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| 5/5/2015 4:02:00 PM

Los 77 puntos que Uribe le entregó a la Corte Suprema

El expresidente radicó ante el alto tribunal sus puntos de vista acerca de lo que él llama una persecución de la justicia en contra suya y de sus excolaboradores de gobierno.

Tal como lo prometió, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo público una listado de 77 puntos donde habló de lo divino y lo humano.

Muchos creyeron que se referiría solo al caso del 'hacker' Andrés Sepúlveda por el que acudió a la Corte este martes. Sin embargo, presentó un catálogo de inquietudes en el que defiende la inocencia de su gobierno, de él mismo y de sus excolaboradores de administración que terminaron condenados y del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

Según él, si no se filtra el video donde Zuluaga aparece con el 'hacker', otro sería el destino del país. “El ingrediente político del Hacker, con amenazantes repercusiones judiciales, se utilizó para penetrar la campaña de Óscar Iván Zuluaga, para frenar su triunfo”.

El exmandatario hizo referencia acerca del computador de 'Raúl Reyes', sobre la condena a Andrés Felipe Arias, de las confesiones de Salvatore Mancuso y la penetración en el Congreso y la Corte, de las condenas a Sabas Pretelt y Diego Palacio, de la inocencia del exdirector del DAS Jorge Noguera y lanzó pullas a conjueces que han debido declararse impedidos al fallar en contra de exfuncionarios.

También se refirió a la inocencia de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y del exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno, recientemente condenados por las ‘chuzadas’.

Y, como era de esperarse, defendió a sus excolaboradores José Obdulio Gaviria, Jorge Mario Eastman, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, a quienes calificó de intelectuales y profesionales respetables. Ellos están investigados también por las interceptaciones ilegales.


Estos son los 77 puntos:

1. Sobre el Hacker nada tengo que agregar, repetí lo dicho.

2. Óscar Iván Zuluaga no buscaba a un delincuente sino a un asesor de comunicaciones, con supuesta buena reputación por haber trabajado con el Presidente de la República y J.J. Rendón.

El ingrediente político del Hacker, con amenazantes repercusiones judiciales, se utilizó para penetrar la campaña de Óscar Iván Zuluaga, para frenar su triunfo, sin importar que se mancillara la honra bien ganada de su familia y de su persona.

3. Supe del Hacker cuando estalló el escándalo utilizado para ocultar la noticia del dinero del narcotráfico a asesores políticos del Gobierno y de una posible llegada de parte de ese dinero para cubrir, en 2011, el déficit de la campaña presidencial de 2010.

4. Mis opiniones y denuncias son públicas, mi comunicación es con la comunidad y no tengo, ni he buscado relación con las Fuerzas Armadas desde el 7 de agosto de 2010, salvo por la seguridad que me prestan.

5. A Andrés Felipe Arias no pudieron condenarlo por ladrón porque no se robó un peso. Lo condenaron por haber hecho un contrato directo, como muchas veces se ha realizado, con una entidad de la OEA, cuyo objeto se refería a distritos de riego.

Dijeron que el contrato directo no cabía sino en ciencia y tecnología. Pero, ¿Acaso el riego agropecuario moderno no es un tema de tecnología? La diferencia de apreciación se reduciría a un punto meramente administrativo, con dolo imposible por la naturaleza del ente internacional, que nunca debería tipificar un delito.

Lo condenaron, además, porque supuestamente, su preparación, lo habría obligado a conocer de 6 casos de corrupción de particulares cuando el número de beneficiarios de Agro Ingreso Seguro superó los 380 mil.

6. A Andrés Felipe Arias lo condenó la magistrada María del Rosario González, quien acusó a nuestro Gobierno de haberla perseguido y cuyo impedimento no aceptaron.

La condena a Andrés Felipe Arias la filtraron en medios de comunicación tres días antes de la segunda vuelta en la elección presidencial. Se acreditó el rotundo sesgo político.

7. Luis Alfredo Ramos completará dos años en la cárcel por testigos promovidos por voceros políticos del terrorismo, cuyas falsedades han sido demostradas y confesadas.

8. La mayoría de delitos de la para-política corresponden a hechos anteriores a mi Gobierno.

9. Fui elegido Presidente con un mínimo apoyo de congresistas, ya en el Gobierno se conformó una coalición para apoyar nuestra agenda legislativa. Muchos congresistas expresaban que por ser integrantes de esa coalición corrían el riesgo de ser condenados por la Corte. También pensaban que tomando distancia del Gobierno se protegían contra juicios y condenas.

10. La Corte desconoció como prueba los computadores del terrorista Raúl Reyes, con lo cual se consolidó la impunidad de los apoyos nacionales e internacionales al terrorismo guerrillero. Organismos internacionales inobjetables confirmaron que esos computadores eran genuinos y nunca alterados. Corte dijo que no fueron recaudados por orden judicial, cuando se hallaron en un operativo legítimo contra el terrorismo.

