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R E C U A D R O

Los casetes de TermoRío

Grabaciones de conversaciones telefónicas revelan el cinismo con el que dos de los protagonistas del sonado escándalo manejaban delicados asuntos públicos.

26 de marzo de 2001

Estamos a punto de despertar de un sueño", le dijo entre risas el abogado Marino Zuluaga a la entonces funcionaria de la Superintendencia de Servicios Públicos Marlén Valderrama en una conversación telefónica, que quedó grabada en unas cintas a las que tuvo acceso SEMANA. Por el contexto de la conversación, que se dio en el primer semestre de 2000, se deduce que Zuluaga se refería a que su bien montada estrategia para ganar mucho dinero en los procesos de liquidación de las electrificadoras de la Costa Atlántica comenzaba a desbaratarse porque las autoridades ya estaban al acecho de sus andanzas. Zuluaga fue el defensor de la Electrificadora del Atlántico (en liquidación) en el caso por el que un tribunal de arbitramento internacional condenó a esta entidad estatal a pagar 61 millones de dólares a la empresa TermoRío S.A. Según el fallo, el contrato que había firmado la electrificadora en junio de 1997 para comprar energía de TermoRío era válido y, como nunca fue ejecutado, el Estado tiene que pagar los daños y el lucro cesante a la empresa contratista. Detrás del caso TermoRío —como lo denunció en primicia SEMANA— hay un carrusel de irregularidades que comenzaron antes de que se firmara el contrato y se han extendido hasta hoy y han llevado a las autoridades a investigar, suspender y proferir órdenes de captura contra muchos de sus protagonistas. El escándalo parece no tener fin, ni en la cantidad de involucrados ni en su grado de descaro y de cinismo. En las grabaciones de conversaciones entre Zuluaga y su amiga Valderrama se revela la forma escandalosa y descarnada cómo éstos personajes planeaban sus fechorías. En dos conversaciones telefónicas, al parecer de 1999, se revela cómo Zuluaga y Valderrama conspiraron para alterar resultados de procesos judiciales y el abogado reconoce su pobre defensa de los intereses del Estado ante el tribunal de arbitramento en el caso de TermoRío (ver recuadro). En otra charla posterior, de comienzos de 2000, ya se muestran conscientes de que pueden estar siendo grabados, pero con todo y eso revelan su descarada actitud (ver recuadro). El testigo Varios testimonios destapan otra faceta del escándalo y ponen el dedo acusador sobre el superintendente de Servicios Públicos, Enrique Ramírez, que había contratado a su amigo de muchos años y compañero universitario Marino Zuluaga como asesor y a Valderrama como su subalterna para coordinar el área de las empresas en liquidación. El Súper renunció el pasado 5 de febrero por las revelaciones de la prensa en este caso. Esos testimonios lo pintan como un hombre despilfarrador que paga costosas cenas y fiestas casi siempre en efectivo. Pero las más graves denuncias contra él surgieron en las investigaciones de las autoridades que han indagado sobre este caso a empleados y ex empleados, proveedores y contratistas de las electrificadoras de la Costa Atlántica. Así, por ejemplo, Eduardo Cortés, quien dijo que tenía un contrato de cobro de cartera con la Electrificadora de La Guajira y cobraría por su trabajo un 15 por ciento sobre el valor recaudado (y no un 30 por ciento ‘repartible’ como se había acordado en las otras electrificadoras), aseguró que en varias ocasiones funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos lo presionaron para que renunciara a su contrato y el mismo superintendente Ramírez le ofreció dinero intentando comprarlo (ver recuadro con versión de su testimonio). Por último, SEMANA encontró entre los listados de los gastos incurridos que presentó el abogado de TermoRío S.A. ante el tribunal de arbitramento, para respaldar su petición de indemnización por daños, un pago a Villamizar & Associates del 29 de abril de 1998 por 10.000 dólares por servicios de contabilidad. Villamizar & Associates es una firma consultora con sede en la calle Brickell Key Drive de la ciudad de Miami, cuyo presidente es Rodrigo Villamizar, según los registros del secretario de Estado de la Florida. No identifican los registros el segundo apellido de Villamizar y SEMANA no pudo ubicar al ex ministro de Minas para confirmarlo. Pero si se trata de quien era Ministro cuando se adjudicó TermoRío o de un pariente suyo, sería éticamente cuestionable que ocho meses después de que cayera por el escándalo del ‘miti-miti’, TermoRío le estuviera pagando servicios. Ultimas noticias Desde que se conoció el fallo del tribunal de arbitramento que ordenó a la Electrificadora a pagar los 61 millones de dólares —una cifra sin antecedentes en la historia reciente de Colombia— el escándalo de TermoRío ha seguido produciendo una avalancha de noticias diarias. La Fiscalía dictó el 3 de febrero órdenes de captura contra Marino Zuluaga y Marlén Valderrama para que respondan por los delitos de peculado y celebración indebida de contrato. Los dos están prófugos. Esta institución también anunció que va a investigar el fallo del tribunal de arbitramento para determinar si se incurrió en alguna irregularidad. La Contraloría, entidad que inició la investigación de este caso desde 1999, suspendió a Valderrama y a varios gerentes liquidadores de las electrificadoras de sus cargos y está además investigando al ex superintendente Ramírez. De otra parte, el Consejo de Estado ordenó al Tribunal Administrativo del Atlántico decidir si anula o no el polémico contrato de TermoRío. En otro caso paralelo el Tribunal Superior de Barranquilla estudia un recurso de anulación del laudo del tribunal de arbitramento presentado por el mismo Zuluaga. En suma, todavía faltan por destapar muchas cartas en este escándalo, en el cual el manejo de la Electrificadora del Atlántico y su contrato con TermoRío es apenas una de ellas. Las autoridades le están siguiendo la pista a un engranaje mayor de favores cruzados que involucra a las electrificadoras de la Costa Atlántica y a varios políticos conservadores y liberales.