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| 10/22/2016 12:00:00 AM

Estos son los cambios que trae la reforma tributaria

El proyecto impactará a las empresas, los pequeños comerciantes, los ciudadanos de a pie, los accionistas, los asalariados, las entidades sin ánimo de lucro y hasta a los evasores.

Desde que comenzó a hablarse de una nueva reforma tributaria, hace dos años, el énfasis se puso en que debía ser estructural. Es decir, que cambiara aspectos del régimen tributario actual, redistribuyera mejor las cargas impositivas, simplificara los impuestos y los procesos, elevara la tributación como porcentaje del PIB y ampliara la base de contribuyentes.

Ante la gravedad de la situación fiscal y el tema de la paz en el camino, algunos pensaban que el gobierno no se la jugaría con una reforma integral y más bien se limitaría a sacar una propuesta para resolver, vía mayores recaudos, la caída en los ingresos petroleros. Pero el proyecto radicado la semana pasada, además de cumplir el principio de buscar mayores recursos, también es integral, y así lo reconocen varios expertos en la materia.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que esta reforma propone un sistema tributario más equitativo, eficiente y sencillo, al tiempo que busca fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión.

Para conseguir estos propósitos en más de 300 artículos, el proyecto pasa por un amplio espectro de asuntos y así tocará a todos los colombianos de alguna u otra manera.

Así quedaron las empresas

Según el régimen tributario, el 80 por ciento del recaudo de impuestos proviene del 1 por ciento de las grandes empresas. Por esto, el proyecto busca suavizar la carga que pesa sobre las sociedades y que está haciendo que el país sea menos competitivo para la inversión.

Las empresas pagan actualmente cuatro impuestos (renta, Cree, sobretasa y riqueza) lo que se reducirá a uno solo. De ese modo, si el Congreso acoge la propuesta oficial, las compañías con utilidades mayores a 800 millones de pesos pagarían el próximo año una tarifa del 39 por ciento. Sin reforma, esta sería del 42 por ciento. En 2018, con la propuesta, la renta bajaría al 36 por ciento y del 2019 en adelante se estabilizaría en el 32 por ciento. Es decir, se reducen 3 puntos para 2017 y 6 para 2018.

Para las que tengan utilidades menores a 800 millones de pesos el gobierno propone para el próximo año una tarifa del 34 por ciento (igual a la actual), para llegar al 32 por ciento a partir de 2019. Las sociedades podrán deducir lo que hayan pagado sobre los bienes de capital.

Otro beneficio de las corporaciones es que de cuatro contabilidades que llevan actualmente, pasarían a dos (NIFF y contable). El impuesto a la riqueza, que expira en 2018, queda eliminado y las empresas conservarán algunos beneficios como la deducción del 150 por ciento por inversiones en fuentes de energía no convencionales, los descuentos por donaciones, reforestación y control del medioambiente y ciencia, tecnología e innovación.

Se propone un solo tipo de zona franca. Para las empresas ubicadas allí, que tienen una tarifa especial de renta del 15 por ciento, esta se modificará así: 24 por ciento en 2017; 23 en 2018 y 22 por ciento de ahí en adelante.

Para las empresas de construcción, se elimina la exención del impuesto de renta derivada de la enajenación de vivienda de interés social. Las empresas exentas del impuesto de renta, que hoy pagan Cree (parafiscales), continuarán gravadas con la tarifa preferencial del 9 por ciento. Por ejemplo, las editoriales mantendrán la tasa del 9 por ciento (para cubrir parafiscales) por los primeros 1.000 millones de pesos en utilidades; el exceso se gravará a la tarifa general. El beneficio de renta que gozan los hoteles nuevos y remodelados se mantiene hasta 31 de diciembre de 2017. Y no se modifica la renta exenta de derechos de autor.

Qué pasa con los asalariados

Según la propuesta del gobierno a partir de 2017, de tres sistemas (renta ordinaria, Imán e Imás) se pasará a uno solo (renta ordinaria).

Los asalariados tendrán el derecho a declarar como renta exenta un 25 por ciento de su ingreso y en las no laborales y de capital (diferentes a dividendos) se pueden deducir los costos asociados a su actividad económica. Adicionalmente, todas las personas naturales podrán deducir hasta un 10 por ciento adicional por cuentas AFC, pensiones voluntarias y dependientes. El tope a las rentas exentas de asalariados será el 35 por ciento con un valor máximo de 104 millones.

Se reduce el umbral para declarar renta. Desde 2018, quien gane a partir de 2.749.417 pesos al mes tendrá que declarar, lo que no significa que tenga que pagar. Esto busca mejorar la información para la Dian. Por esta vía, los declarantes suben a 2.683.977, es decir, 440.000 más.