11. Salvatore Mancuso manifestó que los paramilitares habían elegido más del 30% de los congresistas y que habían penetrado todas las instituciones, incluida la Corte Suprema.

12. A la denuncia del señor Mancuso sobre penetración para-militar en la Corte Suprema se le negó cualquier mérito para investigar, no obstante que el mismo testigo ha sido validado para condenar personas de la política.

13. A Sabas Pretelt le violaron los derechos al permitir que lo investigara alguien distinto al Fiscal General como lo indicaba la norma jurídica, vigente al momento de los hechos, modificada con posterioridad.

14. A Sabas Pretelt lo condenaron a pesar de que la señora, única testigo, manifestó en diez ocasiones que él ningún ofrecimiento le hizo, que fue Uribe quien le prometió puestos.

La testigo, comprobada mitómana, en unos casos mereció la credibilidad de la Corte para sustentar condenas, pero en este caso, su testimonio fue desconocido por el interés de condenar a Sabas Pretelt.

15. Para condenar a Sabas Pretelt, conectan con la reelección, nombramientos que sucedieron año y medio después de la cuestionada votación congresional de la Reforma Constitucional.

16. Diego Palacio fue condenado sin que los magistrados se declararan impedidos por denuncia que él les formuló por prejuzgar a los funcionarios. Lo que no es un requisito objetivo, pero sí un mensaje de imparcialidad.

Diego Palacio sustentó su denuncia en que los magistrados, además de calificar como cohecho la auto incriminación de la testigo única, repitieron el prejuzgamiento en declaración pública del magistrado Ibáñez, CUANDO EN EL PROCESO NUNCA OYERON A LOS FUNCIONARIOS.

El magistrado Ibáñez, cuya elección en la Corte fue gestionada por políticos, dijo públicamente que como el delito -auto incriminación de la testigo única- era cohecho, había otra parte como sujeto delictivo, en clara referencia a los miembros del Gobierno, pues a nadie más podía estar dirigida.

En los casos en que hubo impedimentos, la Corte condenó en cuerpo ajeno, a través de conjueces sin garantía de imparcialidad, como se verá más adelante.

La Corte denunció a Diego Palacio en 2008 como represalia a la denuncia que él presentó. Sin embargo, no se declaró impedida para condenarlo.

17. A Diego Palacio lo condenaron por nombramiento anterior a los hechos, nada relacionado con ellos, cuando lo que se tipificó fue una clara concusión de amenaza por parte de la testigo única a funcionarios. Está demostrado que era la testigo única la que solicitaba puestos presionando indebidamente y amenazando con encadenarse como el caso del SENA.

18. La Corte, cuando se trataba de condenar, subestimó las mentiras comprobadas de la testigo única, como las llamadas amenazantes que negó y se probaron. Llamaba y amenazaba, con palabras soeces, porque no le asignaban un contrato en Ecopetrol, como consta en audio que Sabes Pretelt informa está en poder de la Corte.

La Corte elogió a la testigo único al presentarla como una sencilla parlamentaria de provincia.

A la Corte la tuvo sin cuidado que la testigo única me acusara de haberme arrodillado frente a ella, en un baño de la sede de la Presidencia, para rogarle que votara la reelección y ofrecerle un consulado.

Pero de qué puedo quejarme si la Corte desestimó la mentira de la testigo única que negó su comprobado abandono de la prisión domiciliaria!

De qué puedo quejarme si la Corte no asignó importancia a la mentira de la testigo única que acusaba a la Presidencia de repartir bolsas de dinero con fines electorales!

A la Corte se informó sobre 120 mentiras, probadas, de la testigo única, que nunca fueron desvirtuadas.

19. La Corte, para condenar a nuestro Gobierno, no tuvo el mínimo cuidado de examinar la hipótesis de una auto incriminación de la testigo única, impulsada por otros criminales, con el propósito de vengar nuestra férrea lucha contra el crimen. Criminales que le habrían pagado para irse a la cárcel a fin de afectar a nuestro Gobierno.

20. La Corte desestimó que la testigo única, como integrante de la bancada del Partido Conservador, participó en la decisión de esa colectividad de apoyar la Reforma Constitucional de la reelección presidencial.

21. La Corte omitió indagar por la manipulación que la oposición política y periodística ejerció sobre la testigo única para que firmara no votar la reelección, en contradicción con lo que aprobó en la bancada conservadora.

No quiso la justicia investigar la declaración de la testigo única según la cual la "habrían secuestrado en una casa, con consumo de licor, para forzarla a votar contra la reelección".

