Miércoles, 17 de septiembre de 2014

| 2013/07/23 00:00

Los alumnos ‘fantasma’ que enredan a exgobernador

La Procuraduría llamó a juicio a Cristian Moreno por ‘inflar’ a 30.000 el número de estudiantes subsidiados.

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Parece que la corrupción en el país no tiene límites. Este mal convirtió a la educación en uno de los sectores más vulnerables ante el saqueo de las finanzas públicas. Al respecto, el propio presidente Juan Manuel Santos ha pedido 'mano dura' para los 'pillos', quienes, por ejemplo, 'inflan' el número de los estudiantes que son subsidiados por el Gobierno, un fenómeno llamado 'alumnos fantasma'.

En un inicio, el tema salió a la luz pública con el despilfarro identificado en Chocó, donde se detectaron unos 145.000 alumnos inexistentes por quienes pagaba oportunamente el gobierno.

Ahora, la Procuraduría toma decisiones en el asunto al llamar a juicio a Cristian Hernando Moreno y Mariela Solano, exgobernador y exsecretaria de Educación de Cesar.

El Ministerio Público les dictó pliego de cargos por, presuntamente, 'inflar' desproporcionadamente el número de 'alumnos fantasma'.

Según las pruebas recaudadas por la Procuraduría, el Ministerio de Educación reportó en ese departamento 187.429 estudiantes matriculados en el 2010, de los cuales, al menos, 30.413 no existían. Esa situación originó que Cesar percibiera más recursos de los que legalmente le correspondían en ese año, y en consecuencia, se disminuyeron los rubros asignados para el 2011 por vía del Sistema General de Participaciones - sector educación.

La posible falta cometida por Moreno y Noriega fue calificada, provisionalmente, como gravísima. En concepto de la Procuraduría -por tratarse de la asignación de recursos públicos que garantizan un derecho fundamental, como lo es el de la educación-, los implicados debieron suscribir el reporte de la información que se envía al Ministerio de Educación -considerado un documento público-, con el dato puntual y real de los alumnos que figuraban matriculados en su territorio.

El caso no es de poca monta ya que al 'inflar' las cifras, los servidores públicos disminuyeron las oportunidades de acceso a la educación a las que tienen derechos otras poblaciones menos favorecidas. 

El próximo 6 de agosto, los exfuncionarios deberán presentarse en una audiencia pública, en la que se destaparán las pruebas en su contra. Ellos tendrán la oportunidad de defenderse de una acusación tan grave como jugar con los recursos de la educación.

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