Los afortunados contratistas de Martínez y Abadía

“Hay un terrorismo político por parte del Presidente y Vicepresidente”, la frase que mide la temperatura del clima de zozobra política que se vive hoy en el Valle la dijo desde prisión el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, considerado el patrón de la región y recientemente condenado por parapolítica.
 
Su queja a través de La W la hizo en junio y era la respuesta a las declaraciones que daba desde hace varias semanas el presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que en el Valle muy pronto se destapará “un gran escándalo de corrupción”.
 
Eso tiene con los pelos de punta a más de un político regional pero en especial a los miembros del Partido de Integración Nacional (PIN) y el nuevo Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO) que en el Valle lideran el exsenador y el destituido gobernador Juan Carlos Abadía.

El tema cobra vigencia ahora que se conoció que el permiso de 72 horas que un juez de Barranquilla le concedió al exsenador Martínez el pasado 31 de julio, pudo ser aprovechado para incidir en las elecciones de octubre próximo en el Valle, ya que esa licencia no incluía la vigilancia del Inpec.

En efecto, a medida que avanza la contienda electoral se conocen detalles del 'crucero político' que hizo el exsenador Martínez y que incluyó visitas a Buenaventura, Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, donde presuntamente pactó alianzas, respaldos políticos y repartió plata.

Si bien Martínez y Abadía no son los únicos en la mira de un equipo de alto nivel de investigadores de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría -también está el alcalde de Cali por las 21 'megaobras' y la remodelación del estadio– lo cierto es que esa comisión especial indaga con lupa la contratación durante la gobernación de Abadía y todo apunta a que serán los grandes salpicados con esas pesquisas.
 
Por eso en la región dan por descontado que entre las entidades auditadas figuran algunas secretarías claves de la gobernación y entes descentralizados como la Industria de Licores del Valle (ILV), la Corporación Autónoma Regional (CVC]) y, desde luego, Acuavalle. Las tres últimas entidades son consideradas fortín burocrático de la estructura política de Martínez y Abadía.

Un simple barrido hecho por esta revista a la contratación durante ese periodo permitió establecer que en algunos casos los beneficiarios son empresas o personas que aportaron a sus campañas al igual que fundaciones donde figuran familiares.

Por ejemplo, en Acuavalle, empresa que presta servicio de agua potable en 33 municipios de la región se firmaron contratos con aportantes a la campaña al congreso en 2002 del exsenador Martínez Sinisterra. Ellos son Armando Alfonso Paz Martínez y la empresa Construímos Ingeniería. Si bien esa coincidencia no es una ilegalidad, llama la atención la frecuencia con la que se ganan los contratos (ver algunos contratos).
 
Pero ahí no para el asunto. El presupuesto de por lo menos cien mil millones de pesos que maneja Acuavalle también sirvió para favorecer a fundaciones de Guacarí, Valle, tierra natal de Abadía y donde figuran personas cercanas a su círculo familiar.

Es el caso del Consorcio Guabitas 2010 que se creó para ejecutar las obras del alcantarillado de un corregimiento por un valor de 3.592 millones de pesos. Lo particular de este caso es que el consorcio está integrado por las fundaciones La Esperanza y Fudeincom, ésta última representada legalmente por la ingeniera Nur Escobar Machado.

Documentos en poder de SEMANA demuestran que la interventoría de esa obra se le entregó a su compañero sentimental Diego Vargas Abadía a través del Consorcio Guacarí. El señor Vargas además es primo hermano de Carlos Herney Abadía, padre del ex gobernador (ver contrato y certificación).

Abadía hijo fue enfático en afirmar que no es familiar de Vargas “en Guacarí mucha gente tiene el mismo apellido de nosotros”; mientras que el entonces gerente de Acuavalle, Alex Pascual Loango dijo no estar en capacidad de responder por hechos puntuales, pero está presto al llamado de las autoridades.

El sindicato de Acuavalle ya había denunciado hasta la saciedad que la empresa estaba cooptada por fichas de PIN y a su vez cuestionaron los millonarios contratos que ejecutan en La Guajira y Córdoba y que hoy están en la mira de las autoridades por presuntas irregularidades. Ni hablar del polémico Plan de Obras por más de 160.000 millones de pesos y que pese a las objeciones de la Procuraduría, fue concesionado a finales de 2010.

