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| 5/15/2014 12:00:00 AM

Cae otro testaferro de los Castaño

La Policía capturó a Antonio González, quien ayudó a Sor Teresa Gómez en el despojo de miles de campesinos.

El nombre de Antonio Adonis González, alias ‘Toño’, no le dice mucho a la mayoría de los cordobeses. En la actualidad se desempeñaba como mesero en el restaurante de un reconocido club de Montería, pasaba desapercibido y no causaba sospechas sobre su tenebroso pasado.

Mientras González ganaba algo cercano al salario mínimo, estaba inscrito en letras de molde en los registros de la Fiscalía y la Policía que lo buscaban por ser uno de los presuntos testaferros de los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño y de su media hermana de crianza, la temida Sor Teresa Gómez

¿Cómo lo hacía? A través de la no muy bien recordada Fundación para la paz (Funpazcor) que sirvió como fachada para desarrollar un plan criminal bajo el amparo del ficticio programa de reforma agraria, vivienda y educación para los campesinos. No era más que la firma que servía para el despojo de tierras a los campesinos.

Este hombre, al parecer y según los investigadores, sería uno de los responsables de los desplazamientos y despojos ocurridos entre los años 1991 y el 2006 en los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba, especialmente en los corregimientos de Villanueva, Las Tangas, La Roma y la vereda Jaraquiel.

Según los registros, González ejecutó su plan con soportes y actos notariales ficticios como escrituras públicas y registros ante la oficina de Instrumentos Públicos. Los investigadores de la Policía que durante meses le siguieron la pista hallaron que al testaferro le figuran más de 41 bienes en propiedad, avaluados en 2.240 millones de pesos. Esos bienes aún se conservan como producto de las acciones de desalojo forzado de los poseedores de esas tierras.   

González sabía que las autoridades lo seguían por eso, cambiaba constantemente de residencia con el fin de no levantar sospechas. Ahora, el capturado tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada, fraude procesal, desplazamiento forzado y falsedad en documento público, delitos que, de ser demostrados ante un juez, lo dejarían muchos años tras las rejas.
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