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| 6/13/2015 10:00:00 PM

Los capitanes de la reforma

Los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia, Yesid Reyes, estuvieron al frente del proyecto del equilibrio de poderes. SEMANA habló con ellos.

En la política

Semana: Usted se estrenó en el cargo con la más ambiciosa reforma al Estado en años. ¿Cómo le fue?


Juan Fernando Cristo:
Es verdad que el equilibrio de poderes es la reforma más completa tramitada desde la Constitución de 1991. Por eso, llegar a la conciliación, que esperamos culmine el martes en el Senado, nos hace sentir con la satisfacción del deber cumplido.

Semana: Lo debe tener feliz el fin de la reelección, pues usted fue uno de los opositores en el Senado cuando se presentó hace diez años.


J. F. C: No puedo negar que siento un fresco. Pero no solo por la reelección presidencial, sino por haber extendido esa prohibición a todos los altos funcionarios del Estado. Nos acostumbramos también a periodos de ocho años de procuradores, defensores del Pueblo y registradores. Creo que la reelección genera cuellos de botella en la democracia y una tentación, inherente al ser humano, de abusar del poder para prolongarse en el mismo.

Semana: ¿Cómo equilibra el poder esa prohibición?

J. F. C.: La reelección desajustó todo el sistema. Por ejemplo, el presidente terminaba postulando casi toda la Corte Constitucional y la Junta Directiva del Banco de la República. Siempre se habló de cambiar un “articulito”, pero se cambió muchísimo más. Esta reforma acabó con los hombres todopoderosos en este país. Eso significa que el poder Legislativo y Judicial ganó espacio frente al Ejecutivo.

Semana: La reforma que llegó al Congreso fue muy diferente a la que salió. ¿Qué se le quedó durante el trámite?

J. F. C.: Mi mayor frustración es que no fui capaz de convencer a los partidos de la necesidad de acabar con el peor veneno que se la ha introducido a esta democracia: el voto preferente. Hasta el sexto debate logramos mantener viva esa criatura, pero al final, cuando ya estaba con respiración artificial, nos tocó desconectarla. La combinación del voto preferente con la circunscripción nacional es la receta para el caos político electoral, para la corrupción, para el encarecimiento de las campañas, y en general para todos los males de la democracia.

Semana: Tampoco alcanzó a pasar la propuesta del llamado ‘Senado regional’.

J. F. C.: Y también fue una lástima. Hubiéramos querido darle mayor representación política a los Territorios Nacionales en el Senado. No tiene sentido que 32 departamentos no tengan allí vocería. Sobre todo cuando son las zonas más afectadas por el conflicto o departamentos como San Andrés.

Semana. ¿Durante el trámite del proyecto les tocó atajar muchos ‘micos’?

J.  F.  C.: El trámite de la reforma fue impecable y está totalmente blindada. Lo que pasa es que se ha redefinido el concepto de mico según la ‘academia política colombiana’. Antes era un tema que se metía a último momento buscando un efecto perverso. Ahora es un proyecto de artículo que no le gusta a quien denuncia el mico.

Semana: Durante el trámite de la reforma se habló mucho de la pelea que había entre usted y el ministro Reyes con Néstor Humberto Martínez, pero en el último debate lo vimos en una foto haciendo con él la ‘V’ de la Victoria. ¿Al final están o no peleando?


J. F. C.: Néstor Humberto fue un gran apoyo en todo el trámite. Fue tanto ministro del Interior como de Justicia en el pasado y por eso conocía el Congreso y la rama judicial. Tuvimos una diferencia muy cordial frente al tema del sistema de gobierno y administración de la rama judicial. Fue una diferencia conceptual y en ningún caso hubo peleas o disputas personales.

Semana: Usted es el primer ministro del Interior que tiene a un expresidente en el Congreso como jefe de la oposición. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

J. F. C.:
Me parece bueno para el sistema político colombiano que Uribe lidere una franja de opinión y que tenga una representación en el Congreso. A eso no hay que tenerle miedo. Obviamente, tener más de 20 senadores en una bancada tan disciplinada, que da ejemplo, no es fácil, pero es la realidad política de hoy. Aun así, el balance del Congreso es muy positivo. Contamos con mayorías y gobernabilidad para pasar proyectos clave como la reforma tributaria, el fuero penal militar y el Plan de Desarrollo. La Unidad Nacional está vivita y coleando.