Tampoco se investigó el video que la testigo única grabó a un periodista para pre constituir una prueba en contra del Gobierno, video que es indicio de la premeditación para autoincriminarse, con patrocinadores que permanecen en la impunidad, con tal de afectar a los funcionarios. El video es prueba de la concusión, en el sentido de que si no le daban los puestos, cumpliría con sus amenazas.


22. A Alberto Velásquez lo condenaron porque la testigo única dijo que le había ofrecido un cargo en la Red de Solidaridad. Sin mediación de Alberto Velásquez, la testigo llevó un candidato a la Red de Solidaridad, César Guzmán, a quien nunca nombraron. Salido Alberto Velásquez del Gobierno, la Red nombró a una persona por concurso, que nada tenía que ver con el tema, sin embargo, el nombramiento es relacionado con el mentiroso ofrecimiento para justificar la condena contra Alberto Velásquez.

Alberto Velásquez no pudo que le oyeran los testigos, incluso no recibieron testimonio al Director de la Red de Solidaridad.

Para condenar a Sabas Pretelt también la Corte se apoyó en el caso de César Guzmán, quien afirmó no haber conocido ni recibido beneficios de Sabas Pretelt.

23. Uno de los conjueces para condenar a los funcionarios ha sido William Monroy, quien ha actuado en contra de mi familia, como abogado del conocido periodista, que además de ser mi constante difamador personal, armó la treta para afectar a nuestro Gobierno. Este periodista aparece como perseguido por nuestro Gobierno.

Otros de los conjueces que han condenado a nuestro Gobierno, es Julio Andrés Sampedro Arrubla, quien ha sido y es contratista del actual Gobierno, del cual he sido claro opositor. Gobierno, cuyo titular, el Presidente, quien fuera Ministro de Defensa de mi Administración, me ha acusado de paramilitar, de solicitar promoción de un general cuestionado y de haber extraditado a los cabecillas paramilitares para que guardaran silencio, no obstante que el país requirente aceptó nuestra exigencia de total acceso al Estado Colombiano, acceso plenamente utilizado por la justicia y por mis detractores.

24. La Corte condenó al Gobierno por supuestos nombramientos de notarios "en pago" de la reelección. El testigo que habría recibido una notaria lo negó. Además, los parlamentarios que habrían recibido otras notarías fueron exonerados. Sin embargo a los ex ministros los condenaron.

La Corte, sin competencia para ello, investigó a uno de mis hijos porque habría incurrido en tráfico de influencias para el nombramiento de un notario. Muchos meses después la Fiscalía archivó el proceso.

25. Jorge Noguera, primer director del DAS, nombrado porque tenía antecedentes de persona correcta, fue condenado por un asesinato del cual los paramilitares confesaron haber sido autores intelectuales y materiales.

26. La Corte ha circulado la versión de que mi Gobierno quería desacreditarla para vengar las condenas por para-política.

Qué no se olvide que la para-política fue investigada y condenada, en justicia y con injusticias, gracias a la seguridad democrática, que en 2006 ya había avanzado bastante en el País. La Corte nunca antes se atrevió a hacerlo.

27. El Gobierno preguntó por acusaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre penetración del narcotráfico a algunos magistrados. Infortunadamente para la democracia esas penetraciones fueron notorias, comprobadas y no admitieron la presunción de inocencia ni el beneficio de la duda.

28. Como Jefe de Estado me correspondía preguntar por lo que atentara contra las instituciones, dentro o fuera del país.

29. Nunca hubo de nuestra parte orden o insinuación para hacer algo ilegal.

Durante ocho años como Presidente, en mi intensa comunicación con integrantes de las Fuerzas Armadas o directores de organismos de seguridad, ni en el ejemplo, ni en la palabra, ni en la insinuación sugerí u ordené algo ilegal.

30. Jamás tramité ante la Corte, ni formal ni informalmente, petición alguna en favor de un congresista investigado o condenado.

31. Tuve discusiones con la Corte cuando hubo decisiones que negaban extradiciones. Por ser este tema no solamente un asunto de justicia sino también de orden público y de relaciones internacionales, me correspondía presentar mis argumentos. Sobre este punto las discusiones fueron serenas y constructivas.

32. También controvertí con la Corte su decisión de considerar que solamente uno de los grupos terroristas podría ser sujeto de delitos políticos. Expresé que en la democracia, donde no existen delitos de conciencia no debe haber ese atenuante de la conducta ilegal que es el delito político. Agregué, que ya que existía, debería aprovecharse para desmovilizar guerrilleros y paramilitares rasos, teniendo en cuenta que no obstante lo que se predique de sus finalidades políticas, lo cual, además de subjetivo es bastante simulado, ambos perturban gravemente al Estado de Derecho.

