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| 8/29/2015 10:00:00 PM

Pensiones: el escandaloso carrusel de los abogados

Esta es la historia de cómo un grupo de juristas estafó a Colpensiones por un monto que puede superar los 75.000 millones de pesos.

La cifra es impresionante: con ese dinero, se le pagaría la pensión mínima a más de 6.000 colombianos durante un año. Ese es el cálculo preliminar del dinero que durante los últimos cuatro años Colpensiones habría pagado irregularmente por cuenta de una estafa protagonizada por un grupo de abogados.

El caso quedó al descubierto la semana pasada gracias a un fallo ejemplarizante proferido por el magistrado Wilson Ruiz, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Varias semanas atrás, al togado le había llegado un expediente remitido por la seccional del Quindío para resolver la apelación interpuesta por un abogado sancionado en primera instancia por malas prácticas.

Tras analizar el expediente y escuchar a las partes involucradas, el magistrado Ruiz se dio cuenta de que lo que inicialmente parecía una actuación non sancta de un abogado en Armenia en realidad era un complejo y bien montado esquema delictivo que durante años había estafado a Colpensiones, la entidad del Estado encargada del manejo y administración de pensiones.

El modus operandi de los involucrados en este multimillonario desfalco era simple y efectivo. El abogado en Armenia buscaba a personas mayores que fueran pensionadas o estuvieran tramitando ese derecho. Al contactarlos les decía que podía conseguir una reliquidación de su pensión y, además, obtener un dinero adicional argumentando una discapacidad o invalidez. Les hacía firmar un poder para iniciar los trámites y comenzaba su ‘trabajo’.

El sujeto y sus cómplices conseguían historias clínicas falsas de los supuestos reclamantes, en las cuales se incluían dictámenes ficticios que servían de soporte para sustentar una presunta pérdida de capacidad laboral. En muchos casos presentaban diagnósticos de enfermedades graves, crónicas o incluso terminales. Con estos documentos, el acusado y sus secuaces realizaban los trámites ante la división correspondiente de Colpensiones en  donde tras estudiar el caso se autorizaba el pago de mesadas retroactivas. Cuando esto no funcionaba, y si la entidad negaba la solicitud, el abogado acudía a juzgados y con esos documentos falsos engañaba a los jueces que obligaban a Colpensiones a pagar las pretensiones.

En promedio, el personaje lograba que se pagaran 45 millones de pesos de retroactivo al supuesto pensionado demandante. El asunto le funcionó tan bien que inclusive llegó a realizar trámites y reclamaciones de personas ya muertas. También conseguía poderes firmados por indigentes y efectuaba las diligencias hasta conseguir de manera fraudulenta que la entidad, directamente o por medio de orden judicial, ordenara cancelar dichas pensiones retroactivas. En la mayoría de los casos una vez se ordenaba el pago del dinero, este iba directamente para el acusado, y en algunos otros quienes recibían los pagos retroactivos de pensiones le cancelaban un elevado porcentaje.

“Este solo abogado llevó más de 1.500 casos de ese estilo. Actuaba desde el Quindío pero desde allí armó una red con otros colegas para efectuar este tipo de fraude en Tolima, Caldas y Risaralda. La dimensión de la defraudación a las arcas del Estado es multimillonaria. Solo el caso de Quindío supera los 75.000 millones y aún falta por ver lo que se pagó en los otros tres departamentos”, explicó Ruiz a SEMANA.

En su fallo el magistrado sanciona con la exclusión definitiva de la profesión al protagonista de este caso. No es el único. A otros 14 juristas que hicieron parte de este carrusel también les fue cancelada la tarjeta profesional. Ruiz, adicionalmente, compulsó copias a la Fiscalía General y a la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado para que adelanten las acciones correspondientes.

El escándalo por este caso apenas está por estallar. Se trata sin duda alguna de una de las mayores estafas al ya golpeado sistema de pensiones del Estado. El fallo de Ruiz es la piedra angular de una investigación que la Fiscalía debe iniciar con urgencia con el fin de detener y castigar a los responsables de este delito. Entre otras razones, porque afecta a un sistema de una gran importancia social para todos los colombianos, y que ya de por sí atraviesa dificultades.
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