Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1990/02/26 00:00

LOS CANDIDATOS OPINAN SOBRE EL NARCOTRAFICO

LOS CANDIDATOS OPINAN SOBRE EL NARCOTRAFICO

¿Deben ser tratados los narcotraficantes como delincuentes políticos o como delincuentes comunes? ¿Son creíbles las propuestas de los Extraditables? ¿En caso de que cumplan lo que ofrecen debe suspenderse la extradición? ¿Cuál sería el mejor mecanismo para juzgar a los narcotraficantes en Colombia? ¿Cómo puede interpretarse lo que Los Notables llaman "tratamiento menos riguroso" desde el punto de vista de la Constitución y las leyes vigentes? ¿Cuál puede ser la salida y la solución al problema del narcotráfico? Estos y otros interrogantes son los que han venido planteando los colombianos en los últimos días. SEMANA,por considerarlo de interés para sus lectores sondeó la opinión de los precandidatos a la Presidencia de la República,para que le dieran respuesta a una o varias de las preguntas que hoy flotan en el ambiente.Esto fue lo que obtuvo.

JAIME CASTRO
En materia de narcotráfico carecemos de una política, de una estrategia, de una línea de conducta definida para su tratamiento y control. Tal vez por eso adquirió las proporciones que lo convirtieron en la más pesada carga que hoy soporta el país. En otro tiempo pensamos que la extradición era herramienta,suficiente para erradicar el cultivo y procesamiento de la hoja de coca, así como el tráfico de sus derivados. En breve lapso, sin embargo, la supuesta solución mostró su debilidad jurídica (la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la ley aprobatoria del tratado correspondiente) y su falta de eficacia práctica porque radicalizó el conflicto, lo ensangrentó aún más y ni siquiera pudo reducir el comercio ilegal de las drogas, que aumenta con el paso de los días. Quizás por eso la extradición empezó a suscitar serias reservas en vastos sectores de opinión.
La falta de esa política también hizo prepotentes y arrogantes a los narcotraficantes que unilateralmente le declararon la guerra al Estado y a la sociedad, que pretendieron imponer su voluntad y lograron, nadie sabe hasta dónde, "contaminar" las instituciones oficiales y privadas llamadas a combatirlos.
Por ello, la presencia del narcotráfico entre nosotros ha representado tan alto costo para el país: genera crimen, violencia e inseguridad; produce serias perturbaciones económicas; pone en juego la autoridad del Estado; y compromete la dignidad y seguridad nacionales.
Frente a tan dramática situación necesitamos adoptar una política que sea fruto de la discusión pública, serena y seria que se adelante con participación de los sectores sociales. Una politica que defina cuál es el papel que Colombia desempeña dentro del contexto internacional del problema y que además elimine tabúes y falsos moralismos.
Tal política debe recoger la opinión y el compromiso de todas las fuerzas políticas del país. Con criterio realista debe analizar objetivamente posibles soluciones que para algunos son impensables y descartables por razones de principio. Me refiero a las llamadas realización, descriminalización, despenalización o reglamentación de la droga que permiten controlar, gravar y supervisar todo el proceso que va desde el cultivo de la hoja hasta la venta del producto final.
Urge,pues, adoptar esa política porque su ausencia nos tiene en un callejón sin salida y crea un vacío que, a su manera y con su propio enfoque,han buscado llenar el alcalde de Medellín, el M-19, el presidente de la Cámara de Representantes, la UP, el secretario general de la Presidencia, nuestro embajador ante Naciones Unidas y últimamente Los Notables. También lo intentan Los Extraditables que presentan sus puntos de vista en términos políticos, que asumen posiciones,nacionalistas, que se declaran decididos partidarios del diálogo y que hasta apelan al terrorismo para "convencer" y "persuadir" al país sobre la conveniencia de escucharlos.
Ahora se presenta una sorpresiva e inesperada (¿milagrosa?) oportunidad de terminar la guerra con un poderoso grupo de narcotraficantes y, por esa vía, de empezar a encontrar respuesta al desafío y los retos que plantea el narcotráfico.