Todos esos lunares es lo que tiene a Martínez y Abadía en el ojo del huracán y sin un candidato fuerte para aspirar a la gobernación del Valle y la alcaldía de Cali. Por ejemplo, para desmarcarse de las polémicas le cambiaron el nombre al controvertido Movimiento Popular Unido (MPU), fundado por el padre del exgobernador Abadía y en el que creció políticamente Martínez.
 
Hoy se llama Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO) y que avaló al odontólogo y ex secretario de Salud del Valle Héctor Fabio Useche, quien por cierto es liberal y dijo a esta revista que aunque no habló con Abadía y Martínez, “no tengo reparos en recibir sus apoyos”.

El Vice, licor y salud
 
Quien está dando la pelea contra Martínez y Abadía desde las trincheras del Gobierno Nacional es el vicepresidente Angelino Garzón. Hay que recordar que Garzón fue quien medió en la designación del gobernador Francisco Lourido, para reemplazar a Abadía tras su destitución, aún por encima de la terna que presentó el movimiento 'Por un Valle Seguro' de Abadía.

A Garzón también le endilgan que finalmente en el Valle no se llamará a elecciones atípicas. Por eso muchos aún se preguntan por qué al Polo le respetaron el derecho a presentar la terna de la cual se eligió a la alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López y al movimiento de Abadía no.
 
Al respecto Garzón respondió que a diferencia del Polo, en el Valle quienes inscribieron a Abadía no fue un partido político sino tres particulares y de paso reconoce que “es de público conocimiento que mi candidatura a la gobernación del Valle recibió el apoyo del ex senador Martínez”.
 
Al margen de ese pulso de poderes, en el fondo lo que importa es que las autoridades decidieron prestarle atención a las denuncias respecto al manejo de los dineros públicos durante la luna de miel en el poder que tuvieron Martínez y Abadía. Sobra decir que esa intervención fue solicitada por el actual gobernador Lourido.
 
En la ILV la Contraloría General está a punto de fallar un proceso de responsabilidad fiscal contra los 16 miembros de la junta directiva de esa entidad, por el presunto detrimento de 60.356 millones de pesos. El proceso gira en torno a que durante los tres años de la era Abadía la licorera regaló 4´400.000 botellas en degustaciones, lo que equivale al 10,4 por ciento del total de las ventas en ese mismo periodo.
 
Además, indagan un descuento del ocho por ciento sobre el valor de cada botella que vendía el distribuidor. Desde los toldos de Abadía se defienden argumentando que esas medidas eran las mismas políticas que impulsaba Garzón cuando era gobernador.

La Contraloría del Valle a cargo de Carlos Hernán Rodríguez, también se unió a las investigaciones y desde ya se sabe que entre las irregularidades que indaga figuran posibles hallazgos penales en la secretaría de Salud y supuesta sobrefacturación de medicamentos en el Hospital Universitario del Valle (HUV). Tanto en el caso de la ILV como en el de la secretaría de Salud hay un nombre en común para ambos procesos: Héctor Fabio Useche, candidato a la gobernación por el MIO.

Ese mismo contralor fue el que lanzó las alertas en torno a las Vigencias Futuras que le costarían al Valle más de un billón de pesos y tienen en aprietos no sólo a Abadía, sino a los diputados que las aprobaron. Entre las perlas de esas inversiones que por ley deben ser de impacto regional, es que la mayoría de los proyectos son pequeñas obras locales como cubiertas o graderías para polideportivos, puentes veredales y hasta la construcción de un hotel de tres pisos en Guacarí.
 
El ex gobernador se defiende argumentando que “reactivarían laboralmente el departamento” y cuestiona que cuando se habla del tema no mencionan grandes proyectos como la doble calzada a Candelaria y la sede para la policía en Buga.

No hay duda que las investigaciones que adelantan las autoridades van por buen camino y habrá que esperar los fallos; mientras ello ocurre en la región hace carrera la otra frase que soltó el presidente Santos y que causó roncha en algunos dirigentes que se sintieron aludidos, “algunos vallecaucanos se irán a la cárcel por corruptos”.