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| 12/3/2005 12:00:00 AM

Los archivos secretos

Hace seis años la embajada norteamericana envió un informe secreto a Washington donde afirma que el Ejército se negó a combatir a los paramilitares en el Catatumbo.

Varios documentos en poder del gobierno de Estados Unidos, que eran hasta hace poco tiempo confidenciales, ponen el dedo en la llaga sobre un tema que pocos se atreven a tocar en Colombia: ¿hasta qué punto han sido algunos militares cómplices de las autodefensas? Los documentos fueron enviados a Washington entre finales de 1997 y 1999, por el entonces embajador Curtis Kamman. En ese entonces, el Departamento de Estado se mostraba preocupado porque "hay indicios de que los paramilitares continúan creciendo durante la administración Pastrana y el gobierno ha hecho poco por contrarrestarlos". Los documentos fueron desclasificados recientemente por solicitud de Michael Evans, miembro de The National Security Archive, una organización no gubernamental dedicada a pedir que se hagan públicos documentos secretos. Esta organización logró, por ejemplo, desclasificar casi todos los documentos que han sido usados en las investigaciones contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. El caso que más parecía preocuparle a Estados Unidos en aquel momento era el de Norte de Santander. En noviembre de 1999 la embajada escribió que "argumentando tener pocos recursos y demasiadas misiones, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los paramilitares en esa área". El documento transcribe la entrevista que un emisario del gobierno de Estados Unidos sostuvo con el entonces comandante del Grupo Mecanizado Cinco del Ejército, coronel Víctor Hugo Matamoros. "Mire, yo tengo 100 kilómetros de un viaducto petrolero por proteger, además de varios puentes... allí hay guerrilla que combatir...si usted tiene tantas tareas que hacer con tan pocos recursos, y usted tiene que enfrentarse con dos grupos armados ilegales, uno de los cuales (guerrilla) está disparándole a usted, y el otro (paramilitares) está disparándoles a ellos, obviamente usted pelea con la guerrilla primero, luego se preocupa por los paramilitares", dijo el oficial. Esta entrevista se produjo, según el dossier, el 5 de noviembre de 1999. Seis meses atrás, las AUC entraron al Catatumbo y mataron a 150 personas en por los menos siete masacres en Tibú y La Gabarra. Al frente de los paramilitares estaba 'Camilo', un ex oficial del Ejército, prófugo de la justicia, quien se desmovilizó el año pasado y que obedecía órdenes de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. SEMANA habló con el coronel Matamoros, quien actualmente es candidato para ascender a general del Ejército. El oficial asegura que nunca recibió emisarios del gobierno de Estados Unidos y que por lo tanto la entrevista que reseña el embajador Kamman nunca existió. "En caso de que esa entrevista hubiera existido, esa respuesta era imposible. Para el Ejército tan malos son los unos (guerrilla) como los otros (paramilitares) y cuando aparece un fenómeno de violencia lo tenemos que atacar". Sin embargo, respecto a la masacre de La Gabarra, ocurrida el 29 y el 30 de mayo de ese año, Kamman dice que "la oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas masacres". A renglón seguido, la embajada se pregunta "¿Cómo pueden ocurrir siete masacres bajo las narices de varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad?" . Los documentos son oficiales. Su clasificación obedece a que tratan asuntos que el gobierno de Estados Unidos considera sensibles en su relación con Colombia. En el caso específico de La Gabarra, se trataba de la certificación en derechos humanos para aprobar recursos del Plan Colombia. A pesar de las dudas que Kamman expresó sobre el caso del Catatumbo, recomendó que se diera la certificación, puesto que ese batallón no recibía dineros de la cooperación norteamericana. El caso del Catatumbo no es el único que se ventila en esta correspondencia secreta. Un documento del Departamento de Defensa de 1997, que también acaba de ser desclasificado, recoge el testimonio de un coronel colombiano retirado, cuyo nombre aparece tachado en el texto. El oficial dice que en Urabá "la cooperación militar con los paramilitares se fue empeorando bajo el mando de (Rito Alejo) del Río". Y más adelante asegura que los generales "Mora (Jorge Enrique) y Bedoya (Harold) nunca se involucraron directamente en el apoyo o respaldo a las actividades paramilitares, pero le dieron la espalda a lo que estaba pasando". Consultado por SEMANA, Rito Alejo del Río no escondió su indignación. "Los norteamericanos han sido unos idiotas útiles que reproducen lo que oyen. Tienen la inteligencia de los bobos", dice. En otro aparte, el informante menciona al general Iván Ramírez, y la embajada dice que su fuente "no es fan de Ramírez, de quien está convencido ha superado su posición pasiva frente a los paramilitares y está apoyándolos activamente". Y se anota la preocupación de que el oficial, hasta ese momento inspector del Ejército, siguiera ascendiendo en la institución. El informe, al parecer, tuvo consecuencias inmediatas. En 1998, Estados Unidos le canceló la visa a Ramírez. El general fue enviado como agregado militar a Chile y en enero de 2000, se retiró de la institución. "Ellos tomaron una decisión unilateral, sólo escucharon el lado de mis enemigos", le dijo Ramírez a SEMANA. Finalmente, el Departamento de Estado, en un documento de inteligencia de 1998 concluye que "los militares han desempeñado un pobre papel en la contrainsurgencia (...) La frustración por su incapacidad para derrotar a las guerrillas ha contribuido para que crezcan las violaciones de los paramilitares... ha disminuido la agresividad militar en el campo de batalla y hay por lo menos un apoyo tácito a los paramilitares". El general Reynaldo Castellanos, comandante del Ejército, le dijo a esta revista que esa institución "siempre ha sido transparente. Si hay gente que delinque, se investiga y se somete a la justicia". Además aseguró que el Ejército tiene como política combatir por igual a guerrilleros y paramilitares. Estos documentos de la embajada, aunque no son pruebas contundentes, y en muchas ocasiones apenas son transcripciones de versiones no confirmadas, sí dejan claro que desde hace más de un lustro Estados Unidos veía con preocupación el ascenso paramilitar y la falta de eficacia del gobierno para contener su crecimiento. Lo que revelan es que muchos oficiales cometieron el grave error de pensar que las autodefensas eran un mal menor. Y que, en muchos casos, se pasó de la omisión a la acción, como lo denunció la propia vicepresidencia en estos informes confidenciales. Seis años después de las masacres de La Gabarra y Tibú, las víctimas del Catatumbo serán las primeras en ser reparadas, según lo ha establecido la recién creada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Ahora que el gobierno parece inclinarse más hacia una reparación simbólica que material, los documentos secretos del embajador Kamman se pueden convertir en la caja de Pandora para abrir el debate sobre un tema al que muchos le temen, pero que tarde, o temprano, tendrá que ponerse sobre la mesa.
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