HERNANDO DURAN DUSSAN
No creo que a los narcotraficantes se los pueda considerar como delincuentes políticos. El delito político tiene una filosofía del Estado que lo lleva a no compartir aquella que guía a las instituciones existentes. En el caso de los narcotraficantes, su interés ha sido el del dinero, no el de una política diferente, de izquierda, de derecha o de centro. Tanto es ello así, que si a los narcotraficantes no se les hubiera reprimido en su actividad habrían continuado en ella sin combatir al gobierno. El hecho de que lo combatan para poder adelantar su actividad comercial no les da carácter de delincuentes políticos. Creo que, se trata de delincuencia común.
En lo que se refiere al tratamiento menos riguroso que se les podría dar si cumplen lo que prometen, si se produce la liberación de la totalidad de los rehenes o secuestrados y la suspensión de los embarques del alcaloide al extranjero, se habría dado un paso muy efectivo en la lucha contra el narcotráfico. Me parece que se ha conseguido la primera parte y eso es algo positivo como fruto del documento inicial. En cuanto a la suspensión de los embarques, la opinión pública no está enterada de si esa parte se ha cumplido. Lo que es indudable es que si se cumpliera, se habría logrado ponerle fin al negocio de exportación de cocaina, lo cual sería el principio definitivo de solución del problema. Destaco la voluntad de sometimiento a la Constitución y a la ley. Creo que Colombia no puede pedirle más a nadie. Esa es la aspiración del estado de derecho: que todo el mundo se someta a la Constitución y a la ley y con más razón los delincuentes.
La extradición está consignada en un decreto del 121. Las leyes que aprobaron el decreto en virtud de controvertidas sentencias fueron declaradas inexequibles. En este campo uno puede compartir o no la motivación y el texto de una sentencia (en mi caso tengo serias reservas jurídicas sobre tales providencias), pero el hecho es que producidas ellas, el Tratado quedó sin aprobarse en la forma requerida por la normatividad vigente. Entonces hoy se está cumpliendo con la extradición por un acto jurídico emanado de la voluntad del gobierno, acto que se puede suspender si es a eso a lo que se refiere la propuesta de un tratamiento no tan riguroso de dos formas: con el levantamiento del Estado de Sitio, que suspende inmediatamente todos los decretos del 121 que hayan sido dictados o con una derogatoria o sustitución del mismo decreto. El levantamiento del estado de sitio no lo considero aconsejable. Hay graves problemas de orden público, de violencia, de atentados, de secuestros, de emboscadas, de hechos de diversa calidad delictuosa, ejecutados por transgresores de la ley que, en mi opinión hacen necesario mantener el estado de sitio y el tipo de legalidad marcial consignada.
En cuanto a los mecanismos apropiados para juzgarlos, no creo que para juzgar delitos anteriores se pueda crear penalidades nuevas ni tribunales ad hoc. Pero el problema de fondo no está ahi. Está simplemente en la extradición.
Pero vale la pena tener en cuenta la eficacia de la política que se adopte. Si suspender la extradición sirviera para ponerle fin al narcotrafico, sería aconsejable.

