoridades colombianas puedan iniciar procesos de extinción de bienes y
congelamiento de cuentas bancarias.
La Fiscal de Estados Unidos advirtió, de todas formas, que todo este proceso tendrá un seguimiento
minucioso. Y dijo que si las penas de los sindicados no son lo suficientemente fuertes no pondrá en riesgo
ni a sus testigos ni a sus investigadores.

Un FBI criollo
La Fiscalía colombiana le dijo a la Reno, por su parte, que con el desmonte de la justicia sin rostro los
procesos que requerirán asistencia técnica de Estados Unidos van a ser muy contados y específicos. La
ayuda se pedirá para aquellos casos que necesiten tratamiento de alta cirugía. Y le comunicó que para
esas investigaciones especiales ya está montada la Unidad Nacional para la Lucha contra el Narcotráfico,
un cuerpo élite que se encargará, una vez eliminada la justicia regional, de desmantelar las grandes
organizaciones del crimen.
La Fiscal estadounidense ofreció toda su colaboración para el fortalecimiento de ese grupo y del CTI. La idea
es que éste último se especialice al máximo y se convierta en una especie de FBI criollo. Y para que la idea
no se quede en el tintero en los próximos meses vendrán al país algunos de los mejores
investigadores de ese conocido organismo para entrenar a los agentes colombianos, y varios de éstos irán a
Estados Unidos con el mismo propósito. La Reno ofreció, además, el suministro de equipos especializados y
asistencia técnica al CTI.

Acuerdo de interdicción
En cuanto al acuerdo de interdicción marítima, firmado por los dos países en 1997, lo más importante es la
posibilidad de que, en aquellos casos en que la guardia costera de Estados Unidos intercepte en aguas
internacionales barcos cargados con drogas que lleven bandera y tripulación colombianas, y decidan
iniciar una acción penal, pueden incautar la droga, detener la tripulación y conducirla a cárceles en ese
país. Ya no sería obligación de las autoridades de Estados Unidos entregar a los responsables nacionales a la
Fiscalía colombiana.
Para el manejo de esos asuntos la Fiscalía colombiana creará una unidad especial que se encargará de
atender todo lo relacionado con el tráfico de drogas en alta mar. Se trata, sin duda, de un asunto muy
delicado. Pero los representantes del ente investigador fueron muy claros al señalar que este tipo de
acciones están contempladas dentro de la ley nacional y que no se trata ni de extradiciones ni de la renuncia
a la jurisdicción colombiana. Es, simplemente, darle vía a la aplicación de una ley y a un acuerdo
internacional.

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