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| 10/6/2012 12:00:00 AM

Los 12 investigadores del patíbulo

SEMANA revela una historia oculta por años: cómo la oficina de Envigado mató, uno a uno, y con un macabro modus operandi, a los agentes del CTI que se atrevieron a investigarlos. Don Berna acaba de reconocer los crímenes.

La orden fue clara. El detective que se atreva a indagar alguno de los miembros de la Oficina de Envigado debía ser asesinado. Hasta ahora se conocía la historia de Pablo Escobar, que mató a los dos agentes del DAS que osaron seguirlo, pero lo que no se sabía era que sus herederos en el mundo de la mafia habían tomado nota y aplicaron un modus operandi que por lo sistemático resulta macabro. Entre 1997 y 1999 asesinaron a 12 investigadores del CTI que decidieron investigar a la cúpula de la mafia y de los paramilitares en Antioquia.

Hace unas semanas, el fiscal 45 de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro, le imputó a Diego Fernando Murillo, alias don Berna, 34 delitos, entre los cuales se encontraban las muertes de los investigadores. Estos casos reposaron más de diez años en los anaqueles sin encontrar a los culpables. Las muertes fueron idénticas: los abordaron saliendo de sus casas, lugares de trabajo o de estudio. Sicarios en motocicletas les dispararon en la cabeza.

El primero fue John Jairo Ruiz, el 14 de marzo de 1997. Él llevaba investigaciones contra grupos mal llamados de limpieza social que operaban en el oriente antioqueño. El día de su muerte salía a las 8:30 de la noche de la Universidad Cooperativa donde estudiaba derecho. En pleno centro de Medellín, dos hombres armados le dispararon cinco veces en la cabeza. Según un testigo, alias el Negro, un sicario de la banda La Terraza, dijo: “Yo maté a ese hijueputa porque me estaba investigando”.

Cuatro meses más tarde, el 4 de julio, fue asesinado Jaime Piedrahita, investigador en Itagüí. Ese día, a las 5:15 de la tarde, cuando salía de su oficina, un pistolero le disparó seis veces en la cabeza y se subió a una moto. Piedrahita estaba desentrañando la participación de agentes del CTI en actos de los paramilitares. Un día antes de morir, le contó a uno de sus compañeros que “ya tenía ubicado el brazo armado de Gustavo Upegui en Itagüí”, según un informe enviado a un fiscal en Bogotá.

El 5 de septiembre, cuando salía para su oficina, fue asesinado Manuel Guillermo López, cerca del centro comercial San Diego. El Zarco, de La Terraza, le dio dos disparos en la cabeza. López investigaba a compañeros suyos que recibían pagos de la Oficina de Envigado. Uno de sus compañeros investigados le había dicho que con los paramilitares había que hacerse los bobos. López guardó apuntes de esa conversación y su interlocutor se dio cuenta.

En 1998, la racha de muerte comenzó el 13 de abril, cuando mataron a Luis Fernando González. Salía para su trabajo a las 7:55 de la mañana cuando unos hombres que pasaron en un carro Daewoo le dispararon cuatro veces en la cabeza. Según el libro Memoria de la impunidad en Antioquia, González investigaba la muerte de su compañero Jaime Piedrahita y las desapariciones de milicianos ocurridas entre 1995 y 1996.

El 8 de mayo fue asesinado Augusto Botero en el barrio Boston, cuando dos hombres en una moto se le acercaron y le dispararon. Botero se fue contra un árbol y cayó herido al suelo, donde fue rematado con seis tiros. Él estaba investigando la muerte del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrida en febrero de ese año.

El 10 de junio de 1998 las autoridades dieron un duro golpe a los paramilitares al encontrar en un parqueadero del centro de Medellín un listado con las cuentas de 300 personas que aportaban dinero a ese grupo criminal. En la noche, el investigador Sergio Parra, quien lideró el operativo, salió en su carro de la sede de la Fiscalía en el centro y cuando se detuvo en un semáforo, dos hombres, uno por el lado derecho y el otro por el izquierdo le dispararon 21 veces. Respecto a este caso, Berna recordó: “Cuando sucedió lo del parqueadero Padilla en el cual encuentran una contabilidad perteneciente a las autodefensas, la orden que da Carlos (Castaño) es dar de baja a los investigadores que participaron en ese operativo”. Un compañero de Parra lo delató ante los ‘paras’.

A la semana siguiente, el 16 de junio, el turno fue para Tomás Santacruz, un joven de 27 años que coordinaba el equipo de homicidios del CTI. Esa noche salió de la Universidad Cooperativa a las 9:55, se subió a un taxi con su novia y cuando iba llegando desde una moto le dispararon en la cabeza. Su muerte se debió a investigaciones que llevaba contra miembros de la banda La Terraza.

Para el 5 de octubre, Luis Fernando Mesa ya llevaba casi un año de haberse retirado del CTI. Su renuncia se debió a que lo habían trasladado para el municipio de Andes, y él prefirió continuar sus estudios de derecho en la Universidad Cooperativa. A la salida de la universidad, mientras esperaba el bus, se acercaron dos hombres en una moto y le propinaron siete tiros. Su muerte se relaciona con la de su compañero Jaime Piedrahita, porque Mesa sabía que lo habían asesinado Los Pepes, que operaban en Itagüí.

El 14 de diciembre de 1998, Edward Holguín puso su cuota de sangre. Mientras viajaba en moto con su esposa, cerca al estadio, tres hombres que pasaron en una moto Ninja los interceptaron. A él le dispararon 23 tiros, la mayoría en la cabeza. Después golpearon a la esposa, que también trabajaba en el CTI. Holguín llevaba investigaciones contra Gustavo Upegui, el Zarco y Rodolfo Murillo, hermano de Berna. La Oficina de Envigado se enteró de estas investigaciones por medio de un agente que tenían infiltrado.

Otro investigador, Jorge Fernández, que había sido jefe de la Sala de Información y Análisis del CTI, no soportaba las traiciones de sus compañeros y los denunció ante sus superiores. En respuesta, lo declararon insubsistente. El 7 de enero de 1999 recibió un taxi en el que iba a empezar a trabajar. Mientras se lo mostraba a su hijo, dos sicarios pasaron y le dispararon en la cabeza. Dos días antes, le había contado a su compañero Diego Arcila que lo habían amenazado.

A Arcila le llegó la muerte el 15 de febrero cuando iba para el trabajo. Acababa de salir de su casa en el barrio Santa Mónica, tomó un taxi y en la céntrica avenida San Juan, el carro se detuvo en un semáforo en rojo. Dos hombres en una moto Yamaha DT, le dispararon tres veces en la cabeza y él cayó sobre las piernas del conductor. Arcila también había recibido amenazas por haber investigado a la oficina.

La muerte de Arcila no fue la última de ese año. El 9 de diciembre, Yirman Giraldo conducía un carro que le había asignado la Fiscalía. Una llanta se pinchó y entró a un taller en el vecino municipio de Bello. Al poco tiempo, entraron dos hombres en una moto CBR, uno a pie y otros en un Mazda 323, y lo mataron. Giraldo había recibido amenazas mientras investigaba a alias el Zarco y a funcionarios del CTI relacionados con la Oficina.

Con el exterminio de los investigadores, la Oficina de Envigado logró evadir a la justicia. Algunos de sus miembros murieron en su ley al traicionarse entre sí, y otros prefirieron a la justicia norteamericana. Berna, que se desmovilizó y ofreció contar su verdad, cumplió por lo menos esta vez.
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