Los bajaron del carro

Tres puñaladas en el cuerpo y una en la cara fue el precio que Pedro Julio Porras tuvo que pagar para evitar que le robaran su taxi en el barrio Santa Fe, de Bogotá, hace un par de años. Prefirió jugarse la vida y someterse a varias cirugías a perder en manos de dos delincuentes no sólo el patrimonio que estaba construyendo para su esposa y sus tres hijos, sino el medio de subsistencia familiar.

Pero el 13 de junio pasado, este hombre recibió una profunda herida que astilló su vida y lo bajó de su carrera de taxista y futuro propietario de un valioso cupo de transporte en Bogotá. Ese día la Secretaria de la Movilidad le notificó que el taxi de placas SIF 678 que llevaba pagando durante 20 meses y al que le faltan 28 cuotas más, era ilegal. En otras palabras, el plumazo de un funcionario hizo que Porras se quedara en la calle. Hoy vive en un cuarto, arrimado donde su suegra, esperando que alguna autoridad le permita recuperar su cupo y volver a sacar el Hyundai Atos del parqueadero.

Porras, al igual que numerosos taxistas que compraron de buena fe, está siendo despojado en las últimas semanas de su cupo porque la Secretaría de la Movilidad está encontrando irregularidades en el registro de los taxis. "En mi poder tengo más de 150 casos, pero sabemos por el cruce de varios registros que pueden ser miles de carros ilegales", dice Hugo Ospina, presidente del sindicato de Taxistas Asoproctax.

La inmensa mayoría de taxistas es víctima del lucrativo negocio en el que se convirtió el transporte de taxis en Bogotá, en el que la corrupción dentro y fuera de las oficinas de tránsito, sobornos y pagos siguen aún alimentando una poderosa mafia que ha permitido crecer y crecer el número de carros amarillos que circulan en la capital.

En este momento hay 48.000 taxis legales en la ciudad, pero cálculos no oficiales dicen que hay más de 56.000 prestando el servicio. Una cifra gigantesca si se tiene en cuenta que en 1993 la Alcaldía congeló el parque de taxis en unos 35.000 carros.

El aumento, dice el concejal Orlando Parada, se debe a la corrupción rampante que se vivía en la Secretaría de Tránsito, que permitió, por medio de la reposición de vehículos, el cambio de uso de privado a particular, por argucias legales y por corrupción, incrementar en más de 10.000 el número de taxis entre 1993 y 1998. Cifras internacionales dicen que debe haber un taxi por cada 252 habitantes. En Bogotá hay uno por cada 155 habitantes.

El valor del cupo de un taxi pasó de siete millones en 2003 a valer entre 42 y 45 millones de pesos en 2007, para entrar en un negocio que al año mueve sólo en carreras más de 1,8 billones de pesos. Esto, sin contar lo que se paga por el registro, la afiliación a la empresa y el uso de la frecuencia para el radioteléfono.

A pesar de la concesión del Sett, la empresa que desde 1997 administra parte de los trámites de tránsito, y de los mayores controles, esta mafia no se ha detenido. Por el contrario, los numerosos casos conocidos por SEMANA demuestran que muchos taxis fueron registrados ilegalmente con complicidad de empleados de esa empresa y de la desaparecida Secretaría de Tránsito.

El caso de Pedro Julio Porras, es diciente. Desde cuando compró el taxi en 2005, el Sett siempre le expidió un certificado de tradición, pagó impuestos e hizo varios trámites. Pero de un día para otro, el Sett determinó que este y otros taxis entraron amparados con el cupo de uno viejo que iba a ser chatarrizado.

Una historia parecida es la de Emiliano Rojas, quien compró un carro en 1998. La Secretaría de Tránsito y después el Sett le certificaron la tradición del taxi, no sólo cuando lo compró, sino durante los años que lo tuvo. Pero cuando fue a chatarrizar el carro SGR904 para comprar uno nuevo, le salieron con el cuento de que su carro era ilegal, junto a dos carros más. Todos estos autos fueron metidos a las calles en reemplazo de un taxi Dacia 1984. Lo extraño es que el Sett le dio la titularidad del cupo a un taxi que no tiene improntas ni huella digital, ni papeles, como es el caso de Rojas, sin importar que a leguas se ve que no cumple con un solo requisito. Otro caso de trillizos fue el de un Daewoo que al ser chatarrizado, permitió entrar tres taxis.

El representante a la Cámara Simón Gaviria, quien ha conocido éstas y muchas otras denuncias, dijo a SEMANA que hoy las mafias del transporte que aparecen y desaparecen cupos de taxis y buses están más vigentes que nunca. "La Fiscalía y la Procuraduría General son claves para descubrir quiénes son los autores y los cómplices de esos delincuentes", dice.

Hay varias modalidades usadas para poner en servicio dos o tres carros bajo un cupo o una misma placa, conocidos como gemelos o trillizos. Papeles falsos, cambio de carpetas y hasta certificados de impuestos falsificados hacen parte de las trampas que las mafias inventaron para conseguir un cupo de taxi en Bogotá.

"Hay una bomba de tiempo social que en cualquier momento puede hacer que la ciudad colapse, pues a los taxistas nos están tratando como delincuentes, mientras que a los funcionarios y responsables de la sobreoferta y la piratería no les pasa nada. Sólo pedimos que por lo menos no nos chatarricen los vehículos ilegales, es decir, que se puedan convertir en particular y que las autoridades obliguen a los concesionarios que los vendieron a responder por la plata de los cupos", dice Ospina, líder de los taxistas.

Es claro que detrás de algunos taxis hay una cadena de delitos, pero los compradores de buena fe no pueden vese gravemente afectados, mientras los concesionarios, las empresas y las personas que los idearon y realizaron, siguen enriqueciéndose. Es necesario que la ciudad tome el control de los taxis y meta en cintura esas poderosas mafias.