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| 12/21/2013 6:00:00 AM

Petro, ¿destituido o revocado?

Aunque el alcalde ganaría la revocatoria, al final es casi seguro que los bogotanos no votarán. La guillotina del procurador caerá antes.

En un mismo día desde Washington el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, simultáneamente demandó y acató dos decisiones de instituciones colombianas. Se trata de las relacionadas en forma directa con su continuidad como mandatario capitalino: la destitución e inhabilidad por 15 años que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez y la convocatoria a la revocatoria de su mandato de la Registraduría.

En medio de su gira en Estados Unidos, el mandatario capitalino no solo tuvo encuentros con congresistas norteamericanos de izquierda, ONG de derechos humanos y el secretario de la Organización de Estados Americanos, sino que también le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar su situación.

Al mismo tiempo que le pedía a la CIDH medidas cautelares para impedir el castigo de la Procuraduría, Petro recibió la noticia de que la Registraduría convocará a los bogotanos a las urnas para decidir su continuidad como alcalde. “No habrá recurso contra la revocatoria. Estamos listos”, declaró el burgomaestre. Esta respuesta contrastó fuertemente con su estrategia jurídica durante 2013 de obstaculizar esa revocatoria de todas las formas posibles para retrasarla.

La sensación de doble tenaza que amenaza simultáneamente a Gustavo Petro con destitucion y revocatoria no es cierta por la sencilla razón de que es prácticamente seguro que él ganaría la revocatoria. Por lo tanto su estrategia consiste en acelerar el voto en las urnas, que sería a su favor, y retrasar el fallo defnitivo en la Procuraduria, que seguramente implicaría su destitución.

Ayer no y hoy sí
¿Por qué es prácticamente imposible que el alcalde pierda una revocatoria? En parte, porque la solidaridad a su favor que ha despertado el fallo de Ordóñez en la opinión pública la convertiría en un referendo sobre el procurador, y no en uno sobre la gestión en la ciudad. Las probabilidades de que un Petro ‘víctima’ le gane al jefe del Ministerio Público son altas.

Y no es porque los bogotanos quieran a Gustavo Petro. Es porque los altísimos requisitos que se necesitan para que una revocatoria saque de su cargo a un funcionario hacen prácticamente imposible que esto suceda. En el caso de Petro, más de 1,2 millones de capitalinos deberán participar en esa jornada electoral para superar el umbral decisorio, de los cuales la mitad más uno, casi 700.000, tendrían que votar la salida de Petro. Esas cifras no son realistas en el momento de votar.

Sobre todo si se tiene en cuenta que es muy posible que la revocatoria no coincida con las elecciones del Congreso, que es cuando la gente sale masivamente a las urnas. De hecho, desde que entró en vigencia la reglamentación de este instrumento de participación ciudadana en 1994, más de 40 revocatorias han llegado a las urnas y ninguna ha sido aprobada. Es decir, la historia está a favor de Petro porque el sistema está diseñado para que sea muy díficil sacar a los mandatarios en ejercicio.

La estrategia anterior del alcalde de Bogotá de interponer toda clase de recuros para retrasar la revocatoria le resultó claramente contraproducente. Si hubiera dejado al proceso seguir su curso, la Registraduría habría convocado a los capitalinos a las urnas en octubre o noviembre. Aún con bajos niveles de popularidad y aprobación, los altos requisitos de participación casi seguramente habrían hundido la revocatoria y Petro habría enfrentado la investigación disciplinaria de las basuras con legitimidad popular por cuenta de un mandato electoral fresco.

Sin embargo, la convocatoria que la Registraduría ya empezó a organizar probablemente no culminará en el otorgamiento de ese mandato renovado. Y la razón radica en los diferentes tiempos de ambos procesos. Estos le permiten al procurador fallar antes de la revocatoria, con lo cual, si se trata de una destitución, esta deja de existir por sustracción de materia. 

Las fechas son las siguientes: el fallo de la Procuraduría tiene una reposición hasta el 30 de diciembre ante el mismo Ordóñez, y posteriormente él tiene 45 días para fallar. Pero él puede hacer pública su decisión en cualquier momento dentro de ese plazo. Si lo hace en la primera o en la segunda semana, Petro estaría por fuera antes del final de enero. Mientras tanto, la Registraduría requiere un mínimo de 60 días para organizar las urnas. Eso quiere decir que no podrá haber revocatoria antes de finales de febrero. Para esa época, con el alcalde destituido, esta tendría que ser cancelada.

La esperanza está en Estados Unidos
Ante estas circunstancias, el único camino que le queda a Gustavo Petro para impedir su destitución e inhabilidad es la estrategia internacional en Washington. En la capital estadounidense está la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el alcalde visitó la semana pasada para solicitar medidas cautelares y la revisión de su caso. 

Las primeras son un mecanismo de emergencia con el cual este organismo en una situación de “gravedad y urgencia” le pide a un Estado la adopción de medidas que eviten un “daño irreparable”. En otras palabras, que congele decisiones o que proteja a personas en peligro.

Este organismo estudiará los argumentos de Petro y en las próximas semanas podría optar por tres decisiones: imponer medidas cautelares, negar la petición o pedirle al Estado colombiano más información. Por ejemplo, en el caso de un cabo del Ejército tramitado este año, la petición se recibió en junio, la CIDH pidió más información y se definió en octubre de 2013. 

A esto hay que añadir que estos mecanismos de emergencia son más usados en situaciones que afectan la vida o integridad de personas, como les pasó al militar colombiano y su familia, que respecto a los derechos políticos. Es decir, no es seguro que la CIDH impida que la destitución de Petro quede en firme antes de la revocatoria en marzo.

De hecho, la estrategia jurídica de Petro dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para echar atrás la sanción no luce tan sencilla. Y si de casualidad llega a pronunciarse sobre el caso, es más probable que sea sobre la inhabilidad de los 15 años y no sobre la destitución. Además, las decisiones de esta naturaleza han tomado por lo general muchos años.

Como se puede observar, el panorama para el alcalde Petro es bastante oscuro. Aunque su situación despierta sin duda solidaridad, no tendrá la oportunidad de traducir ese sentimiento en apoyo electoral en la revocatoria. Como la guillotina del procurador Alejandro Ordoñez muy probablemente caerá antes, sin cabeza no hay revocatoria.
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