La Dian sostiene que esta propuesta es progresiva porque en el rango en el que no hay que pagar impuestos está el 90,3 por ciento de los colombianos que reciben ingresos. Los asalariados que ganan más de 27 millones de pesos mensuales sentirán un mayor efecto, porque cumplen el tope de las rentas exentas.

Cómo van las entidadessin ánimo de lucro

La reforma mantiene el régimen preferencial del impuesto sobre la renta para estas entidades. La propuesta trae una cláusula general antievasión, según la cual la Dian puede retirar de este régimen especial si incumplen los requisitos exigidos. Igualmente, les queda prohibido distribuir directa o indirectamente excedentes a los miembros o fundadores de estas entidades, para preservar su carácter no lucrativo.

En caso de no reinvertir los excedentes deberán pagar el impuesto sobre la renta.

Las cooperativas tendrán un impuesto con tarifa reducida del 20 por ciento destinada específicamente a la educación superior pública. Estos recursos ingresarán al presupuesto de la Nación y el gobierno los distribuirá.

Las Iglesias y centros de culto no pagarán impuestos, tal como ahora. Para evitar que alguien se lucre de la fe de los feligreses, todos los cultos deberán publicar información sobre sus finanzas y pagar impuestos sobre lo que no reinviertan en la congregación, infraestructura religiosa y feligresía. Las congregaciones y asociaciones religiosas deberán declarar, registrarse y publicar la información, como las demás entidades sin ánimo de lucro.

Formalización de pequeños comerciantes

Se crea la figura del monotributo para simplificar el pago de impuestos a los pequeños comerciantes con ventas brutas entre 41 millones de pesos y 104 millones.
Este régimen será voluntario. Pagarían entre 40.000 y 80.000 pesos mensuales con acceso al ahorro para la vejez (Beps) y riesgos profesionales. Cubre a los comerciantes ubicados en locales de menos de 50 metros cuadrados. No es un impuesto adicional, pues este segmento de contribuyentes ya paga. En este sentido, los comerciantes pueden optar por el monotributo o seguir declarando renta como lo vienen haciendo. Este mecanismo busca formalización más que recaudo.

Gravarán a los dividendos

Después de años de intentar, infructuosamente, gravar los dividendos, esta reforma propone un nuevo impuesto. La idea es que las personas que reciban dividendos paguen el 5 por ciento por montos superiores a 17 millones de pesos al año, y del 10 por ciento para sumas por encima de 29,7 millones. Con esto se protege a los pequeños accionistas. El gobierno no acogió la propuesta de la comisión de expertos que proponía un esquema diferente por el que también quedaban gravados los dividendos en cabeza de las sociedades. Se consideró que no sería conveniente pues se generaría un efecto cascada. Algunos afirman que gravar los dividendos solo en cabeza de las personas puede estimular la elusión, pues podrían crear sociedades para que estas recibieran los dineros.

Lucha contra los evasores

Un eje importante de la reforma es la lucha contra la evasión y la elusión. Para quienes hacen trampa al fisco el proyecto propone varias medidas. Por ejemplo, habrá un mayor control sobre el efectivo, en especial cuando este se utiliza en las transacciones que los contribuyentes usan para bajar sus impuestos a cargo.
A partir de 2017, pagos en efectivo superiores a 2 millones de pesos no serán deducibles de renta, con el propósito de cerrar una puerta a la evasión. En 2018, para que sean deducibles los pagos en efectivo de las empresas, no podrán superar el 50 por ciento del total de gastos.
Dentro de las medidas de control a los evasores está el intercambio automático de información con otras jurisdicciones sobre activos de colombianos en el exterior.
Y la medida más drástica es la cárcel propuesta para quienes omitan activos o incurran en presentación dolosa de pasivos inexistentes superiores a 5.000 millones de pesos. Además serán multados con el 20 por ciento del valor del activo omitido.

Cómo queda el ciudadano de a pie

Como la columna vertebral de la reforma es el aumento del IVA y este es transversal, termina por tocar a todos, aunque en diferentes proporciones, pues la canasta familiar sigue sin gravar.

En el fondo la reforma protege a los más pobres, específicamente los ciudadanos de estrato 1 y 2. Genera ingresos para mantener el gasto en educación y salud, el programa de Familias en Acción, así como los subsidios que entrega el Estado a la población más necesitada. Al no gravar con IVA la canasta familiar, favorece a esta población de bajos ingresos, pues los alimentos pesan mucho más en sus gastos frente a otros estratos socioeconómicos.

