Caso Petro: qué dirá el Gobierno en la CIDH

Cuando parecía que esta semana se iba a conocer el capítulo final del caso contra Gustavo Petro, luego de las desfavorables decisiones del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, una carta enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacudió el proceso.

El propio alcalde consideró en un mensaje de Twitter que la justicia colombiana no pudo garantizarle sus derechos y reclamó por la falta de garantías políticas para un “gobierno alternativo”.

“Mis derechos fundamentales quedan en manos de la justicia interamericana”, escribió el mandatario para dejar saber que su suerte la definiría la CIDH, la cual podría entregarle o no, las medidas cautelares y de paso, como lo quieren los abogados del mandatario, suspender el fallo con que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.

En el documento en el que se cita a la Cancillería se resaltó que la Comisión ha decidido convocar a una audiencia durante su periodo de sesiones ordinarias, para que el Ejecutivo explique el "régimen legal y practica institucional para imponer sanciones a los derechos políticos de las personas en Colombia”. Es decir, que en la CIDH quieren conocer en detalle si la Procuraduría es el ente competente para sancionar a un alcalde. 

Ante ese escenario el papel de la Cancillería no es menor. Pues el funcionario que represente al país tendrá que explicar cuáles son las funciones de los organismos de control del Estado que imponen sanciones administrativas y las cuáles pueden sancionar los derechos políticos de los ciudadanos.  En otras palabras, lo que diga el Gobierno será clave para que la CIDH entregue o no las medidas.

Como se sabe Petro reclamó durante semanas desde el balcón del Palacio Liévano que era el presidente Juan Manuel Santos quien debía tomar una decisión frente a su salida de la Alcaldía. Hoy esta tesis fue desechada por los tribunales que consideraron que la Procuraduría tiene las facultades.

Este jueves el presidente cuando hizo su primer acto de campaña aseguró que la ciudad “perdió el rumbo” y que trabajaría por ella con Petro o sin él. Ese mensaje pareció para muchos que Santos estaba jugado. Este viernes sentó una posición radical.

En una entrevista con el diario El Tiempo reconoció que desde el principio habló con el mandatario capitalino para decirle que le garantizaba, como jefe de Estado, que no intervendría en este proceso. “Mi obligación es cumplir con la Constitución (…)  Nosotros no vamos a intervenir… que ellos (CIDH) decidan (…). Qué tal el presidente de la República tomando partido”.

Esta de seguro será la posición que mantenga el ejecutivo en la CIDH, pero lo cierto es que sin duda la intervención estará pegada también a los fallos del Consejo de Estado y la Judicatura, tribunales que no le dieron la razón al alcalde y a sus seguidores.

Por ahora se espera que el Gobierno Nacional lleve toda su artillería jurídica para explicar en Washington las funciones de la Procuraduría al imponer sanciones disciplinarias a funcionarios elegidos popularmente.

A esta audiencia irá personalmente el Procurador general Alejandro Ordóñez y su comitiva, con el ánimo de solicitar una intervención en la misma.

La audiencia fue solicitada por la asociación para la promoción social y alternativa (Minga) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,  entre otras organizaciones. Esta se llevará a cabo el 24 de marzo a las 11:30 a. m.

Se espera que posterior a esta cita, se  tome una decisión por parte de la Comisión y se le ponga punto final a este tema.