Viernes, 29 de agosto de 2014

Humberto de la Calle Guillermo Torres / SEMANA

| 2013/09/02 00:00

Los alcances del delito político: el ‘nudo’ del proceso de paz

Humberto de la Calle confesó el principal ‘cuello de botella’ para llegar a un acuerdo con las FARC en La Habana.

Para Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana ante la guerrilla de las FARC, “sí hay” una “oportunidad real” para llegar a un acuerdo con la guerrilla que le permita poner fin a más de 50 años de conflicto armado. Pero una cosa distinta es que esa oportunidad llegue a buen puerto, y por eso el funcionario prefiere no entrar en el campo de las predicciones. “Puede salir adelante o no salir, pero hay una oportunidad”.

En ese escenario, De la Calle admite que el principal nudo que afronta el proceso que el gobierno realiza con la guerrilla se concentra en la aplicación de justicia para los guerrilleros que, en el eventual caso de suscribir un acuerdo para la dejación de armas, puedan reincorporarse a la vida civil y política.

Un ‘nudo’ que según el jefe negociador del gobierno se concentra por dos circunstancias. La primera, por el rechazo de las FARC al marco jurídico para la paz, al considerarla como una “decisión unilateral”; y la segunda por la restricción de los alcances del delito político en la jurisprudencia del país que le han quitado el “elemento armado” al delito de rebelión.

La confesión de Humberto de la Calle tuvo lugar en el foro Dilemas y retos del proceso de paz, promovido por la revista SEMANA y la Universidad Sergio Arboleda celebrado este lunes en Bogotá y que reunió diferentes posturas políticas alrededor del proceso que el gobierno y la guerrilla adelantan en La Habana.

Según De la Calle, la Corte Constitucional (en una sentencia del 2007) señaló que el homicidio en combate no tiene conexidad con el delito de rebelión, y que la Corte Suprema de Justicia, en varias decisiones, ha señalado que el delito de concierto para delinquir adquiere ribetes de delito de lesa humanidad.

Estas decisiones podrían dificultar la aplicación de los mecanismos de justicia transicional para los guerrilleros, pues estarían comprometidos con estas conductas delictivas.

Por eso De la Calle aseguró que aunque el “deber ser” en toda democracia es eliminar el delito político, pues en su origen implicaba la posibilidad de revelarse por la vía armada contra regímenes autocráticos, la realidad del conflicto armado colombiano es muy distinta, y obliga a contemplar un mayor “margen de aplicación” del delito político, especialmente para quienes no son los “máximos responsables” de los crímenes cometidos por las FARC.

Para resolver ese dilema, De la Calle asegura que la justicia transicional tiene espacios suficientes, pero que en buena parte el éxito de la aplicación de este mecanismo depende exclusivamente de las FARC y en lo que le ofrezcan a la sociedad tanto en el reconocimiento de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y las garantías de no repetición.

El debate abierto por el jefe negociador cobra relevancia después de que la Corte Constitucional declaró exequible el marco jurídico para la paz, ya que será el Congreso quien tenga que definir cuáles son los delitos conexos al delito político. Por eso De la Calle insiste en que se debe ampliar el margen para quienes no sean los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la guerrilla.

Lo que sí descartó el jefe negociador es el mecanismo de una Constituyente propuesto por las FARC para sustraerse de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de justicia

Además, según lo reveló De la Calle, esa guerrilla propone una Constituyente con cuotas predeterminadas, sin que sea elegida mediante el voto popular. Por eso rechazó este hipotético escenario al considerar que una Constituyente por cuotas “tiene cara de autoamnistía”.

De la refrendación y otros temores

Otro de los dilemas que actualmente enfrenta el proceso de negociación es el mecanismo de refrendación de los acuerdos que se alcancen en La Habana. El gobierno parece estar jugado por el referendo, además porque según De la Calle, es el único mecanismo que puede producir textos sobre la forma como se pueden implementar los acuerdos.

Sin embargo insistió en que aún no se ha definido cuál será el mecanismo de refrendación y que el debate no puede simplificase a un pulso entre un referendo y una constituyente.

“El enfoque simplista de que estamos en una confrontación constituyente versus referendo no es cierta. Nosotros estamos tratando de trabajar en la Mesa un mecanismo complejo que tome elementos que sean novedosos, que permitan garantizar los acuerdos, que permita una vía rápida de implementación de los acuerdos, sobre todo en el plano legal”, afirmó el jefe negociador del Gobierno.

Por eso De la Calle insistió en que el Gobierno presentó un proyecto de ley única y exclusivamente para permitir la hipótesis de un posible referendo en concurrencia con otras elecciones, que no tiene ninguna intención distinta a eso y enfatizó en que no se trata de una convocatoria a un referendo, ni de una decisión unilateral del Gobierno frente al mecanismo de refrendación que se utilizará.

“Este es un acto de precaución y de responsabilidad para tener la posibilidad de una decisión mucho más vigorosa, con mayor participación, en un momento de alta participación ciudadana, y realmente creemos que el momento de otras elecciones es realmente oportuno para lograr una mayor participación”, explicó durante el foro.

Muchos sectores se oponen a que el posible referendo coincida con las elecciones ordinarias. El congresista Juan Lozano insistió en la necesidad de que las FARC abandonen las armas antes de que los colombianos concurran a refrendar los acuerdos. El senador Juan Carlos Vélez teme que sea una estrategia electoral para favorecer las listas del Congreso del gobierno o la eventual reelección.

El exviceministro de Justicia Miguel Ceballos, entretanto, alertó sobre la posibilidad de que el referendo termine reemplazando a la ley estatutaria que reglamente el marco para la paz y en ese mecanismo se produzcan reformas políticas o beneficios de elegibilidad política para las FARC.