Nunca pensé que esta discusión, que propuse en público y en privado, pudiera irritar a algunos magistrados. Seguramente procedí con reciedumbre, siempre con argumentos, creo no haberles faltado al respeto.

33. La Corte se negó a elegir Fiscal a pesar de que cambié la totalidad de la terna, que inicialmente aprobaron hasta que apareció una denuncia inesperada sobre uno de los ternados.

34. Comuniqué a los magistrados Ibáñez y Arrubla, Presidente y Vicepresidente respectivamente, el cambio del ternado, expresaron su acuerdo y su disposición de elegir fiscal. Guardaron silencio durante días y manifestaron al público, posteriormente, que la terna era inviable. Se quejaron de mi reacción porque les dije mentirosos, seguramente me equivoqué en la forma, indignado por el contraste entre nuestra conversación y su anuncio en medios de comunicación.

Todavía me pregunto: ¿si la Sala Plena desautorizó a los magistrados Arrubla e Ibáñez, por qué estos prefirieron la descalificación pública de la terna en lugar de contarme lo sucedido, dada la buena voluntad y disposición que les demostré en días anteriores?

35. Pero es claro por qué la Corte no eligió fiscal general: condicionaron al Vicefiscal, encargado como Fiscal, a que nada decidiera en favor de los derechos de los funcionarios de mi Gobierno. Sobre esto circulan documentos que presumo están en el expediente. También ha habido publicaciones periodísticas.

36. Llegado el nuevo Gobierno se cambió la terna. El Presidente de la República me abordó sobre el tema, volví a explicarle todo el proceso, que me extrañó que desconociera cuando había sido integrante de nuestro Gobierno. Finalmente le dije "usted es el Presidente y yo debo respetar su decisión".

Fue verdad aquello que el Gobierno filtró a los medios: en la nueva terna aparecieron personas con quienes yo había tenido un buen diálogo. Sin embargo, finalmente primó la nueva realidad política: había que condenar a los funcionarios de Uribe, y encontraron argumentos como aquel de negar que la instalación de riego agropecuario es un asunto técnico, negativa necesaria para sustentar la acusación a los funcionarios por Agro Ingreso Seguro.

También se cambió la ley para autorizar al Fiscal a delegar investigaciones sobre los ministros. Esta modificación se aplicó con retroactividad, en clara violación de los derechos de nuestros funcionarios. Todavía la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la tutela presentada por Sabas Pretelt.

37. El Fiscal encargado, Mendoza Diago, me expresó que tenía grabaciones o interceptaciones pero que no las revelaría. Los abogados no han encontrado interceptaciones en el expediente.

38. Introdujeron una grabadora a la Corte. Ni el Gobierno ni María del Pilar Hurtado ordenaron esta acción ni otra ilicitud.

Aparte de la ilicitud, ningún interés habría tenido nuestro Gobierno en espiar a la Corte dado que nuestras discusiones las propusimos de frente, como siempre hemos procurado actuar.

39. Quien introdujo una grabadora a la Corte tuvo que estar guiado por la intención de hacer daño al Gobierno, como en efecto ha resultado.

40. Esas grabaciones, que conocimos por la publicación en el periódico El Espectador, acreditaron el interés de algunos magistrados de desacreditar al Gobierno, diferente de la hipótesis judicial que nos acusó de tener propósito de desprestigiar a la Corte.

Alguien más acucioso que mi persona podría inferir de esa publicación que había magistrados empeñados en remover al Presidente. En efecto, esto puede deducirse de las palabras publicadas a uno de ellos, quien me hizo una petición burocrática, que no atendí pero que comuniqué a la opinión pública.

41. Visité a la Corte en 2006, antes de empezar el nuevo período presidencial, para presentar el proyecto de Reforma Constitucional que aclaraba que en la Corte Constitucional residía la competencia de cierre de la tutela. Esto no gustó, pero en lugar de discutirlo conmigo, el magistrado Presidente concedió una entrevista periodística ofensiva. El proyecto no prosperó, pero el tema ayudó para que las Cortes encontraran mecanismos para dejar atrás las peleas por las competencias, conocidas como choque de trenes.

42. Defectos de reciedumbre, combatividad, la altisonancia o el "tonito" que algunos me atribuyen, no fueron obstáculos para buscar diálogos institucionales con la Corte. Hice varias visitas, los recibí, acudí a sus congresos, proponía argumentos. Sin embargo, chocaba contra una pared constituida por la fijación de sentirse perseguidos por el Gobierno.

43. El Director de la Policía acudió a la Corte, por solicitud mía, para escuchar a los magistrados sobre sus temores y riesgos. Me reportó que los magistrados me acusaban de promover amenazas y riesgos. De inmediato llamé al magistrado Presidente quien me dijo que todo estaba bien, que estaban agradecidos por los esfuerzos del Gobierno en rodearlos de protección. Alguien interceptó esa llamada y la publicaron.

