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| 7/4/2015 10:00:00 PM

El fantasma de ‘la Casa de Nari’

La imputación de cargos contra los exsecretarios jurídico y de prensa del gobierno de Uribe hace parte de la conspiración contra la Corte Suprema.

El martes de la semana pasada la Fiscalía General anunció la decisión de imputar cargos contra dos de los más cercanos colaboradores de la administración de la Presidencia de Álvaro Uribe. Se trata de Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, exsecretarios jurídico y de prensa de la Casa de Nariño, respectivamente.

Esa decisión estaba cantada desde hace dos meses cuando se conoció la condena contra otros dos de los exfuncionarios claves del anterior gobierno, María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia. A pesar de que la decisión era esperada no por eso dejó de causar indignación en las filas del uribismo que nuevamente calificó la determinación de la Fiscalía como una persecución por parte del ente acusador, liderado por el fiscal general, Eduardo Montealegre. Con Del Castillo y Velásquez ya son 14 los altos funcionarios de la administración Uribe con líos con la justicia.

La imputación contra los exfuncionarios se realizará el próximo 3 de agosto. A Del Castillo lo sindica la Fiscalía por los delitos de peculado por utilización de bienes públicos y violación ilícita de comunicaciones. Velásquez, por su parte, deberá responder por concierto para delinquir. Junto a ellos la Fiscalía también imputará cargos por esos delitos contra Diego Álvarez, el exabogado del extraditado jefe paramilitar alias don Berna, y Sergio González, otro abogado que ya está privado de la libertad por haber participado en un montaje contra Iván Velásquez , el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

¿Qué fue lo que hicieron?

El caso que hoy tiene enredados a Del Castillo y a Velásquez es un capítulo de la compleja historia conocida popularmente como las chuzadas del DAS, pero que en realidad va más allá de los hechos ya conocidos por la opinión pública realizados por el desaparecido organismo de inteligencia y que formaron parte de una compleja conspiración que tuvo como blanco principal la CSJ.

Los exsecretarios jurídico y de prensa deberán explicar, principalmente, el papel que jugaron durante uno de los episodios más escandalosos ocurridos durante la administración Uribe, y que en su momento hizo parte del abierto enfrentamiento entre el gobierno y la corte.

El caso en su momento fue conocido como ‘la Casa de Nari y Job’, y fue revelado en exclusiva por SEMANA en septiembre de 2008. Esta revista divulgó cómo don Berna junto a otros jefes paramilitares planearon y ejecutaron durante varios meses una macabra estrategia que buscaba enlodar al magistrado Velásquez, con el fin de tomar partido en la pelea entre gobierno y CSJ y de paso pretender a cambio evitar ser extraditados.

Para llevar a cabo su plan, Berna se puso de acuerdo y usó a su abogado, Diego Álvarez, y a uno de sus hombres de mayor confianza, un desmovilizado llamado Antonio López, alias Job. Durante meses el abogado Álvarez grabó subrepticiamente conversaciones de reuniones que sostuvo con el magistrado Velásquez. También, en diciembre de 2007, grabó a escondidas un video en su oficina con un polémico personaje llamado Henry Anaya quien en él simulaba ser cercano y actuar a nombre de la CSJ, e incluso pedía dinero a cambio de influir en una serie de decisiones, entre ellas la posibilidad de no extraditar a los jefes paras. Para realizar esas grabaciones el DAS le suministró al abogado Álvarez los equipos necesarios: grabadora y cámara de video.

Una vez el abogado y Job recopilaron ese arsenal de grabaciones clandestinas gestionaron una cita en la Casa de Nariño en abril de 2008. El objetivo era entregar esos audios y ese video para que la Presidencia los utilizara para atacar a Velásquez y la CSJ. Una serie de grabaciones reveladas por SEMANA en su momento, cuando destapó el escándalo, dejaron en evidencia y fueron la ‘prueba reina’ de cómo se gestionó esa polémica reunión en ‘la Casa de Nari’, como llamaba el desmovilizado Job a la Presidencia.

Álvarez y Job ingresaron a la sede presidencial por el sótano y se reunieron en la oficina del secretario jurídico. Allí estaban Del Castillo, Velásquez, el exembajador de Colombia en República Dominicana Juan José Chaux y la ex subdirectora de operaciones del DAS Martha Leal. Los enviados de Berna y los otros jefes paramilitares entregaron las conversaciones clandestinas a Del Castillo. El tema duró en secreto durante varios meses hasta cuando esta revista lo denunció en septiembre de 2008. Dos meses antes, Job fue asesinado en Medellín.

En su momento Uribe y Del Castillo explicaron que la reunión simplemente había sido para recibir una información que consideraban de importancia pues supuestamente se trataba de pruebas de comportamientos inadecuados por parte de Velásquez. Con el tiempo el escándalo se fue diluyendo. Sin embargo, el asunto revivió cuando SEMANA reveló el escándalo de las chuzadas del DAS en febrero de 2009, que desencadenó el arresto de altos funcionarios de esa entidad como Leal y los jefes de inteligencia y contrainteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos. Varios de ellos confesaron que habían participado en el complot contra la CSJ y afirmaron que parte de esa conspiración había sido ayudar al abogado Álvarez y a Job, por instrucciones de funcionarios de Presidencia entre ellos Del Castillo y Velásquez.

En 2010, la Procuraduría archivó en primera instancia la investigación por la reunión en ‘la Casa de Nari’ a Del Castillo y Velásquez. En 2012 ratificó esa decisión. Lo mismo, sin embargo, no ocurrió con la Fiscalía, que sí continuó con el caso aunque a paso lento. La razón fue que el expediente de los exsecretarios jurídico y de prensa, así como del polémico abogado Álvarez, duraron años en la Fiscalía como un tema anexo dentro del caso de las chuzadas del DAS. Una vez llegó Montealegre, el caso se reenfocó y tomó vida propia como una pieza clave dentro del complejo rompecabezas que terminó siendo la conspiración contra la CSJ.

El panorama es incierto para los dos altos exfuncionarios. En el caso de Del Castillo el cargo de peculado por utilización de bienes públicos tiene que ver con la supuesta autorización que él habría dado a funcionarios del DAS, para que le prestaran equipos de ese organismo de inteligencia al abogado de Berna para que realizara las grabaciones clandestinas. El segundo cargo en su contra, violación ilícita de comunicaciones, es menos claro pero estaría ligado con el hecho de grabar subrepticiamente al magistrado Velásquez.

En el caso del exsecretario de prensa la acusación no es menos grave pues se trata de concierto para delinquir. Según la Fiscalía, César Mauricio Velásquez habría incurrido en esa conducta penal al coordinar y participar en la reunión en ‘la Casa de Nari’, entre otras actividades.

Por ahora la Fiscalía ha decidido no dictar medida de aseguramiento contra ellos, con lo cual se podrán defender en libertad. No obstante, y más allá de esto, lo cierto es que con la compleja situación jurídica de estos dos exfuncionarios del gobierno anterior lo único claro es que cada vez se estrecha más el círculo alrededor del expresidente Uribe.
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