Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2015/09/19 22:00

Controversia por los 18 años de cárcel para Feliciano Valencia

La condena al líder indígena por haber retenido a un militar durante tres días ha generado polémica. ¿Justicia o autonomía?

La condena a valencia es para las FARC un mensaje hostil y provocador para la paz. Foto: León Darío Peláez

Para la comunidad indígena del Cauca, Feliciano Valencia es como Leopoldo López para muchos venezolanos . El líder de la guardia indígena goza de un gran poder y respeto dentro de las comunidades étnicas. Los colombianos lo conocen precisamente por esa labor y porque se lanzó a la Presidencia de la República en la pasada campaña. Por eso, la condena de 18 años de cárcel que le acaba de imponer un tribunal de Popayán generó conmoción.

El pasado martes 15 de septiembre fue un día de luto para los nasa. Delante de la comunidad, hombres del CTI capturaron a Feliciano y lo condujeron hasta la cárcel San Isidro de Popayán. El caso de Valencia es quizás uno de los ejemplos más complejos de cómo se contrapone la cosmovisión de los indígenas con la justicia. Sin embargo, mientras los agentes de la ley veían en él un delincuente, los indígenas sintieron que se estaban llevando a un luchador de su pueblo.

El líder nasa representa, en cierto modo, los muchos siglos de la resistencia aborigen. Con Feliciano como líder, los nasa han sido una de las pocas comunidades que han logrado parar los atropellos de la guerrilla, liderar las polémicas ocupaciones de haciendas y rechazar con vehemencia que el Estado se inmiscuya en los asuntos de los indios.

La historia del caso que llevó al líder indígena a la cárcel tiene que ver con esa visión del mundo. En 2008, los indígenas de Cauca protagonizaron una protesta multitudinaria en contra del gobierno de Álvaro Uribe -exigiendo la devolución de tierras- que ocupó por semanas la prensa nacional.

El eje de mayor concentración fue el resguardo La María, en Piendamó. Muchos colombianos recuerdan la crudeza de esas manifestaciones. CNN publicó cómo la Policía cargaba sin misericordia contra los indígenas. Y al mismo tiempo, se hicieron virales las imágenes de un soldado (de origen indígena) agredido, también sin contemplaciones, por las comunidades étnicas.

Ese soldado terminó enjuiciado por la guardia indígena, que lo acusó de ser un infiltrado de las Fuerzas Militares en la minga. Por cuenta de esos hechos es que Valencia fue condenado. La Fiscalía argumentó que el cabo tercero Jairo Danilo Chaparral Santiago fue retenido por “sujetos que tenían el rostro cubierto, bastón de mando y machetes (…) lo obligaron a subir a una camioneta y ante la presencia de 400 indígenas lo golpearon y lo trasladan a una vivienda del cabildo donde permaneció en una jaula, amarrado, vendado y custodiado”.

Pese a que Feliciano no participó en esa retención, fue acusado por secuestro simple agravado y lesiones personales, ya que él coordinó el juicio indígena que culminó con 20 latigazos para el soldado. La Fiscalía argumentó que, además, para la época de los hechos, Valencia era el representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

Para Lida Paz, consejera mayor del Cric, la condena es “insólita, criminal e injusta” y advierte que puede generar un enorme movimiento social. Los indígenas tienen una visión colectiva de sus actuaciones y aseguran que si Feliciano va a la cárcel, toda la comunidad que lo apoyó tiene que estar con él.

A la luz de la normatividad colombiana lo que sucedió con el soldado sí es un secuestro. Por eso el dilema jurídico es enorme. Se trata de determinar si la justicia indígena, en la autonomía que le dio la Constitución de 1991, podía retenerlo, enjuiciarlo y golpearlo.

La Corte Constitucional ha sido garantista de la autonomía de las comunidades étnicas. En diferentes sentencias ha reiterado que aunque en la justicia ordinaria los fuetazos y el cepo podrían ser considerados tortura, los indígenas pueden aplicarlos porque hacen parte fundamental de su cultura.

Sin embargo, también ha dicho que esa autonomía debe tener límites y no está claro si la justicia indígena se puede aplicar a quienes no pertenecen a esa comunidad, como este militar.

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