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Los ajustes a la Ley de Justicia y Paz

La Cámara aprobó en primer debate una reforma a la Ley de Justicia y Paz que pretende priorizar los hechos delictivos, modificar la investigación y hasta permitir que nuevos desmovilizados reciban beneficios.

16 de noviembre de 2011

En seis años de aplicación, la ley de Justicia y Paz, que ofreció penas alternativas a los desmovilizados de los grupos armados ilegales, especialmente a las Autodefensas, apenas ha producido cuatro condenas.
 
La Fiscalía, principal encargada de la aplicación de esta ley, ha reiterado los numerosos obstáculos para que este mecanismo de justicia transicional sea plenamente eficaz en su propósito: conocer la verdad de los hechos, castigar a los responsables y reparar a las víctimas.
 
Y la tarea, si bien no es imposible, sí se está haciendo más dilatada de lo previsto. Al punto que congresistas como Germán Navas Talero, quien se opuso a la Ley de Justicia y Paz, afirme que al Estado “le está quedando grande” la administración de justicia.
 
Por eso, este miércoles, la fiscal general Viviane Morales le pidió a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes hacer ajustes a dicha ley para facilitar la investigación de los más de 30 mil hechos delictivos, confesados por cerca de tres mil desmovilizados que se han acogido a esta ley.
 
Giro en las investigaciones
 
Para avanzar en la investigación y acusación de los casos, Morales exigió que la Fiscalía pudiera priorizar entre los hechos delictivos confesados por los desmovilizados.
 
La Comisión Primera concedió esa facultad, y según lo aprobado, la Fiscalía podrá priorizar las investigaciones de los hechos confesados dependiendo de algunas condiciones: por el tipo de victima (si se encuentran en estado de vulnerabilidad, por ejemplo, menores de edad, mujeres, desplazados); el impacto del delito (si es absolutamente necesario que se investigue para garantizar la no repetición); y si compromete a los jefes de los grupos armados ilegales.
 
Para la fiscal general la aprobación de esta facultad es uno de las “principales herramientas” para agilizar el proceso de Justicia y Paz, pues le permitirá a la Fiscalía ocupar sus esfuerzos en los delitos y obtener las responsabilidades de “quienes han sido las cabezas, comandantes y directores de estos grupos armados al margen de la ley”.
 
El gobierno también celebró esta posibilidad, al asegurar que con ella la Fiscalía puede concentrar esfuerzos y recursos en la investigación de hechos que conduzcan a desentrañar el “patrón macrocriminal”, es decir que no sólo se ocupen de conocer la verdad delito por delito, sino que las investigaciones permitan avanzar en conocer la verdad de cómo operaban los grupos ilegales, quiénes los apoyaban y qué contexto social, económico y político permitió la comisión de esos delitos.
 
Nuevas desmovilizaciones
 
Precisamente el gobierno acompañó este proyecto de la Fiscalía, pues algunas disposiciones, que podrían convertirse en ley, permitirían abrir las posibilidades para futuras desmovilizaciones de guerrilleros.
 
Y es que la Ley de Justicia y Paz había establecido que sólo podrían postularse desmovilizados hasta el 2005, y esa condición fue ratificada por una sentencia de la Corte Constitucional.
 
Sin embargo, este proyecto establece que nuevos desmovilizados podrán acogerse a Justicia y Paz hasta un año después de la entrada en vigencia de esta ley que hoy está en trámite en el Congreso.
 
En pocas palabras, si este proyecto se aprueba, como está previsto en junio de 2012, tendrían hasta junio de 2013 para postularse.
 
Es una disposición que podría auspiciar desmovilizaciones de quienes actualmente permanecen en la ilegalidad.
 
Sin embargo, para evitar que se ‘cuelen’, delincuentes comunes, caso de ex Auc que hayan reincidido en bandas criminales, se pretende establecer que sólo podrán beneficiarse de la pena alternativa por delitos cometidos hasta 2005.
 
Nuevas condiciones
 
Este proyecto de reforma a la Ley de Justicia y Paz ha sido visto con reserva por algunos voceros de las víctimas, que consideran que por hacer más expedito el procedimiento, probablemente se vulneren los derechos de verdad y reparación, y algunos crímenes queden en la impunidad.
 
La fiscal Morales controvirtió esta tesis y aseguró que en esta reforma también se incorporan nuevas causales para excluir a los desmovilizados de Justicia y Paz.
 
Morales aseguró que dos de las nuevas causales de exclusión de los desmovilizados serían no entregar bienes o esconder su existencia, y la renuencia a comparecer a las diligencias.
 
Proceso más ágil
 
En cuanto al procedimiento de aplicación de Justicia y Paz también se incorporaron algunos ajustes para hacer el proceso más ágil y obtener prontas sentencias.
 
En esta materia se dispuso trasladar el incidente de reparación para después de la sentencia. Hoy se produce antes, lo que dilata el proceso hasta tanto el juez no resuelva las indemnizaciones a las víctimas.
 
También se reducen las diligencias, pues actualmente se necesitan de 4 audiencias de imputación y aceptación de cargos. El proyecto pretende unificarlas y reduicir a dos versiones como requisito previo a la antes de la sentencia.
 
La Comisión Primera de la Cámara también le entregó mayores herramientas para que la Fiscalía pueda adoptar medidas cautelares a bienes que pasarán a hacer parte de la reparación de las víctimas.
 
El proyecto fue aprobado por unanimidad y ahora pasará al estudio de la plenaria de la Cámara de Representantes. El próximo año pasará a consideración del Senado.