Así las cosas, el impacto de la reforma recaerá sobre los niveles medios y altos. En proporción con su ingreso, la clase media resulta más afectada. Impuestos a los celulares (planes de datos); a la gasolina; las plataformas digitales; IVA general del 19 por ciento y el aumento del umbral para declarar renta le dan un golpe más duro a este segmento.
El sector alto tendrá que pagar por los dividendos y se entiende que como tiene un mayor ingreso deberá contribuir en igual forma con los impuestos. No hay que olvidar que financiar al Estado es responsabilidad de todos, y en especial de quienes tienen más. 

Los sectores más golpeados

La cadena de la industria de bebidas no alcohólicas protesta y dice que el proyecto de ley discrimina claramente ese sector y generará una caída en el IVA.

Los primeros en protestar por la reforma fueron los afectados con el impuesto a las bebidas azucaradas. Se propone una tarifa de 300 pesos por litro aplicable a los polvos que sirvan como base para constituir estas bebidas, a las gaseosas, tés, bebidas energizantes, jugos procesados. Al ser un impuesto específico, su base gravable será la cantidad de litros producidos o importados y estará a cargo de los productores o importadores de bebidas azucaradas. Con esta propuesta se espera recaudar 900.000 millones de pesos que irán para la salud.

Los fumadores también recibirán un duro golpe. El impuesto para las cajetillas de cigarrillos subirá de 701 pesos en 2016, a 2.100 pesos en 2017. Esto generará un recaudo de 500.000 millones de pesos. El gobierno justifica estos tributos en el hecho de que en Colombia se venden los cigarrillos más baratos del mundo. Su precio es apenas el 37 por ciento del promedio de la región. El consumo excesivo de bebidas azucaradas se relaciona con diabetes y obesidad, mientras que el de cigarrillos con cáncer y problemas pulmonares.

El sector de combustibles también sentirá un golpe con la reforma. El gobierno propone impuestos a los combustibles fósiles para el consumo nacional (combustibles y GLP): 21.000 pesos por tonelada de CO2. Se ha calculado que para el caso de la gasolina motor será de 135 pesos y para el ACPM de 152 pesos.

El sector de la telefonía celular, también recibirá el impacto. En este caso, se extiende el impuesto al consumo del 4 por ciento que tienen los planes de voz a los datos. Este impuesto irá directamente al deporte y la cultura. El internet para estratos 1 y 2, computadores de menos de un millón de pesos y celulares por debajo de 650.000 pesos no tendrán IVA. Cabe anotar que la telefonía celular pasará de un IVA del 16 al 19 por ciento.

La propuesta del gobierno también tocará a los suscriptores de plataformas digitales internacionales, como Netflix y Uber. La idea es equiparar el tratamiento tributario con las empresas nacionales.

En la construcción se favorece la vivienda prioritaria y la de interés social, pero habrá IVA del 5 por ciento a los edificios residenciales nuevos cuyo valor supere los 800 millones de pesos.

Los más favorecidos con los impuestos

Se incluyen beneficios tributarios para la protección del medioambiente, para las inversiones en energía sostenibles como la solar y la eólica.

El sector salud, que tiene graves problemas financieros, se beneficiará con la reforma. Si el Congreso aprueba los nuevos impuestos propuestos por el gobierno para las bebidas azucaradas y el cigarrillo, este sector recibirá 1,5 billones de pesos adicionales.

Las zonas afectadas por el conflicto armado también serán beneficiadas y por lo tanto a los habitantes de esas regiones se les abren alternativas para un mejor futuro.
La reforma propone incentivos tributarios en renta para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica en dichas zonas. Las microempresas que se instalen en esas regiones no pagarán impuestos durante los primeros cinco años. Para las medianas y grandes empresas el beneficio en renta equivale al 50 por ciento de la tarifa general.

Estos beneficios aplicarán solo para nuevas empresas que tengan domicilio principal y desarrollen su actividad económica en las zonas afectadas que determinará el gobierno. Se excluye las mineras y de explotación de hidrocarburos, así como los grandes contribuyentes dedicados a la actividad portuaria.

Los pensionados también ganan con esta reforma. No se les aplicará impuesto de renta, como había propuesto la comisión de expertos.

La cultura y el deporte también recibirán beneficios porque obtendrán nuevos recursos por vía de los planes de datos en la telefonía celular. El libro quedó sin IVA, como viene hasta ahora.

El medioambiente también ganará, porque por primera vez el país plantea impuestos verdes (a las emisiones de carbono) y beneficios para inversiones en fuentes no convencionales de energía.  Se adoptan medidas para contribuir a cumplir los compromisos adquiridos por Colombia en el marco de la COP21 y reducir la contaminación.

Impuestos a los combustibles fósiles para el consumo nacional (combustibles y GLP): 21.000 pesos por tonelada de CO2.

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