Hubiera querido que las otras llamadas también hubieran sido interceptadas y publicadas para que el país conociera que nunca llamé a la Corte a interceder por congresistas.

44. Sobre asuntos relacionados con mi persona en calidad de Presidente, llamé a la Corte solamente por un tema: un ciudadano, que estaba en la cárcel, difundía la especie según la cual un magistrado auxiliar le ofrecía beneficios a cambio de acusarme de haberlo contratado a él, que era paramilitar, para que en 2003 asesinara a otro paramilitar. El asunto han pretendido presentarlo como creación de miembros de mi familia; han querido ignorar que la potencial víctima lo confirmó y exigió varios movimientos al momento de desmovilizarse, con la afirmación de que el Gobierno, o mi persona, querían asesinarlo.

Para este caso llamé, de manera oficial, al magistrado auxiliar, que tenía razones para no dudar de mi honorabilidad por cuanto me conocía desde la universidad. Al escuchar su respuesta creí que negaba y me sentí tranquilo. Estuve equivocado, era más una apariencia de sorpresa para disimular que una negación veraz. Poco después persistieron las noticias y en presencia de testigos llamé al Presidente de la Corte. La llamada, que ojalá hubieran interceptado y publicado, solamente sirvió para crear otro problema: una periodista, que por saña, rabia e interés económico, pierde el raciocinio cada vez que aparece mi nombre, produjo en entrevista al magistrado una distorsión del tema. Terminé denunciándolo ante la Comisión de Acusación. El ponente, lleno de temor, se abstuvo de adelantar el proceso y se redujo a hacer intentos para conciliación y desistimiento. Caí en esa tentación y cuando mi abogado ya había convenido los términos con el magistrado y se dirigía a su casa, recibió una llamada de rectificación; la contraparte fue convencida de no conciliar, que no había delito decía su abogado, persona preparada y hábil mas no indicada, por sus sesgos políticos, para el cargo de inteligencia que había desempeñado en el Estado.

Informé al País sobre estas llamadas.

45. Muchas fueron nuestras reformas a la justicia, desde la consolidación e implementación del sistema acusatorio, la oralidad, las nivelaciones y aumentos, hasta los apoyos para la sistematización.

Por pedido del magistrado Presidente, entregamos a la Corte los recursos, bien escasos en nuestro Gobierno, para que por primera vez tuviera su propio equipo de investigación y no dependiera de comisionados de la Fiscalía.

Incluso, en la Secretaría General de la Presidencia, encontré al magistrado, que después fue Presidente de la Corte, que nos pedía un apoyo, que no necesitaba y que no podíamos dar, para llegar a la Presidencia de la Corporación. Por ser respetuoso y amable, en ese tipo de conversaciones me faltó claridad.

46. La Seguridad Democrática tuvo entre sus fundamentos, de corazón y de alma, la protección de profesores, dirigentes sindicales, periodistas y voceros de la oposición.

47. Discutí con periodistas pero tuvieron protección. Antes de mi Gobierno llegó a haber quince asesinados durante un año. Durante los últimos tres años del Gobierno fueron asesinados tres. Queríamos cero asesinatos, duele una vida y duelen quince.

Los periodistas, en muchos sitios de la Patria, recobraron su libertad gracias a la Seguridad Democrática que les quitó de encima la intimidación del fusil terrorista.

No manejé pauta publicitaria en la Presidencia y no la orienté en el Gobierno. Acepté la respuesta del Ministerio de Defensa de haber respetado licitaciones ganadas por personajes de radical oposición. Hoy veo que los cortejaban por intereses políticos futuros.

48. Mis intervenciones públicas sobre un periodista que violaba los protocolos de rescate de secuestrados para avanzar en su cohabitación con la guerrilla, no fueron persecución al periodismo sino defensa de la democracia contra el terrorismo.

Ese periodista también me acusó de algo que ha estado ni en las fantasías de mi mente, de presionar para que le cancelaran una visa, luego mandó a pedir que le ayudaran a obtenerla.

49. Otro periodista disfrutó una universidad extranjera, al regresar recibió toda la protección, aparece como víctima de persecución de nuestro Gobierno, cuando he hecho lo correcto, que es enfrentarlo en público, sin tapujos, abiertamente, o, posterior al Gobierno, denunciarlo ante la sordera de algunos administradores de justicia.

50. Un periodista amigo me llamó a indagarme por unas interceptaciones de llamadas suyas, sobre asuntos de rutina, que el Gobierno iría a publicar. Cuál mi asombro! Recordará él que le dije “interceptar no está en mi manera de ser”.

51. La infamia ha querido que se olvide la protección de mi Gobierno a los periodistas con la ficción de que los persiguió.