En la Justicia

Semana: ¿Cómo quedó su relación con las altas cortes y el fiscal después de la reforma?

Yesid Reyes: Con las cortes siempre hubo conversaciones. Hace unas Semanas tuvimos una reunión con los presidentes, y el único que realmente mantuvo una posición extrema fue el de la Corte Suprema, Leonidas Bustos. Él argumentó que la reforma debía hundirse, que el Congreso no era el organismo para sacarla adelante y que lo que procedía era una Constituyente. Todos los demás reconocieron que la vía para reformar los artículos que tenían que ver con la Justicia era a través del Congreso. Aceptaron que la reforma tenía normas buenas y sobre otras hicieron algunas observaciones, de las cuales incorporamos varias.

Semana: ¿Pero entonces quedaron o no de pelea?

Y. R.: Mantengo con las cortes y con el fiscal las mismas buenas relaciones que tenía antes de la reforma.

Semana: Lo que no le gustó a la cúpula de la Justicia fue que el ‘equilibrio de poderes’ solo los reformara a ellos. ¿Comparte esa percepción?

Y. R.: Definitivamente para lograr el equilibrio de poderes tenían que modificarse temas que tocaran la rama judicial. Los cambios más sustanciales fueron el sistema de administración de Justicia, la eliminación de la Comisión de Acusaciones, y la supresión tanto de la llamada puerta giratoria como de ese mecanismo pernicioso que se conoce como el ‘yo te elijo, tú me eliges’.

Semana: Hablemos de cada una de esas reformas. Si había un acuerdo casi unánime para reformar la judicatura, ¿por qué hubo tanto debate y polémica?

Y. R.: El problema con el sistema de la administración de la rama es que demostró ser ineficiente. La principal razón es que la Judicatura se diseñó como una corte y no como un órgano gerencial. Sus integrantes tienen el título de magistrados, no de administradores. Como no cumplieron su misión con éxito, eso afectó todo el funcionamiento de la rama. Entonces había consenso en la necesidad de un cambio de fondo.

Semana: Y en lo que no había consenso era en cuál era el cambio necesario. ¿Cómo quedó al fin?


Y. R.:
Quedó en que vamos a tener un Consejo de Gobierno compuesto por nueve personas. Esto es muchísimo más amplio y democrático que lo que había antes. Van a estar los presidentes de las altas cortes, un representante de los empleados, uno de los tribunales y los jueces, tres expertos técnicos en administración y un gerente que va a administrar ahora la rama judicial.

Semana: El presidente Santos denunció que los magistrados de la Judicatura estaban ‘coqueteándoles’ a los congresistas. ¿Qué pasó con eso?


Y. R.: En el transcurso de la reforma hubo mucha información de lado y lado. Había muchos intereses encontrados y por eso se habló de que había miembros de la rama interesados en que la reforma no pasara. Finalmente la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, con el fiscal a la cabeza, pidió que se hundiera la reforma y que en vez de esto se hiciera una constituyente.

Semana: Pero esa insurrección fue más por la propuesta de crear un Tribunal de Aforados.

Y. R.: Ahí lo que pasa es que la Comisión de Acusaciones también demostró su falta de operatividad. Lo que hizo la reforma fue sustituirla por un órgano que es la Comisión de Aforados compuesto por abogados que tendrán la competencia de investigar y acusar. En cuanto al juicio, se acordó que la competencia seguirá siendo de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Semana: Esa Comisión de Aforados terminó con muchos más dientes de los que ustedes habían planteado en un inicio.

Y. R.: No es tan así. La solución que se encontró fue intermedia. Al comienzo había fórmulas mucho más radicales que querían que esa comisión investigara y juzgara. Nosotros siempre nos opusimos a eso.

Semana: ¿Y qué más le queda pendiente en el Congreso?

Y. R.: Un proyecto muy importante para racionalizar el uso de la detención preventiva. Hay una decisión de la Corte Constitucional que da plazo al Congreso hasta el 20 de julio para precisar la forma en que se deben contabilizar los términos de  esas detenciones. Si esta Semana no pasa ese proyecto, que está pendiente de su último debate y de conciliación, podría haber unas excarcelaciones masivas.
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