Guillermo Torres/SEMANA

José Félix Lafaurtie, presidente de Fedegan, también expresó su temor porque las FARC no abandonen las armas y que conviertan las próximas elecciones en un coctel de armas, dinero del narcotráfico y votos, al asegurar que la guerrilla no abandonaría las armas hasta tanto no tengan la garantía de que se les cumplan los acuerdos, que en su criterio solo buscan impunidad.

Un temor que había sido desvirtuado por Humberto de la Calle quien aseguró que en La Habana sólo se está discutiendo el fin del conflicto y que la paz será la tercera faese, que podrá extenderse diez años. En esa fase, dijo, no se pondrá al Estado, y al Gobierno en particular, bajo la supervisión de un grupo que mantenga las armas para calificar el comportamiento del Gobierno durante un tiempo indefinido. “No habrá supervisión armada de las FARC a las tareas del Gobierno”, insistió.

De la Calle también había reiterado la imposibilidad de negociar bajo un cese alñ fuego, pues consideró que sería un argumento para prolongar de forma indefinida las negociaciones.
El escenario de la Constituyente como medio de refrendación fue descartado, pero algunos sectores le pidieron al gobierno no echar la posibilidad de una nueva carta política para hacer los ajustes institucionales que permitan una paz duradera.

Por ejemplo Horacio Serpa consideró que en cinco años, después de la terminación del conflicto, con temas selectivos y que enfrente las nuevas realidades del país y construir una nueva hoja de ruta de la Nación. Juan Lozano asegura que la Constitución del 91 tiene muchos desajustes y que es necesario discutir una mnueva carta política.

Jorge Robledo, senador del Polo, rechazó el escenario de la Constituyente, así fuera elegida por voto popular, pues considera que el alto porcenta que la integrarían sería entre uribistas y santistas y que esa asamblea sería una Constitución “más mediocre que la del 91”, pues asegura que la actual Constitución es favoreció el libre comercio, que a su juicio es la principal causa de la crisis económica del sector agropecuario. Robledo dijo además que el Polo no será obstáculo al proceso de paz pero que en La Habana no se sienten representados ni por el gobierno ni por las FARC.

Durante el foro también se escucharon posturas en contra del proceso de paz y señalaron que esta fase atraviesa por un estado de desconfianza, especialmente por la contraparte que se ha sentado con el gobierno.

Incluso se oyeron posturas como las de los militares en retiro que abogaron por la suspensión del proceso y la salida militar. Para ello reclamaron la expedición de un estatuto antiterrorista para enfrentar a las FARC, como lo mencionó el general Jaime Ruiz Barrera.

Guillermo Torres/SEMANA

Antanas Mockus, excandidato presidencial, consideró muy prematuro que el presidente Juan Manuel Santos se haya sentado a negociar con la guerrilla, pero sin embargo manifestó su respaldo al proceso. Eso sí pidió mayor celeridad en el avance de las conversaciones porque están entrando en una fase de “emperazamiento”.

Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, consideró que el proceso de paz debe tener un nuevo impulso y que para ello se necesita la presencia en La Habana de las víctimas y de los jefes de los partidos políticos para definir los mecanismos de participación política para las FARC y el diseño de un estatuto que le dé garantías al ejercicio de la oposición.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, manifestó su preocupación si el primer punto de la agenda, sobre el desarrollo agrario, va a ser renegociado con las FARC a la luz del anuncio del presidente Juan Manuel Santos del pacto nacional agrario. Frank Pearl, otro de los miembros del equipo negociador, descartó que haya una nueva discusión del primer punto de la agenda.

Roy Barreras, expresidente del Senado, mantuvo sus preocupaciones por los tiempos de las mesas de negociación de La Habana. Y por eso le sugirió al gobierno radicar el proyecto del contenido del referendo porque de no hacerlo sería imposible que esa convocatoria pudiera tener cita en las próximas elecciones. “El gobierno debe presentar el proyecto, no debe ser prisionero de las FARC”. 


Guillermo Torres/SEMANA


El estado del proceso

Durante el foro, Humberto de la Calle reiteró que aunque ha habido dese de las FARC de ampliar la agenda, el gobierno no ha cedido un milímetro en esas pretensiones. Hay un acuerdo en el primer punto, sobre el desarrollo agrario, y actualmente se discute la participación en política y las garantías a la oposición. Sin embargo, los otros puntos de la agenda han empezado a ser analizados de una forma global por lo que el proceso ha entrado en una nueva dinámica.

De la Calle también dijo que se reclamó confidencialidad en el proceso y que las FARC se han creído con el derecho de hablar en frente de los micrófonos cada mañana y que esa circunstancia perturba las conversaciones. Pero aseguró que a pesar de esa estrategia los voceros de la guerrilla no han violado la confidencialidad de lo que se discute en la mesa.

El jefe negociador del gobierno reiteró que aunque hoy están suspendidas las ordenes de captura contra los negociadoras de la guerrilla estás solo se reducen a un tiempo determinado y a un espacio en concreto, Cuba y que se reactivan ante la presencia de cualquier negociador fuera de La Habana. Eso, dice De la Calle, elimina la labor proselitista antes de la dejación de armas.

El nuevo ciclo de negociaciones se reanudará el 9 de septiembre cuando se continúe la discusión de la participación en política de las FARC. De la Calle anunció que posteriormente se discutirá el tema del narcotráfico, la reparación a las víctimas y los mecanismos de refrendación de los acuerdos para poner fin al conflicto.

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