52. La Seguridad Democrática fue para todos, para los amigos del Gobierno y para la oposición, esta fue la instrucción que impartí a los agentes del Estado. Mis más radicales críticos tuvieron la misma protección de mis mas convencidos defensores. Así lo acreditan siete certámenes electorales.

53. Controvertí de frente con la oposición, por eso duele el señalamiento de persecución.

Me resigna que alguno de ellos, afecto a la terrorista Farc, se presente como víctima de persecución, tal vez él ignora que su confesión de militante de Farc es reciente y era desconocida para la época de mi Gobierno.

54. La Corte ha pasado por alto los casos de seguridad del Estado, que según los abogados se expusieron en el juicio y otros las he mencionado reiteradamente como también hice referencia en la Comisión de Acusación en la Cámara de Representantes.

55. Inaceptable que la Corte no asigne toda la importancia debida a casos de seguridad nacional que mi Gobierno tuvo que enfrentar en el país y en el extranjero.

56. La Corte, enrabiada en mi contra, no quiso estudiar la hipótesis de criminales que pretendían vengarse de mi gobierno a través del asesinato físico o moral o de fabricación de la condena judicial.

57. Las interceptaciones al Gobierno, a mi persona, y las falsas acusaciones ponen en evidencia que había un aparato criminal, desde afuera, también enquistado en el Estado, que seguramente actuaba contra la Corte para irritarla y contra nuestro Gobierno para afectarlo.

58. Debe recordarse que los mismos que dijeron haber elegido a más del 30% de los congresistas, haber penetrado a la Corte, también aseveraron haber penetrado al Das y a otras instituciones.

59. Debo recordar que por primera vez escuché hablar de una persona, terrorista por cierto, estando yo en ejercicio de la Presidencia, al recibir la información de que el individuo, en Caucasia (Municipio de Antioquia), hablaba de amenazas en mi contra porque según él “Uribe llegó pisando muy duro”. Pedí que se adelantaran las diligencias para capturarlo y a los pocos días un abogado visitó al Comisionado de Paz para reclamarle que por qué el Presidente ordenaba esa captura si su cliente se sometería a un proceso de paz.

60. Otra comprobación de la penetración terrorista la conocí de un ex secuestrado. Me narró como los captores lo movían de lugar en lugar, de acuerdo con la información que les llegaba desde una institución del Estado, referida a las órdenes mías para ir a rescatarlo. “Uribe nos ordena ir a rescatarlo, muévanlo”, alertaban desde el Estado a los secuestradores.

61. La Corte, sin embargo, prescindió de todo esto y condenó a los funcionarios ante la evidencia de que nuestro Gobierno, renuente a aparecer como víctima, también lo ha sido.

62. Mi Gobierno fue objeto de ilícitos como los siguientes:

Me interceptaron llamadas y las interceptaciones fueron publicadas, ejemplos de ello son una comunicación con el Presidente de la Corte y otra en la cual regañé, con palabras impropias, a un colaborador político acusado de corrupción.

Recientemente se ha conocido que el Secretario Jurídico de la Presidencia, actual magistrado de la Corte Constitucional, fue interceptado en conversación con un congresista. Salieron con la excusa de que ocurrió porque investigaban al congresista. No obstante, nada explica que aquel periodista, enemigo declarado de mi familia y cliente del conjuez Monroy, tuviera la interceptación.

A la revista Semana llevaron una interceptación, que supuestamente yo habría ordenado, que contenía una conversación entre un magistrado auxiliar y un agente de la agencia norteamericana DEA. La investigación que imploré llevó a la cárcel a dos humildes agentes del Estado que confesaron haber recibido cinco millones de pesos. La autoría criminal quedó en el impune anonimato y nuestra honra maltratada.

El director de la revista Semana me consultó, la única vez que lo hizo, una información que le llevaron supuestas personas del DAS, que indicaba que el entonces Ministro de Defensa y mi persona habríamos ordenado interceptar al Presidente del Ecuador. “Usted tiene al ministro muy cerca, puede preguntarle”, fue mi lacónica respuesta.

La revista Semana y una muy importante emisora conocieron un documento, con la firma falsificada de uno de mis abogados, que solicitaba al DAS unas interceptaciones.

63. No hay manera de explicar que tanta acción ilícita en contra de nuestro Gobierno no haya despertado la curiosidad investigativa de la Corte, que por mínima prudencia debería haber examinado estos hechos notorios antes de condenar a nuestros funcionarios.

64. A Bernardo Moreno lo condenaron por delitos diferentes a aquellos por los cuales lo acusó la Fiscalía. Así rompieron un principio tutelar del Sistema Acusatorio que impone que el juez acepte o rechace la acusación.