CESAR GAVIRIA
En ningún momento he interpretado los últimos acontecimientos de la vida nacional como un camino hacia una negociación con los narcotraficantes. Ni el hecho de haber puesto en jaque a las instituciones ni la oferta de rendición y el reconocimiento que han hecho del triunfo del Estado, los convierte en delincuentes políticos. Según nuestro ordenamiento legal, el narcotráfico es un delito común y las conductas asociadas con el narcotráfico, como el terrorismo, son delitos comunes que tienen un severo tratamiento de carácter penal.
Sobre el indulto, se trata de un perdón judicial que se aplica a los delitos de carácter político y, como lo he dicho anteriormente, el narcotráfico no tiene ese carácter. Desde que los ex presidentes, el cardenal y el jefe de la izquierda suscribieron el documento sobre Los Extraditables, yo he sido claro en advertir que la actitud que asuman las organizaciones criminales del narcotráfico en ningún caso debe llevar a un diálogo con ellos. Es evidente que la ley ofrece alternativas para aquellos que modifican sus conductas y suspenden sus actos delictivos. En este sentido el Gobierno podría, de manera unilateral, suspender algunas de las medidas agravantes que ha expedido por la vía de excepción.
En diversas oportunidades he dicho que los colombianos hemos llegado a la extradición como un reconocimiento de la impotencia del Estado y de la sociedad para juzgar el delito del narcotráfico.
De tal manera que yo no soy partidario de que, ante esa situación, se suspendan los decretos de excepción sino cuando se presenten dos circunstancias. La primera, que la sociedad colombiana, por la vía de tener un procedimiento especial, un sistema de protección de jueces dedicados a esa actividad, sistemas de fallo colectivos, prisiones de alta seguridad, garantice la eficacia de los mecanismos de justicia y asegure el castigo que las leyes establezcan.
En segundo lugar, que la suspensión de todo tipo de actos terroristas o de intimidación le permitan bien sea a la justicia, bien sea al Congreso o al Constituyente Primario, opinar libre de toda intimidación y tomar decisiones desprovistas del clima de amenazas y de actos de violencia que han rodeado las discusiones sobre estos asuntos en los últimos años.
Personalmente no encuentro objeciones a la extradición de nacionales para que respondan por delitos cometidos frente a autoridades de otros países y entiendo que en este momento la extradición es el único mecanismo con el que cuenta nuestra sociedad para hacerle frente al narcotráfico.
Yo he interpretado la expresión menos riguroso, que aparece en el documento de Los Notables, no en el sentido de establecer una negociación, sino en el sentido de que no es lo mismo juzgar a un prófugo de la justicia que, en el momento de su captura, continuaba delinquiendo, que a quien a dejado de cometer voluntariamente esos actos delictivos. En tal caso,el ordenamiento jurídico ofrece alternativas de aplicación de la ley para darle un tratamiento menos riguroso a quienes dejan de delinquir.

BERNARDO JARAMILLO OSSA
Lo primero que hay que decir es que la solución al problema del narcotráfico no es nacional, sino internacional, y para ello hay que soltarse de la tutela de los Estados Unidos.
Me parece que la solución se enmarca en tres aspectos: a) parar las extradiciones; b) someter a los narcotraficantes a juicio en Colombia; c) buscar el espacio internacional para una gran conferencia multilateral que debata la posibilidad de la legalización .
Desde luego que partiendo de la premisa de que se trata de delitos comunes y no políticos, el indulto no puede operar en este caso. En cuanto a la no extradición pienso que la solución está planteada para que sea otro gobierno el que dé ese paso.
Es claro que los narcotraficantes están más dispuestos a someterse a un juicio aquí y terminar purgando sus delitos bajo los códigos colombianos en celda de lujo como ha ocurrido con Félix Correa y Jaime Michelsen, en lugar de seguir expuestos a un tiro en la cabeza o a cárcel perpetua en los Estados Unidos .
Creo que si ellos cumplen todas las promesas que han hecho, el país puede eliminar la extradición, a través del levantamiento del estado de sitio.
No soy partidario de la creación de mecanismos o tribunales especiales para juzgarlos. Para qué inventarnos lo que ellos mismos no están pidiendo. Además,el problema no ha sido la justicia, sino la falla de quienes son los encargados de capturarlos .
Por ejemplo, ahora se discute si las Fuerzas Armadas deben seguir buscándolos después de las promesas que han hecho. Es claro, a mi juicio, que las autoridades están obligadas a cumplir la Constitución y las leyes.
Ahora, la posición de los narcotraficantes no la considero como una rendición -palabra que no me gusta-,sino como un sometimiento a la ley. Y la propuesta de que a cambio se les dé un tratamiento menos riguroso la entiendo como la no extradición y el respeto a sus vidas.

