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| 7/25/2015 10:00:00 PM

Los alimentos que no llegan a las escuelas de Chocó

Los casi 5.000 millones de pesos que la Gobernación de Chocó entregó para alimentar a niños en colegios no se ven en muchas poblaciones.

Ni un milagro bíblico podría hacer rendir un kilo de carne para alimentar a 12 niños en 15 días. Pero al visitar algunos lugares de Chocó queda la impresión de que las autoridades creen que es posible.
En el resguardo indígena Cuti de Ungía esa cantidad de carne, más una libra de pollo, llega cada dos semanas al restaurante escolar. El problema es que los milagros allá tampoco existen, y así la comida se acaba en solo tres días. Cuando eso sucede, explica Hilda Huasarupa, vicegobernadora de la comunidad, los niños “simplemente no comen”.

SEMANA registró casos similares en otros municipios chocoanos, donde las escuelas carecen no solo de comida, sino también de condiciones humanas para su consumo. Quienes conocen la situación sostienen que el problema afecta a buena parte de las 29 poblaciones abastecidas por la Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social Colombiano (Fungescol), encargada por la Gobernación de implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del gobierno nacional.

La situación ya llevó a la Defensoría del Pueblo a constatar las quejas. Durante las primeras pesquisas, realizadas en junio, funcionarios denunciaron penalmente a la Gobernación y a Fungescol por presuntas irregularidades en la operación del programa. Y ya preparan un informe de todo el departamento, el cual, según una fuente afín al caso, “demuestra que estamos ante un problema estructural y más hondo de lo que se conoce”.

En Tadó, a 60 kilómetros de Quibdó, hace una semana el restaurante escolar fue sellado por deficiencias sanitarias. Sin sillas donde sentarse, los estudiantes comían en el piso o de pie. Y como no había suficientes platos y cubiertos, se alimentaban por turnos. Lo más preocupante ha sido lo constatado por la misma Secretaría de Salud de Chocó: las porciones. “Dos cucharaditas de arroz, un poquitico de fríjoles, cualquier poquitico de carne y cualquier poquitico de jugo. Con eso aguantan de 6 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde”, le dijo a SEMANA el inspector a cargo del sellamiento.
También la infraestructura es indigna. En la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, de Tadó, hoy también sellada, los hongos invaden las paredes, las goteras filtran los techos y el óxido tiene corroída la nevera. Y lo que es más grave: el agua para cocinar, la misma que beben los niños, sale de un tanque subterráneo, según expertos, expuesto a cualquier infección.

La situación ha llevado a muchos a preguntarse cómo se llegó a tal punto, sobre todo considerando que, para el primer trimestre de 2015, la Gobernación de Chocó firmó un contrato por 4.863 millones de pesos con Fungescol.

En su momento, esa adjudicación generó suspicacias. SEMANA conoció que un aparte de los pliegos de la licitación consignaba como entidad contratante al “municipio de Turbo”, el cual no debería tener nada que ver con la alimentación escolar en Chocó, pero de donde provienen Fungescol y su representante legal. La Gobernación declaró luego que se trató de un “error de digitación”.

Sobre el papel, el PAE exige lineamientos técnicos y estándares de calidad y destina recursos para comprar alimentos, para contratar personal y para construir o mejorar infraestructura. Pero la realidad ha sido distinta en Chocó. A principios de junio, la personera de Unguía, Yoelcy Murillo, lanzó la primera alerta y denunció que los alimentos llegaban a las escuelas en estado de putrefacción. Fungescol admitió que no compraba las verduras en la zona, sino que las traía de Turbo.

El asunto llegó a los medios, y la fundación se comprometió a hacer ajustes. La secretaria de Integración Social de Chocó, Yolanda Mosquera, dijo que los niños no habían alcanzado a consumir comida en mal estado porque la empresa la había sustituido “oportunamente”. Pero no respondió al cuestionamiento central: en el contrato exigían comprar los alimentos en zonas aledañas a las escuelas.

Con el tiempo apareció más evidencia. El 7 de julio, SEMANA denunció que estudiantes de la escuela María Auxiliadora, de la vereda Caño Nuevo, almorzaban sentados sobre la tierra pelada. También que a las manipuladoras de alimentos no les pagaban desde comienzos de 2015, que el tanque de agua estaba roto y que, por eso, traían en mula desde un caño la que usaban para cocinar.

Ante las denuncias, los involucrados han dado su versión. Tras las acciones de la Defensoría, el abogado de Fungescol, Alfredo Morales, respondió que ellos “nunca han enviado comida mala”, sino que allá, en las instituciones, se dañó. “Desde ahí comenzamos a hacer compras locales”, dijo. También la secretaria Murillo se pronunció. “Los inconvenientes se presentaron con la llegada de los alimentos, que es distinto. En cuanto a las condiciones sanitarias, esa es responsabilidad de los municipios”, dice. Y añade que Fungescol responde por “ración servida”.

Pero las respuestas oficiales chocan con el día a día de los niños. El pasado 14 de julio, la personera Murillo visitó las escuelas de Ungía y confirmó que las manipuladoras aún no habían firmado contratos. “A las mujeres del casco urbano ya les habían pagado 560.000 pesos. Pero no sabían a qué periodo correspondía el dinero. A las manipuladoras de las veredas aún no les ha llegado un peso”, cuenta. Y las quejas por las raciones continúan. Murillo estuvo en un restaurante escolar al que había llegado una libra de lentejas para 40 niños.
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