También la Fiscalía, en el alegato de conclusión, pidió condenar a Bernardo Moreno por delitos que no figuraron en la imputación. De este modo le proscribieron a Bernardo Moreno el derecho al juicio justo y a la defensa.

Más grave resulta que violaron este principio de congruencia para condenar a Bernardo Moreno pero no exigieron que el acusador investigara la venganza criminal contra nuestro Gobierno, con lo cual la Corte habría tenido que absolver a los funcionarios.

Funcionarios del DAS negociaron rebajas de penas, y a última hora apelaron a una reunión de rutina, sin importancia, que Bernardo Moreno nunca negó, cuyo contenido tergiversaron para obtener la rebaja de penas. A María del Pilar Hurtado, en ese momento en el exilio, no le recibieron testimonio, que pudo darlo, incluso en relación con esa reunión

A Bernardo Moreno lo acusan de filtrar noticias, tarea que no le correspondía ni ejerció.

Incomprensible que la Corte condene por este delito y con base en indicios frágiles.

Incomprensible que la Corte condene por dar noticias al público cuando su ejemplo ha sido filtrar anticipos de condenas a nuestros funcionarios como ocurrió con Andrés Felipe Arias, tres días antes de la segunda vuelta en la elección presidencial. Más adelante traeré otro caso en relación con mi persona.

A Bernardo Moreno le alteraron la contabilidad de la prescripción para negarle el derecho, basta leer el alegato del abogado sobre el tema.

A Bernardo Moreno lo condenaron por coautoría del delito sin probar el elemento intencional.

Uno de los indicios para condenar a Bernardo Moreno es la aparición de las iniciales BM en un documento del DAS, iniciales que corresponden al funcionario Bernardo Murillo.

La Fiscalía mantuvo a Bernardo Moreno en un calabozo carcelario, durante un fin de semana con festivo, a pesar de la sentencia de la Corte que le señaló prisión domiciliaria. Otra vergüenza para nuestra democracia.

65. Me referiré a María del Pilar Hurtado en la parte final.

66. Andrés Peñate, hombre probo, recomendado por la academia y la empresa privada, ha sido coherente y reiterativo en sus afirmaciones públicas y privadas, ante autoridades y medios, en el sentido que nunca recibió ni dio órdenes ilegales, menos para que el DAS operara como una policía política en contra de la oposición.

Llama la atención que periódicos nacionales pretendan abrir un nuevo capítulo de las interceptaciones con la presión para que se proceda en contra de Andrés Peñate.

67. Rechazo que se quiera causar daño al Senador José Obdulio Gaviria, a Jorge Mario Eastman, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, intelectuales y profesionales respetables.

Los visitantes a la oficina jurídica de la Presidencia, del caso conocido como Job, acudieron allí con el anuncio de tener pruebas sobre ofertas de beneficios, por parte de la justicia, a personas que estaban en la cárcel, a condición que me acusaran. Ingresaron a la Casa de Nariño por una puerta no disponible al público en general, pero fueron registrados y sometidos al filtro de seguridad.

68. Luis Carlos Restrepo, ex Comisionado de Paz, es una mente esclarecida y una personalidad pura de la Patria. Su talento y persistencia permitieron la desmovilización de casi 45 mil integrantes de grupos terroristas. Fue engañado por una docena que negaron pertenecer a un grupo después que se habían desmovilizado como integrantes del mismo.

Invertidas las cargas Luis Carlos Restrepo aparece como el responsable de ese engaño. Su deber era presumir que quien se presentaba como integrante de una organización terrorista efectivamente lo era. Si engañan al juez debe entenderse que no se podía exigir al Comisionado que adivinara que, once entre 45 mil, le mentían.

Luis Carlos Restrepo, una de las personas que más ha servido a Colombia, está hoy ausente de la Patria, por fortuna en el exilio de una democracia respetable.

69. La batalla de mi Gobierno ha debido enfrentar a personas de organizaciones políticas y no gubernamentales, que persistentemente atentan contra nosotros en el país y en el extranjero. Ninguna queja contra ellos es de recibo en la justicia.

La justicia no se atreve, a título de ejemplo, a proceder con el estudio de una denuncia contra Pérez Esquivel, premio nobel argentino, protector de prófugos terroristas y difusor de sus infamias, utilizados contra mi familia y mi persona.

El Padre Giraldo, apropiado de un lenguaje de Derechos Humanos para esconder a los terroristas y acusar a quienes los confrontan, tiene blindada su impunidad por sus amistades e influencia en magistrados de la Corte.

70. Yo no había terminado el discurso de dolor en el Congreso por el asesinato de los once soldados de la Patria, y se publicaba un comunicado de la Corte que anunciaba la condena de dos de nuestros ex ministros y del ex secretario general. Con sevicia, que ocultaba cualquier vestigio de ponderación jurídica, me condenaban en el comunicado como determinador de delitos sin que esto estuviera en la sentencia. ¿Qué más prueba se requiere para conocer el sesgo político de la Corte?