WILLIAM JARAMILLO
Desconozco si ha existido, a raíz de las propuestas de los grupos narcoterroristas, una oferta gubernamental de diálogo. Mucha literatura epistolar y pocas cosas en concreto. Los árboles no han dejado ver el bosque. El diálogo, para que resulte fecundo, tiene que ser viable desde el punto de vista jurídico. En el caso de la guerrilla, a pesar de los pobres resultados obtenidos, el diálogo es, y seguirá siendo, viable, en virtud de que la Constitución Nacional en el ordinal 19 del artículo 76 contempla: que se pueden conceder por "graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos". Pero, al mismo tiempo, es preciso recordar que si los favorecidos con el indulto resultan eximidos de la responsabilidad civil, respecto de los particulares, el Estado queda con la responsabilidad de las indemnizaciones a que haya lugar.
Aunque no soy jurista, me asaltan dos dudas. La primera, independientemente del criterio ético, sí se puede indultar a unos delincuentes comunes sin extender ese beneficio a todos los que se encuentren incursos en violación de la ley por delitos no políticos. Se abriría la posibilidad de soltar a todos los presos de las cárceles del pais. En segundo lugar ¿pagaría el Estado todas las indemnizaciones a las víctimas inocentes de esta guerra?
En cuanto a la extradición, es un tema controversial, que depende de muchas circunstancias. Pertenezco a la corriente democrática que estima que cualquier tema puede ser sometido a referendo popular. Pero el gobierno, por conducto de sus voceros, ha sostenido que una decisión en ese sentido estaría sujeta a las presiones de Los Extraditables, lo cual impediría el libre ejercicio de la voluntad popular. Y el presidente, de acuerdo con el artículo 120 de la Carta, es el único responsable por la conservación y el restablecimiento del orden público en todo el territorio nacional, cuando se encuentre perturbado.
De otro lado, no vale la pena asumir posiciones ultra-nacionalistas frente a determinados delitos. Estamos ante circunstancias especiales que permiten a la delincuencia actuar rápidamente para escapar a la sanción de la ley en el país en el que cometieron el delito.
No es fácil diseñar una estrategia unilateral contra el tráfico de drogas.
Ello significa que en este negocio la acción de un solo gobierno como el de Colombia será estéril, si no se logra una estrategia concertada entre países productores de la hoja de coca (Bolivia y Perú), transformadores y comercializadores (Colombia), consumidores y suministradores de materiales para el proceso (Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea), y beneficiarios financieros del negocio (banca internacional privada). En cada caso, debe emprenderse una acción diferente y plantearse una solución distinta.

ERNESTO SAMPER
En cuanto a la guerra el gobierno la declaró sin medir las connotaciones internacionales que supone declarar la guerra. Pero el Poder Popular acompaña y ha seguido acompañando al gobierno en esa guerra, porque el desafío es de gran magnitud, es de carácter subversivo. Es contra las instituciones. Y puntos culminantes de ese desafío del narcotráfico al Estado y las instituciones fueron el asesinato del magistrado Valencia, el del coronel Quintero y el de Luis Carlos Galán. Pero la estrategia de la guerra no lleva a ninguna parte, si no esta diseñada en forma integral. En el caso colombiano, se ha desconocido que el único escenario para ganar la guerra no puede ser sólo Colombia. Hay que tener en cuenta el consumo, la demanda, la financiación. Entonces, pienso que hay que ampliar el escenario de la guerra. Se tendría que producir una redefinición a fondo de las relaciones internacionales, porque la guerra tiene aspectos diplomáticos y aspectos económicos. Habría que pensar en derribar barreras arancelarias, renovación del Pacto Cafetero, ayuda económica interna, sustitución de cultivos.
La segunda salida es la legalización. Si fracasa la represión, creo que la única alternativa es pensar en la legalización, decisión que tendría que ser multilateral. Y hay que tener en cuenta que legalizar no es legitimar. Se trata de pasar de un tratamiento represivo a uno preventivo. Es trasladar la responsabilidad del problema a los países donde está la demanda. Para pensar en eso debería crearse una comisión de alto nivel con Estados Unidos para estudiar a fondo el problema del narcotráfico en sus diferentes aspectos: producción, distribución, consumo, financiación, pues hay que definir quién tiene responsabilidad en qué parte del proceso. Colombia debe tener un planteamiento claro frente al problema y a la alternativa de la legalización .
La tercera salida es la negociación, y yo no soy partidario de ella. No le daría a la violencia producida por el narcotráfico la misma dimensión que a la violencia producida por la guerrilla. Hay que establecer los umbrales entre delitos políticos y delitos comunes.
Terminar una guerra es más difícil que empezarla. Se puede terminar con rendición o con aniquilamiento. La comunicación de Los Extraditables es de rendición. Entonces, hay que mirar que a esta guerra se le ha planteado una rendición.
El Estado está obligado a darle un trámite a esa rendición incondicional de Los Extraditables y a verificar que se cumplan las promesas. Tiene que estudiar las condiciones en las cuáles se da la rendición y las garantías constitucionales que existen. Y eso no significa negociar. No creo que se debe levantar el estado de sitio, que es la base que ha orientado el proceso de guerra y a aquellas medidas para ponerle coto al problema.

