Los acusan de corrupción y les salimos a deber

En los últimos 20 días se ha venido dando un fenómeno peculiar: de repente a los protagonistas de los casos más sonados de corrupción en el país les dio por exigirle al Estado que los indemnice por supuestos daños y perjuicios.

El primero fue el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, que anunció el 18 de abril que si no le pagan 180 millones de pesos como indemnización, presentará una demanda. Después fue el contratista Julio Gómez, señalado de ser engranaje del carrusel de la contratación de Bogotá. El tercero fue el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien presentó un recurso de conciliación por 535 millones de pesos para no demandar al Estado. Y el más reciente, el pasado 7 de mayo, fue el exjefe jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, quien pide 225 millones de pesos de indemnización. En total, son tres del carrusel de la contratación de Bogotá y uno de Agro Ingreso Seguro.

Aunque las peticiones, en su intención, parecen calcadas unas de otras, cada uno de los involucrados utiliza un argumento diferente a la hora de hacer el reclamo. En el caso de Moreno, al que la Procuraduría suspendió por “faltas graves” en el control de contrato, el exalcalde alega que él no puede responder directamente por acciones irregulares del IDU y pide ser indemnizado por daños y perjuicios. En el caso de Inocencio Meléndez, él considera que no es justo que lo inhabiliten por 17 años para ejercer cargos públicos si se tiene en cuenta que colaboró con la Justicia. Y Andrés Felipe Arias pide que lo indemnicen por los daños emocionales, a su reputación y a la de su familia porque, según él, el procurador Alejandro Ordóñez –que lo destituyó e inhabilitó por 16 años– le impidió controvertir el material probatorio. El caso de Julio Gómez es un poco diferente pues, como no es funcionario público, no ataca, como los otros, una decisión de la Procuraduría sino que anuncia demanda al Distrito, porque le caducó un contrato del paso deprimido de la calle 94.

Hay varios elementos que coinciden en estos casos, y dan lugar a pensar que se trataría de una estrategia que todos han puesto en práctica para ganar terreno en sus respectivos procesos judiciales. En primer lugar, a pesar de que los hechos que les dieron la oportunidad de demandar ocurrieron hace muchos meses, apenas ahora exigen esta indemnización. En el caso de Samuel Moreno, por ejemplo, la sanción de la Procuraduría que él cuestiona es de hace un año. Y las destituciones de Meléndez y Arias, que ellos ahora están utilizando para demandar, se produjeron en junio y julio del año pasado. ¿Por qué de repente les da a todos por demandar ahora y no lo hicieron cuando se dio la situación que esgrimen como motivo de demanda?

En segundo término, las pretensiones económicas de cada uno de ellos en cuanto a lo que esperan de la indemnización son bastante discretas. En un país en el que los afectados le reclaman al Estado decenas de miles de millones es curioso encontrar reclamaciones de ‘apenas’ 180 millones.

Y una tercera coincidencia es que todas las reclamaciones, y en particular las de los involucrados con el carrusel de Bogotá, se produjeron en momentos en que la Fiscalía ponía en duda el principio de oportunidad para los primos Nule. Y de hecho, les retiró ese beneficio la semana pasada.

¿Qué están buscando con esas demandas? Varios penalistas consultados por SEMANA coinciden en que detrás hay una estrategia. En teoría están reclamando porque sus derechos han sido vulnerados, pero lo cierto es que, como dice un fiscal, “lo que suele buscarse con este tipo de demandas es crear la sensación de que los están persiguiendo”. Un reconocido penalista explica: “Lo que ellos están buscando es tratar de obtener una decisión que deslegitime las sanciones que les han impuesto y de esa manera alimentan el argumento de que todo es un montaje contra ellos. ¿O por qué cree que piden una indemnización tan bajita?”. En otras palabras, detrás del legítimo derecho que tienen de defenderse hay un interés de obtener un fallo que cree un efecto simbólico y mediático, un ambiente favorable para ellos, en particular para los que están pendientes de un juicio.

Así como algunos de los involucrados hicieron todo lo posible para esconder los presuntos malos manejos, ahora han mostrado que van a usar todas las estrategias a su alcance para dar la batalla jurídica.