No me permitieron ser testigo en los juicios a los funcionarios, salvo en la caso de Andrés Felipe Arias, testimonio que quedó como “escrito en agua”.

Pero poco puedo esperar si el Presidente de la República me acusó de la promoción, que nunca conocí, de un general acusado para un cargo importante; expresó que yo había extraditado a los paramilitares para que guardaran silencio, caso que él conoció, al revés de lo afirmado, en sus funciones de Ministro de Defensa, como también mi exigencia al país requirente para garantizar acceso al Estado Colombiano, lo que se ha cumplido hasta el extremo de lograr que víctimas de ayer del paramilitares sean hoy sus aliados, en las cárceles norteamericanas y nacionales, en la pretensión de acusarme; y, exclamó que estaba convencido de mi relación con los paramilitares.

71. Anexo a estos renglones el audio magnético de mi versión libre ante la Comisión de Acusación de la Cámara.
La Corte no tuvo prudencia de examinar el texto de mi versión ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.


72. He procedido con honestidad, sin robar un centavo, en mis responsabilidades públicas y en mis actividades privadas.

73. Los Gobiernos que presidí seguramente cometieron errores, faltaron muchas cosas. Al contrario de delinquir se constituyeron en implacables combatientes del crimen. Colombia empezaba a tener desempeños de excelencia en seguridad, inversión y políticas sociales.

74. Defiendo a unos colombianos presos, a otros con riesgo de llegar a la cárcel y a algunos que han buscado el amparo del exilio, que han servido bien a Colombia, que no están condenados por la justicia sino por la política al interior de la justicia.

75. Me refiero a María del Pilar Hurtado en los siguientes dos numerales.

76. Al asumir la Presidencia conocí a María del Pilar Hurtado quien venía precedida de buena reputación por trabajo en anteriores Gobiernos.

María Del Pilar Hurtado fue nombrada en el Das por recomendación de sus superiores quienes dieron excelente informe sobre su desempeño.

Operaciones de seguridad nacional son obligatorias, como indagar por caso de senadora que incitó a golpe de Estado desde México, o por dineros del Chavismo a ex mujer de dirigente político, o por utilización chavista de una empresa venezolana radicada en Colombia para financiar grupos políticos infiltrados por el terrorismo.

Una cosa es ordenar o aceptar que esas operaciones se realicen y otra que los responsables de llevarlas a cabo lo hagan con ajuste o violación a la ley.

María del Pilar Hurtado nunca ordenó que se llevaran a cabo operaciones por medios ilegales.

María del Pilar Hurtado no ordenó operaciones ilegales contra la justicia, políticos o periodistas. Es víctima de subalternos que ejecutaban a su amaño las tareas, que aceptaron violar la ley y acusar a sus superiores para negociar rebaja de penas. No existe prueba para condenar a María del Pilar Hurtado por concierto delictivo con estos subalternos.

A María del Pilar Hurtado se le acusa de filtraciones a la prensa; la justicia que la acusa hace filtraciones periódicas con el ánimo de producir efectos políticos.

Mi norma general ha sido que la vida pública sea pública, por eso ni me interesé ni habría contraordenado las publicaciones del DAS. Siempre estimulé la publicación de nuestras dificultades y errores en la administración pública.

A María Del Pilar Hurtado le han aplicado la tortura del cautiverio en el lugar ilegal de su acusador. Ha dicho que la presionan con el infundio, con la leyenda vil de que yo voy a asesinarla. La trajeron de Panamá, la tienen presa, sometida a intenso e injusto dolor, solamente con el propósito de que me acuse.

En todo esto interviene un Colectivo de Abogados que se financia con dineros cobrados a las víctimas, dineros que provienen del presupuesto de los colombianos, en casos de víctimas falsas, inducidas por el mismo Colectivo. Estos abogados han defendido al terrorismo y difamando a quienes los combaten. Se mueven en el País y en el extranjero.

En Panamá tramitaron la revocatoria del asilo a María del Pilar Hurtado, con la anuencia del Gobierno de Colombia que inicialmente había dado el visto bueno a la solicitud de asilo.

El Colectivo tiene qué decir por el robo del pasaporte a María del Pilar Hurtado, en Panamá, justo cuando presionaban la revocatoria del asilo. Temas que infortunadamente no se investigan.

77. Ante tanta injusticia se hace más urgente la introducción de la segunda instancia para los condenados por la Corte, que en los casos conocidos debería ser ante un órgano diferente para no repetir prejuzgamientos.

Acudiremos a las instituciones internacionales para seguir denunciando estas injusticias.
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