ALBERTO SANTOFIMIO
No es por el hecho de haber puesto en jaque a las instituciones, sino por la caracterización que de tiempo atrás vinieron tomando (desde las denuncias que Maza y las autoridades hicieron) que le dieron calificación hermanada de narcoguerrilla, se les dio estatus político de contestatarios del Estado. En una guerra de esa naturaleza, termina el instrumento del indulto pudiendo favorecer por igual a quienes asaltaron el Palacio de Justicia y a quienes pusieron una bomba en el DAS.
El indulto podría otorgársele no a todos, sino a los que han tomado caracterización de terrorismo político. El problema más grave es la ausencia de una política integral de este gobierno frente al narcotráfico, que ha llevado a tomar posiciones de coyuntura y a hacer concesiones de coyuntura. Eso ha creado una verdadera desfiguración institucional y una crisis moral en el manejo del fenómeno. Cuando se propuso llevar la extradición al referendo y la creación del Tribunal Internacional para el juzgamiento de los delitos de narcotráfico, se hizo para buscar una salida universal al problema, para superar la violencia y consolidar el régimen democrático. Pero en lugar de un proceso público y democrático, se prefirió un proceso clandestino de aproximación y de documentos negociados bajo la presión inmediatista de acontecimientos que afectaban dolorosamente las cercanías del poder. Sin embargo, el camino ya recorrido por la acción de los ex presidentes y el gobierno, puede tener feliz culminación si, aprovechando ese nuevo trato del gobierno, los interesados cumplen sus ofertas y se concretan salidas definitivas a institucionales, que están previstas por la ley y que pueden ser perfectamente utilizadas si hay la efectiva voluntad de paz de los dos sectores en conflicto: el Estado y Los Extraditables .
El tratamiento menos riguroso de que habla el documento de Los Notables, si se cumplen las promesas de Los Extraditables, sería el levantamiento del estado de sitio para que desaparezca la extradición por vía administrativa y el posible indulto para quienes se consideren narcoguerrilleros y delincuentes políticos.
Debería haber una jurisdicción especializada para el narcotráfico que haga parte del gran propósito nacional de restaurar la credibilidad eficacia e imparcialidad de la justicia en Colombia. La extradición se convirtió en el gran pretexto para que no existiera en Colombia una verdadera justicia del Estado y para que el país se declarara incapaz de hacer cumplir la ley y administrar justicia, justificando con esto la entrega de nacionales colombianos para ser juzgados por otras leyes, con otras costumbres, en otros idiomas y sin las más mínimas garantías del derecho de defensa y de la protección de los derechos humanos, especialmente en los Estados Unidos.
La legalización tiene el problema de que aumenta el consumo. Entonces la batalla tiene que darse en tres frentes. En el internacional, contra el consumo. En el interno, para restaurar el imperio de una justicia independiente y pronta. Y una variación del modelo económico, porque el que tenemos lleva a que las actividades ilícitas son las rentables frente a las demás.

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