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| 2/22/2012 12:00:00 AM

Los argumentos de Morales para no salir de la Fiscalía

Estos fueron los planteamientos de la funcionaria con los que trató de mantenerse en el cargo ante la demanda radicada en el Consejo de Estado.

En la respuesta a la demanda sobre las presuntas irregularidades en le elección de la fiscal general, Viviane Morales, no solo se rechazan todos los argumentos del demandante. Semana.com conoció el documento en el que los abogados de la fiscal presentan sentencias clave del propio Consejo de Estado.
 
Los juristas aseguran que el presidente Juan Manuel Santos y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia "actuaron en cumplimiento de la Constitución Política y la ley". Estas son las respuestas de Viviane Morales.
 
La firma
 
Lo primero que desvirtúa la defensa de la fiscal es que no era necesaria la firma del entonces ministro del interior, Germán Vargas Lleras, para que se cumpliera con el acto administrativo en la postulación de la terna por parte del presidente, Juan Manuel Santos.
 
"Desconoce el demandante que en este caso el presidente de la República estaba fungiendo como jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa (…) El acto mediante el cual se formaliza la terna tiene valor y fuerza con su sola firma", se asegura en el escrito.
 
Como prueba los abogados piden que se revise un concepto del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil el cual fue hecho el 3 de noviembre del 2010. En este se resolvió un cambio de terna en un cargo de la Presidencia de la República, con la sola firma del mandatario.
 
Dos ternas
 
El texto también señala que el presidente Juan Manuel Santos estaba facultado para postular la terna y que no se violó el artículo 249 de la Constitución, según el el cual el mandatario sólo podía postular para fiscal una vez.
 
Para la defensa es claro que el jefe de Estado puede reformular la terna, ya que eventualmente hay la posibilidad de que los ternados se retiren o mueran, lo que obliga a reformular las aspiraciones.
 
Incluso el hoy expresidente Álvaro Uribe lo hizo en su momento ante el retiro de los postulados.
 
"(…) razonablemente imponen al presidente el deber de continuar ejerciendo la función de postular candidatos, de manera que la terna cumpla la finalidad a la cual está destinada", se lee en el texto en el cual se cita el mismo el fallo del Consejo de Estado de la sala de Consulta y Servicio Civil.
 
Falta de votos
 
El otro argumento que rebate la defensa de la fiscal es que no se contó con el número de votos exigido, 16, es decir, las dos terceras partes del quórum que componen los 23 magistrados de la Corte Suprema.
 
Para la defensa, la certificación de la corte del 16 de febrero del 2011 confirma que la fiscal fue elegida en pleno con 14 votos de un total de 18 y que había cinco vacantes.
 
"Por lo tanto, la mayoría simple de la Corporación en ese momento en particular correspondía a 10 magistrados y 12 de ellos componían las dos terceras partes, lo cual lleva a concluir que la elección fue válida".
 
Además se asegura que la elección fue confirmada por 16 magistrados. En este caso también se citan sentencias del propio Consejo de Estado. Para este caso se señala un fallo de la Sección Primera del 6 de junio de 1991 del exmagistrado Miguel González Rodriguez.
 
Violación del debido proceso
 
Otro de los cargos de la demanda es el de la presunta violación al debido proceso. El demandante, Ferleyn Espinosa, asegura que el presidente ya había agotado la facultad de conformar una nueva terna.
 
En respuesta a eso la defensa de la fiscal sostiene que por ser la elección del fiscal general de la nación "un acto complejo", el presidente está facultado para reformular la terna. "Se respetó el procedimiento establecido por la Constitución y por la ley", se señala.
 
Para ello se basan en dos sentencias: una proferida el 16 de septiembre de 1999, del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y otra de Víctor Hernando Alvarado Ardila, el 6 de agosto del 2009. En ellas se concluye: "La Jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el acto complejo es aquel que requiere para su formación la reunión de varias voluntades de la Administración", es decir, que la postulación y elección debe demandarse en su integridad y no solo por partes.
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