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En horas de la noche de este miércoles, el panorama de Tibú no había cambiado ante el fallido diálogo. | Foto: SEMANA.

PROTESTA

Los campesinos de Tibú dejan plantado al Gobierno

Un fracaso fue el intento de diálogo entre campesinos del Catatumbo el ministro de Agricultura para poner fin a las protestas.

19 de junio de 2013

Ni una sola palabra se pudo discutir en la mesa de negociación de interlocución entre miembros del gobierno nacional y los campesinos de la región del Catatumbo, que se había acordado para este miércoles en el convulsionado municipio de Tibú, el más grande de Norte de Santander y que ha sido uno de los escenarios de paros y protestas desde el pasado 11 de junio.

El ‘florero de Llorente’ para las agremiaciones campesinos fue la presencia de los generales Rodolfo Palomino (director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional), quien lleva tres días en el casco urbano de Tibú, y el general Marcolino Tamayo (Fuerza de Tarea Conjunto Vulcano), una de las condiciones pedidas por el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán. Pero los enfrentamientos en que han terminado algunos de los constantes paros y protestas en los últimos días entre campesinos y fuerza pública, en diversos escenarios de esta región, ha desatado toda clase de resentimientos. A esto se suma el argumento de que la mesa, creada desde el 2009, jamás ha tenido miembros de las Fuerzas Militares sino gobierno civil y campesinos.

La declaratoria de la Zona de Reserva Campesina y la suspensión inmediata de las erradicaciones forzadas no concertadas de cultivos de coca y la sustitución gradual a otra cadena productiva eran dos de los grandes temas a tratar, que tienen caldeados los ánimos en las zonas rurales de esta región.

La comitiva del gobierno nacional, aparte de Estupiñán, estaba conformada por el gobernador de Norte de Santander, Édgar Díaz Contreras, y la gerente de Incoder, Myriam Villegas. También se presentaron diez alcaldes de municipios de Catatumbo: Tibú, Ocaña, Convención, La Playa, El Tarra, El Carmen, Teorama, Sardinata, Hacarí y San Calixto.

Justo cuando la luz verde se asomaba antes de instalarse la mesa, hacia las 11 de la mañana, los representantes del Gobierno ajustaban la temática y mecanismos de intervención en un salón contiguo. En ese momento Juan Carlos Quintero, uno de los representantes de la Asociación de Campesinos del Catatumo (ASCAMCAT), tomó el micrófono y preguntó a los 200 miembros de los grupos campesinos autorizados a participar en el auditorio si aceptaban la presencia de los dos altos mandos militares y de la Policía. La respuesta fue un “no” rotundo.

Para terminar de atizar la hoguera, César Jerez, presidente de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, arengó a los presentes a abandonar el colegio Francisco José de Caldas, elegido para el encuentro, ante los fallidos intentos de la gerente del Incoder por detener el desenlace final.

“En estos últimos cuatro años nunca ha habido presencia del Ejército Nacional en la mesa. Esta entidad, en cabeza del general Marcolino Tamayo, ha señalado a los miembros de la protesta como estructuras terroristas. Por esas razones levantamos nuestra participación”, explicó Quintero.

El gobernador de Norte de Santander, como anfitrión del encuentro, tomó la palabra después de la partida de la gran mayoría de los 200 campesinos y sólo la presencia de unos 20: “Cada vez que hay una concesión surge una dificultad mayor. Acá podemos, por lo menos, plantear los temas que se iban a desarrollar, y adelantar lo que se pueda”, comentó.

Promesa del ministro

Hacia las 4 de la tarde, después de reunión a puerta cerrada entre los representantes del Gobierno y un grupo mínimo de campesinos que no representaban los intereses de los mayoritarios, el ministro Estupiñán rechazó cualquier tipo de veto a las autoridades y anunció noticias.

“Como gobierno nacional no puedo acceder a esas pretensiones. Después de un largo diálogo con algunos representantes, las conversaciones continuaron y acordamos con el señor gobernador y alcaldes constituir una mesa de trabajo que se instalará el 3 de julio en Cúcuta, para desarrollar un programa de inversión. Para que vean que es programa confiable, el compromiso es aportar como case inicial hasta 3.000 millones de pesos para la siembra de productos, asesoría técnicas, materias primas, plántulas, en aquellas zonas donde se han erradicado los cultivos de coca”, dijo Estupiñán.

Según el ministro, esos productos pueden ser cacao, maíz, fríjol y plátano, dependiendo de la capacidad agrológica de cada uno de los suelos. También afirmó que invitó a su despacho en Bogotá a los líderes que se levantaron de la mesa para negociar el próximo 24 de julio en su despacho, “si les molesta la presencia de las Fuerzas Militares”.

Los campesinos ya habían logrado una primera victoria en la mañana, después de tire y afloje telefónico a través de testigos del encuentro como Defensoría del Pueblo y el obispo de Tibú, al imponer que 200 representantes de los 4.800 campesinos agremiados del Catatumbo , y no 10 representantes, como, dicen, pretendía el gobierno nacional, estuvieran presentes en el recinto.

“Hay cuestionamientos de parte y parte. Esta es una reunión civil, entre Gobierno y campesinos, pero no podemos vetar quiénes estén o no en la mesa. Las Fuerzas Armadas tienen que estar en todo el territorio y esta ha sido una condición del ministro de Agricultura para estar acá. Ustedes, como campesinos, pueden decirles su versión. No dañemos esta posibilidad para corcertar y escucharnos todos”, pidió sin éxito Myriam Villegas, la gerente del Incoder.

Dos grandes temas se iban a robar la atención de la mesa. Uno era la declaración inmediata de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Campesina, según el artículo 81 de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de 1996. Y el segundo tenía que ver con el tema que más ha alterado los ánimos en la última semana, que es la suspensión inmediata de las erradicaciones forzadas de cultivos de coca y la sustitución gradual de esta zona en el marco de una propuesta productiva.

Un tercer tema era la aprobación de subsidios por 1.500.000 pesos por familia durante dos años para los núcleos que se acojan a la erradicación forzada de los cultivos de coca.

En horas de la noche de este miércoles, el panorama de Tibú no había cambiado ante el fallido diálogo. Unos 12 pasos obstruidos en la vía a Cúcuta se presentan en los primeros siete kilómetros, a la altura de las veredas La Cuatro y La Aduana, por parte de los campesinos que protestan, en donde no entra ni sale ningún carro particular. Esto ha producido el desabastecimiento de víveres como carne, huevos, tomate y cebolla, y el toque de queda se implantó, como los días anteriores, a partir de las 8 de la noche.